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el departamento de Sucre sigue aislada en dos de sus regiones más estratégicas. La Mojana y el Golfo de Morrosquillo Se encuentran bloqueados debido a protestas ciudadanas que
el departamento de Sucre sigue aislada en dos de sus regiones más estratégicas. La Mojana y el Golfo de Morrosquillo Se encuentran bloqueados debido a protestas ciudadanas que exigen transparencia en la ejecución de los recursos viales y freno a la instalación de un nuevo peaje.
Por un lado, las comunidades de La Mojana denuncian la Presunto perjuicio de 138 mil millones de pesos destinados a infraestructura vial.
Por otro lado, El sector turístico y comercial del Golfo lucha contra la devolución del peaje de La Caimanera, lo que consideran un golpe letal a la economía de la zona.
El primer foco de tensión se ubica en la vía que conecta el sector El Cauchal con el municipio de Sucre (Sucre).
Este bloqueo afecta gravemente la movilidad en la subregión y perjudica la conexión de los municipios de San Jorge con Sincelejo, la capital departamental.
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Bloqueos en Sucre Foto:archivo privado
El origen del conflicto está en una contrato por 138 mil millones de pesos, recursos que Inicialmente estaban destinados a la construcción de 52 kilómetros de vías de pavimento rígido.
Sin embargo, según dirigentes de la región, el Instituto Nacional de Vialidad (Invías) habría reducido el alcance de la obra a sólo 10,7 kilómetros.
Esta modificación ha hecho saltar las alarmas entre los vecinos, que alertan de una posible malversación de fondos.
Según sus cálculos, si el presupuesto original se mantiene para una distancia tan pequeña, estaría pagando cerca de 13,8 mil millones de pesos por metro cuadradouna cifra que los manifestantes describen irónicamente como una de las más caras del mundo.
“Dividir 138 mil millones de pesos entre 10 kilómetros: Es decir, ¿el metro cuadrado son 13,8 mil millones de pesos?” dice uno de los manifestantes.
El requisito es claro:que se construyan los kilómetros originalmente prometidos. Para levantar el bloqueo, la comunidad solicita la presencia inmediata de delegados de la Presidencia de la República, directivos del Invías y representantes de las firmas contratistas.
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Bloqueos en Sucre Foto:archivo privado
De no llegar a un acuerdo, los dirigentes advierten de una escalada en la protesta que incluiría la toma de la Troncal Occidental -a la altura del puente San Jorge, vía vital que conecta Antioquia con Córdoba y Sucre- y plantones frente a la Gobernación de Sucre en Sincelejo.
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Simultáneamente, se produce un cierre total indefinido en el corredor turístico más importante del departamento: la vía que conecta los municipios de Tolú y Coveñas. Este eje vial es fundamental no sólo para el turismo, sino para el tránsito hacia Bolívar, Atlántico y Córdoba.
La indignación estalló tras la confirmación de la instalación, nuevamente, del peaje de La Caimanera. Empresarios hoteleros, comerciantes y residentes consideran esta medida como un acto arbitrario e ilegal.
Los bloqueos se han distribuido en puntos estratégicos para paralizar el tráfico:
– Puente de La Caimanera (primera cala, casco urbano de Coveñas).
– Vía Sincelejo – El Delirio – Puerto Escondido (entrada de Tolú a Coveñas).
– La nueva variante que conecta la salida de Coveñas con San Antero (Córdoba).
– Sector Palo Blanco.
Henry Valencia, empresario hotelero y líder social de la región, argumenta la inviabilidad jurídica del cargo: «En 2023, un abogado de Cali exigió la instalación de ese peaje y la Corte Constitucional lo declaró inexequible; lo declaró nulo. Es decir, el peaje no se puede reubicar porque fue declarado ilegal».
El gremio turístico advierte que la reactivación del peaje sería catastrófica. Valencia recordó que, entre 2016 y 2020, periodo en el que funcionó el primer peaje, se cerraron 801 establecimientos comerciales según datos de la Cámara de Comercio.
“Esto redujo considerablemente el turismo en Tolú, desencadenando inseguridad por la falta de trabajo y la quiebra de empresarios”, dijo el dirigente gremial.
La preocupación aumenta cuando se conocen los términos de la nueva concesión, que se extendería por 36 años con una tasa estimada de 18.100 pesos. «Sin una tarifa diferencial, como existe en otros peajes, terminaríamos pagando cerca de 60 mil pesos por viajes cortos. Preferiríamos sufrir ahora cinco o diez días de bloqueo y falta de ingresos, que soportar 36 años de cobro ilegal», afirmó Valencia.
Hasta el momento se mantiene el cierre total indefinido. Las comunidades esperan que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Ministerio de Transporte reviertan la medida para evitar un colapso económico en una zona que vive del turismo.
Documental de la periodista Jineth Bedoya. Foto:
Francisco Javier Barrios
Especial para EL TIEMPO
Sincelejo
