El gobierno nacional está planteando 12 cuestiones que serán sometidas a la consideración de los colombianos a través de una consulta popular. En este contexto, se revivirá el proyecto de reforma laboral, el cual ha sido un tema de controversia en el Congreso por segunda ocasión, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de los empleados. Sin embargo, diferentes analistas y gremios económicos coinciden en señalar que los problemas existentes se mantienen, ya que no hay un incentivo real para fomentar la creación de empleo ni para reducir la informalidad. De hecho, advierten que el costo laboral podría aumentar de tal manera que afecte gravemente a las pequeñas empresas.

En esencia, los problemas que aborda la consulta popular son liderados por el Ministro del Interior, Antonio Sanguino, quien ha solicitado un cambio significativo en el mercado laboral. Esta propuesta no ha sido bien recibida por los empresarios. Se ha planteado la intención de resucitar los artículos del proyecto que fueron desechados en la Séptima Comisión del Congreso. Según Jaime Alberto Cabal, presidente del Gremio del comerciante, ninguno de estos artículos aborda la grave problemática del desempleo en el país, que actualmente afecta a casi 3 millones de personas.

Los empresarios argumentan que cualquier reforma debería centrarse en la creación de empleo formal y en la reducción de la informalidad, que afecta actualmente al 57% del mercado laboral. Es esencial no solo mejorar las condiciones de aquellos que ya tienen un empleo formal, sino también crear las condiciones necesarias para generar más empleo.

Uno de los puntos más controvertidos de la consulta popular incluye el planteamiento de salarios y jornadas que podrían incluir complementos nocturnos y semanales. Se propone que si la jornada laboral es de 6:00 AM a 6:00 PM, se pagaría un recargo del 100% por trabajo realizado los domingos o días festivos.

Cabe destacar que en medio de las discusiones en el Congreso se contempló el cambio en la jornada que pasaría de 9 AM a 6 PM, lo que tendría un impacto significativo si se implementa, ya que ello conllevaría un ajuste en los recargos actuales, elevando del 75% al 100% el suplemento para quienes trabajen en horarios que superen la jornada laboral estándar.

Los analistas advierten que estos cambios incrementarían de manera considerable los costos laborales de las empresas, complicando la situación en sectores que operan las 24 horas, como la seguridad privada, el comercio, el turismo, la manufactura y la agricultura. Estas industrias son particularmente vulnerables a la implementación de estas reformas.

Caballero hizo hincapié en que las reformas en el Congreso han negligido a los 3 millones de desempleados y a los 14 millones de trabajadores informales, quienes no están recibiendo el apoyo necesario. Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), aseguró que el asesoramiento no contempla las necesidades de estos colombianos.

Por otro lado, Luis Fernando Mejía, director del centro de investigación de Fedsarrollo, ha señalado que el incremento mensual en la nómina para las microempresas podría ser del 10%. Esto generaría un impacto notable, considerando que estas pequeñas empresas suelen tener márgenes de ganancia bastante ajustados, entre el 2% y el 3%.

Esto podría dar lugar a consecuencias negativas para la generación de empleo formal. Se proyecta que la implementación de estas reformas podría llevar a la pérdida de aproximadamente 451,000 empleos en el país. «El impacto directo se sentiría en el empleo», afirmó Mejía, resaltando la severidad de la situación si se implementan los cambios propuestos.

Desde la perspectiva de la Asociación Colombiana de Micro, Pequeñas y Medias Empresas (ACOPI), su presidente ha expresado su profunda preocupación ante las medidas propuestas, que aunque son socialmente legítimas, carecen de un análisis técnico que evalúe las necesidades del tejido empresarial dentro del país.

«El cuestionario planteado combina problemas laborales sensibles con requisitos históricos, envueltos en una narrativa seductora, pero carece de una propuesta estructural y de rutas sostenibles. Reiteramos que se necesita reformas, sí, pero elaboradas con la participación de todos los actores, no impuestas por la emoción política o la urgencia electoral«, recordó.

Además, en la consulta se plantea la necesidad de que los jóvenes aprendices y otros grupos vulnerables tengan un contrato de trabajo formal. Este asunto ha sido muy debatido en el Congreso; mientras que el gobierno asegura que proporcionaría seguridad legal a estas personas, algunos expertos advierten que esto podría resultar contraproducente.

Desde el punto de vista empresarial, transformar un acuerdo de aprendizaje conlleva costos «importantes» que podrían desalentar a las empresas a contratar jóvenes sin experiencia, además de dificultar el acceso a su primer empleo. Un análisis reveló que, en los casos en que se imponga la obligación a las empresas de contratar jóvenes aprendices, el costo mensual podría saltar de 870,000 pesos a 1,774,800 pesos, lo cual incluye beneficios legales y sin tarifas adicionales.

Adicionalmente, la propuesta también incluye que las personas puedan recibir los permisos necesarios para cumplir con tratamientos médicos y citas relacionadas con la menstruación. Esta cuestión ya ha sido tema de intensos debates en el Congreso, buscando garantizar que las mujeres tengan acceso a atención médica durante períodos críticos.

Para María Claudia, presidenta de las cámaras de Columbus (Amcham Colombia), los problemas planteados en la consulta popular implican riesgos serios para la sostenibilidad institucional, democrática y fiscal del país. «Las propuestas generan inestabilidad en las empresas, incrementan costos y pueden resultar en la pérdida de empleo para muchos colombianos», advirtió. Esto es particularmente preocupante dado que el alto costo asociado con esta consulta no responde a la actual situación fiscal.

Por último, más allá de las preocupaciones laborales, se ha señalado que muchos de los problemas presentados en el cuestionario son complejos y difícilmente revisables sin un análisis exhaustivo que contemple un diagnóstico real del mercado laboral. Existen serias preocupaciones sobre los impactos fiscales que podrían surgir, como un fondo especial para reconocer pensiones de campesinos, en una situación ya complicada. Además, algunas medidas propuestas son contradictorias, ya que al tiempo que se imponen carga adicionales a las empresas, también se plantean tarifas preferenciales.

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