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Las autoridades de los pueblos indígenas Kankuamo han enfatizado la falta de garantías para el regreso seguro de las familias desplazadas de esta comunidad y la protección de
Las autoridades de los pueblos indígenas Kankuamo han enfatizado la falta de garantías para el regreso seguro de las familias desplazadas de esta comunidad y la protección de sus territorios ancestrales, en el Departamento de Cesar. Esta situación urgente les lleva a requerir a las autoridades competentes, así como una atención humanitaria inmediata, y un absoluto respeto hacia sus derechos fundamentales.
Actualmente, se encuentran 40 familias desplazadas entre la comunidad de Minakemena (Los Laureles), Jurisdicción de Valledupar y aquellos que se han refugiado en la casa indígena de Valledupar. Esta crisis no solo afecta a estas familias, sino que también afecta gravemente a 70 niños de la comunidad. La situación se ve agravada por el sobrevaloramiento de recursos, lo que impide que estas familias tengan acceso a alimentos. “Solicitamos que se permita la movilidad gratuita,” explicó Jaime Arias, gobernador de cabildo del refugio Kankuamo.
El desplazamiento se originó el 28 de abril, tras una confrontación violenta entre varios miembros de las comunidades indígenas Kankuamos y Arhuacos debido a una disputa territorial en la propiedad de Montesión, un terreno de 24 hectáreas, ubicado cerca de la jurisdicción de Sabana Crespo, Valledupar.
Según el gobernador Kankuamo, estas tierras fueron adquiridas por la comunidad a un costo cercano a 300 millones de pesos. “Este terreno fue comprado a un individuo utilizando recursos de la comunidad de Kankuamo hace dos años. Había alrededor de 50 familias de nuestra comunidad viviendo ahí. Ancestralmente hemos compartido este territorio como hermanos. Es esencial que se respeten los derechos y la dignidad de todos los pueblos. Un conflicto territorial no debería llevar a estas situaciones,” añadió el líder comunitario.
Durante esta confrontación, los indígenas Arhuacos incendiaron varias casas y propiedades de la comunidad Kankuama en la zona de Montesión. Este violento altercado resultó en 20 personas heridas y 12 más retenidas, incluidos menores de edad.
«Cerca de 17 casas fueron destruidas junto con todas sus pertenencias. El 4 de mayo, la comunidad de Minakemena denunció una nueva incursión violenta por parte de un grupo del pueblo Arhuaco, que ha impuesto restricciones que limitan el ejercicio pleno del derecho a la libre circulación,” explicó Arias.
La emergencia surgió debido a una disputa territorial. Foto:Kankuamos
A raíz de esta crisis, las autoridades indígenas de Kankuamos han declarado un estado de emergencia humanitaria para proteger sus territorios sagrados y asegurar que no sean vulnerados por intereses externos. En respuesta a esta situación alarmante, se ha hecho un llamado a los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada (Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo) para fortalecer la unidad espiritual y cultural y buscar soluciones pacíficas que respeten la ley de origen. Este llamado tiene como objetivo detener la destrucción de espacios ancestrales, que representan la esencia y la memoria viva de sus comunidades.
“Estamos profundamente preocupados por los ataques que han sufrido nuestros territorios; no solo afectan físicamente a nuestros espacios sagrados, sino que también representan una agresión contra nuestra identidad y nuestras creencias. Se nos ha visto obligados a declarar esta fusión humanitaria, y necesitamos que el estado reconozca la gravedad de los hechos y declare la emergencia humanitaria,” manifestó el gobernador de Kankuamo.
Ante este preocupante panorama, las autoridades indígenas de Kankuamo insisten en que se requiere la presencia inmediata de la Secretaría del Gobierno Municipal y la fuerza pública en Montesión y Minakemena para garantizar condiciones mínimas de seguridad y prevenir nuevas confrontaciones entre los habitantes.
“Estamos solicitando urgentemente acciones para el retorno integral de las familias y el restablecimiento del funcionamiento de una institución educativa donde 70 niños no tienen acceso a la educación a causa del desplazamiento que han experimentado sus familias. En la actualidad, estamos llevando a cabo reuniones con las autoridades pertinentes para asegurar que se brinden las medidas de seguridad necesarias para acompañar el plan de devolución,” concluyó Arias.
Este medio buscó obtener una opinión por parte del gobernador Arhuaco, Zarwawiko Torres Torres, pero no obtuvo respuesta.
Los testigos de la defensa del ex presidente continúan. Foto:
