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Un proceso fiscal por contrataciones irregulares durante la alcaldía de Daniel Quintero, entre 2020 y 2023, vuelve a ser noticia en Medellín. En este caso, Los imputados son
Un proceso fiscal por contrataciones irregulares durante la alcaldía de Daniel Quintero, entre 2020 y 2023, vuelve a ser noticia en Medellín.
En este caso, Los imputados son los exfuncionarios de Ruta N Héctor Iván Rendón Vélez y Luisa Fernanda Rendón Gallo, ambos hermanos.
Rendón Vélez fue imputado por el delito de violación del régimen de incapacidades e incompatibilidades, mientras que Rendón Gallo deberá responder por el delito de falsificación de documento privado. Las dos personas se declararon inocentes de los cargos formulados por la Fiscalía.
Ruta N Foto:Archivo privado
Según lo dicho en la investigación, Luisa Fernanda Rendón Gallo estuvo contratada en Ruta N entre 2021 y 2023, fecha en la que su hermano formó parte del equipo de gestión de cartera. de esta entidad descentralizada del Conglomerado Público de Medellín.
La Fiscalía aseveró que fue el hermano de la mujer quien presentó ante la comisión de contratación la justificación de la necesidad de contratar a Luisa Fernanda sin informar la relación entre ambos.
Asimismo, se difundió un documento firmado por la mujer en el que manifestó que no estaba sujeta a ninguna inhabilidad o incompatibilidad para contratar con Ruta N.
Ruta N Foto:Alcaldía de Medellín
En un comunicado, la corporación aclaró que no forma parte de los hechos investigados como presunto responsable, sino como una entidad víctima que se ve afectada por las acciones cuestionadas del imputado.
“Por tal motivo, Ruta N solicitó ser reconocida como víctima dentro del proceso penal, toda vez que las acciones en cuestión afectaron directamente principios como: transparencia, moralidad y afectan directamente los intereses, la reputación y los recursos públicos que administra la Corporación”, dice la carta.
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Finalmente, la actual dirección de Ruta N indicó que existe una política de tolerancia cero ante actos de corrupción, contrarios a la Ley o a la ética pública.
Asimismo, reafirmaron que seguirán colaborando con las autoridades judiciales en todo lo necesario para esclarecer los hechos, defender los recursos públicos y preservar el buen nombre de la corporación.
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