La reducción de la jornada laboral fue uno de los compromisos más visibles del Gobierno para esta legislatura. Su objetivo era reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales sin pérdida de salario. La propuesta fue tramitada, pero acabó encallando en el Congreso por falta de apoyo.

Ante este bloqueo, el Ejecutivo ha optado por avanzar allí donde no necesita negociar con terceros ni con el Parlamento. Es decir, sobre el único ámbito de trabajo en el que tienen capacidad de decisión directa: los funcionarios de la Administración General del Estado que no dependen de comunidades autónomas ni ayuntamientos.

El fracaso parlamentario de la jornada de 37,5 horas. La reducción general de jornada obligó a modificar el Estatuto de los Trabajadores y, por tanto, superar una votación clave en el Congreso. Ese apoyo no llegó, lo que dejó la medida sin camino legislativo en el corto plazo.

En este escenario, el Ministerio de Trabajo mantiene formalmente su compromiso de reducción de jornada, pero no puede aplicarlo a todo el mercado laboral. Esta limitación explica el giro hacia el empleo público estatal, donde el Ejecutivo actúa como empleador directo y puede acordar las condiciones laborales de los funcionarios de la Administración estatal, sin contar con el apoyo del resto de fuerzas de la cámara.

La jornada de 35 horas y el refuerzo del teletrabajo. En este contexto, el núcleo de acuerdo alcanzado entre el Ministerio de la Función Pública y los sindicatos implica implementar una semana laboral de 35 horas semanales para los empleados de la Administración General del Estado. La previsión del Gobierno es aprobarlo a principios de 2026 y que empiece a aplicarse a partir de febrero, una vez finalizados los ajustes organizativos en cada departamento.

Junto a la reducción de jornada, el pacto refuerza la apuesta de la Administración por el teletrabajo. No se trata de introducirlo desde cero, sino de consolidar y organizar una modalidad que ya existe, dotándola de una normativa más estable. El objetivo es aclarar condiciones, garantizar medios técnicos y evitar que el trabajo remoto dependa únicamente de decisiones internas de cada unidad administrativa.

Ambas medidas afectan exclusivamente al personal dependiente del Estado. Excluidos aquellos funcionarios públicos dependientes de las comunidades autónomas, ayuntamientos y organismos con regímenes específicos, que mantengan su propia capacidad negociadora.

Un matiz importante: los funcionarios ya trabajaban menos. El punto de partida para implementar este modelo de reducción de jornada no es el mismo que en el sector privado. Los funcionarios de la Administración General del Estado ya tenían establecida desde hacía años una jornada laboral de 37,5 horas semanales, inferior a la jornada ordinaria legal de 40 horas.

De hecho, en administraciones públicas dependientes de comunidades como Andalucía, Extremadura, País Vasco, Canarias, Asturias y Castilla-La Mancha y Castilla y León, ya aplicado esta jornada de 35 horas desde 2019, aunque algunas administraciones los suspendieron temporalmente.

Ello convierte la medida anunciada ahora en una continuación de la que ya se aplica en otras Administraciones, equiparando así a los funcionarios estatales con los autonómicos.

La otra pata del acuerdo: la subida salarial pendiente. Él acuerdo alcanzado entre el Ministerio de la Función Pública y los sindicatos mayoritarios no se limita a la jornada laboral. También desbloquea la aplicación del incremento salarial del 2,5% correspondiente a 2025, que estaba pendiente de pago, y del 1,5% para 2026.

Este punto es clave para entender el equilibrio del acuerdo ya que la reducción de jornada no sólo implicará una reducción salarial, sino que va acompañada de un refuerzo del poder adquisitivo de los funcionarios, tras sucesivas heladas salariales y un contexto de inflación.

Movimiento limitado. Dado que estos cambios sólo afectan a los funcionarios dependientes de la Administración del Estado, el alcance real de la medida es limitado en términos cuantitativos, ya que afecta a aproximadamente 250.000 funcionarios públicos.

Sin embargo, supone un potente incentivo para atraer el mejor talento a la Administración Pública para abordar su proceso de rejuvenecimiento de plantilla, y ofrecer opciones de estabilidad laboral y conciliación. Factores que las empresas privadas cada vez limitan más.

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Imagen | Dejar de salpicar (Lissette La Verde)