9621 Agnes Crossing, Lake Suzanneview, New Mexico Island 84604-9295.
La sede administrativa de La Alpujarra, corazón del poder político en Antioquia y Medellín, permanece este lunes 16 de marzo bajo una tensa parálisis. La llegada de una
La sede administrativa de La Alpujarra, corazón del poder político en Antioquia y Medellín, permanece este lunes 16 de marzo bajo una tensa parálisis.
La llegada de una minga indígena, integrada por entre 500 y 800 personas de varias subregiones y departamentos vecinosha provocado un cierre total de acceso a la Gobernación de Antioquia y a la Alcaldía de Medellín.
Ante esta situación, el gobernador Andrés Julián Rendón y el alcalde Federico Gutiérrez han reaccionado con dureza, cuestionando no sólo esta ruta de facto, sino otras conductas como lo que consideran una “instrumentalización” de los menores y un montaje con fines políticos que trasciende las demandas sociales.
Minga indígena en Medellín Foto:Cortesía
El gobernador Rendón calificó la situación como “inaudita”, centrando sus críticas en un conflicto administrativo interno entre las comunidades. Según el presidente, el bloqueo está motivado por el interés personal de una autoridad indígena identificada como «Donado», que representa a grupos de Mutatá, San Pedro de Urabá y San Juan de Urabá.
Rendón sostiene que El conflicto radica en la obsesión de esta autoridad por nombrar 20 docentes de su elección, ignorando a los docentes que ya habían sido designados por la autoridad anterior. de acuerdo con la administración departamental.
«Lo crítico y triste es que, al querer nombrar 20 maestros, están manteniendo a los niños fuera de la escuela e impidiéndoles recibir el programa de alimentación escolar», dijo el gobernador, quien enfatizó que su administración ha cumplido «fiablemente» sus compromisos, destacando la construcción de cerca de 100 instituciones educativas indígenas y la entrega de ayuda humanitaria durante la reciente emergencia invernal.
Gobernador Andrés Julián Rendón Foto:Gobernación de Antioquia.
Para el presidente, el uso de mujeres y niños en armas en las protestas es un claro ejemplo de presión indebida para obtener beneficios burocráticos y económicos, incluso mencionar una demanda de 130 millones de pesos para cubrir los costos de transporte de la movilización.
Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó preocupación por la presencia de al menos 180 menores en medio de los bloqueos.
Gutiérrez también cuestionó la legitimidad de las rutas de facto, señalando que, si bien la protesta social es un derecho regulado, no puede violar los derechos de miles de ciudadanos que hoy no pudieron realizar trámites esenciales, como la expedición de pasaportes o trámites en las boleterías de la alcaldía.
«El bloqueo del ingreso de funcionarios y ciudadanos no puede ser un tema eterno», advirtió el alcalde, quien instruyó a sus empleados a adoptar la modalidad de teletrabajo mientras se evalúan medidas para restablecer el orden.
El alcalde Federico Gutiérrez acusa a la minga indígena que protesta en la Alpujarra de acatar órdenes. Foto:Jaiver Nieto Álvarez. EL TIEMPO. @jaiverpress
Uno de los puntos más polémicos de la jornada fue la denuncia sobre la procedencia de algunos manifestantes.
Ambos dirigentes coincidieron en que se han identificado personas originarias de Tierralta, Córdoba, que no tienen relación con la problemática del departamento de Antioquia.
Gutiérrez fue más allá al sugerir un trasfondo político coordinado: “Se le ven las orejas al burro. Justo cuando comienzan los ataques contra Antioquia por parte de un sector político específico, planifican este tema con la minga, como lo han hecho en otras ciudades.El alcalde cuestionó el financiamiento de la logística, señalando que el traslado en 16 buses, con un costo estimado de 12 millones de pesos cada uno, además de alimentos para 500 personas, sugiere un apoyo económico que no es “gratuito”.
LEER TAMBIÉN
La situación en La Alpujarra sigue estancada mientras las mesas de diálogo intentan avanzar. Sin embargo, la posición de las autoridades regionales es firme: no ceder a lo que consideran un chantaje administrativo que utiliza como escudo a la población vulnerable.
El gobernador Rendón concluyó lamentando la falta de gobernanza interna de las organizaciones indígenas, asegurando que las disputas por el control y legitimidad de sus líderes no deben “arrinconar” a los antioqueños ni impedir el libre ejercicio de sus derechos.
