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El Tribunal Administrativo de Antioquia anunció el 2 de febrero la apertura de un incidente de desacato contra altos funcionarios del Gobierno Nacional y agentes intervinientes de diversas
El Tribunal Administrativo de Antioquia anunció el 2 de febrero la apertura de un incidente de desacato contra altos funcionarios del Gobierno Nacional y agentes intervinientes de diversas EPS.
La decisión, emitida por el juez Jaiver Camargo Arteaga, surge del supuesto incumplimiento de una medida cautelar que ordenó el pago de deudas acumuladas con la red hospitalaria de Medellín.
El origen de este conflicto jurídico se remonta a la Acción Popular interpuesta por el Distrito de Medellín, encabezada por el alcalde Federico Gutiérrez. La demanda buscaba proteger derechos e intereses colectivos ante la asfixia financiera de clínicas y hospitales, tanto públicos como privados.
Hospital General de Medellín tras el ataque. Foto:EL TIEMPO.
Sólo en el caso de Hospital General de Medellín, deudas superan los 200.000 millones de pesos, una cifra que pone en riesgo la prestación de servicios de salud de miles de ciudadanos.
El auto emitido por la Sala de Decisión Unitaria aclara que, antes de formalizar la apertura del incidente de desacato, es imperativo garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de los involucrados. Por este motivo, la Firma ha requerido a las entidades involucradas para que, en el plazo de dos días, entreguen los correos electrónicos personales institucionales de los funcionarios responsables.
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Una vez notificados, estos servidores públicos serán bajo el escrutinio directo de la justicia por no haber ejecutado los pagos ordenados en la medida cautelar.
Ministro de Salud del HUS Foto:tomado del video de las redes
La lista de los requeridos por la Corte incluye a las figuras más relevantes del sector salud y financiero del país, así como a los interventores designados por el Gobierno para administrar las EPS más grandes del territorio nacional:
Deudas con entidades de salud en Antioquia Foto:Gobernación de Antioquia
De comprobarse que los funcionarios han ignorado la orden judicial de pago de deudas hospitalarias, enfrentarán las sanciones previstas en el artículo 41 de la Ley 472 de 1998. Según el marco jurídico de las acciones populares, quien incumpla una orden judicial podrá incurrir en:
Cualquier sanción impuesta deberá ser consultada con el superior jerárquico, quien tendrá tres días para decidir si la revoca o la mantiene.
