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En fechas recientes, el presidente Gustavo Petro ha puesto en la agenda la necesidad de revisar y transformar diversos modelos de concesiones vigentes en Colombia. En su discurso
En fechas recientes, el presidente Gustavo Petro ha puesto en la agenda la necesidad de revisar y transformar diversos modelos de concesiones vigentes en Colombia. En su discurso inicial, el mandatario manifestaba su deseo de redirigir los recursos destinados a proyectos de infraestructura vial de 4G y 5G que han estado estancados, para atender de manera efectiva las crecientes exigencias del sistema de salud vinculadas a la fiebre amarilla. Sin embargo, su enfoque se tornó más audaz al plantear la reforma en la administración de puertos del país ante el alarmante incremento de actividades ilegales.
Presidente Gustavo Petro. Foto:Vanexa Romero / El TIempo
Durante una reunión del Consejo de Ministros transmitida por televisión, el presidente enfatizó: «Es necesario instaurar una administración radicalmente diferente, dado que nos hemos visto enfrentados a traficantes de drogas y otras organizaciones que operan en la ilegalidad. Esta medida debe implementarse a la mayor brevedad posible. Actualmente estamos revisando las implicaciones legales relacionadas», explicó el jefe del estado.
En particular, mencionó que en puertos como los de Buenaventura, Intercom, Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, la violencia parece estar impulsada por la manipulación de grupos políticos organizados, lo que conlleva a la necesidad de modificar la gestión administrativa, incluso a través de cambios en la manera en que se manejan las cuentas.
El mandatario informó que había instruido a la Ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, para que realizara una auditoría en los puertos y también en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. Señaló que «la creciente tasa de asesinatos está relacionada con un aumento de actividades ilícitas que utilizan el aeropuerto como punto de partida», refiriéndose a una preocupación mayor en términos de seguridad nacional.
De hecho, propuso que se lleve a cabo una transformación radical en las aduanas, a fin de emular ciertos estándares de control que se aplican en Estados Unidos, buscando una cooperación mucho más estrecha entre diversas entidades implicadas en la vigilancia de las fronteras.
Puerto de Buenaventura. Foto:Juan B. Díaz
En un tono similar, Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara de Infraestructura Colombiana (CCI), argumentó que el gobierno tiene la responsabilidad directa de garantizar no solo el control y la erradicación de actividades ilegales, sino también la adecuada concesión de infraestructura, como puertos, aeropuertos y carreteras.
«Proponer cambios en la administración de puertos, tal como lo sugiere el presidente, podría resultar en un retroceso de casi tres décadas. Conviene recordar los desastrosos resultados de Colpuertos, que dominó la actividad portuaria en la década de los 80 y estuvo envuelta en escándalos de corrupción y notables ineficiencias operativas», advirtió.
Razonando además sobre los aeropuertos, destacó que no hay una correlación entre la gestión aeroportuaria y las tendencias de violencia que menciona el presidente. «El éxito de la infraestructura aérea en Colombia se debe a su eficiencia, altos estándares operativos y competitividad, posicionándose entre los mejores de América del Sur según reconocidos estudios de Skytrax», añadió Caicedo.
Según las estadísticas disponibles, entre enero y diciembre, el puerto de diversas zonas del país movilizó 180.5 millones de toneladas, lo que representa un crecimiento del 2.5 por ciento respecto al mismo período del año anterior. De estas cifras, la región del Caribe destaca con un movimiento de 157.2 millones de toneladas, seguida por el Pacífico con 20.6 millones de toneladas.
Hace unas semanas, el presidente anunció que se disponía de cerca de 600,000 millones de pesos para afrontar problemas de salud pública y que había solicitado tanto a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) como al Ministerio de Hacienda, una revisión minuciosa de la situación actual de las concesiones vial.
«Ese capital permanece ocioso cuando realmente lo requerimos y no se utiliza porque no hay progreso en las carreteras. Así, observamos una de las injusticias fiscales más grandes de nuestro país», declaró en su momento.
Concesiones de CCFC Foto:Concesiones de CCFC
Desde la implementación de concesiones en la década de 1990, el Estado ha inyectado recursos a través de lo que se identifica como validaciones futuras, donde las entidades privadas son responsables de la construcción y mantenimiento de la infraestructura, mientras que el Estado mantiene un papel regulador. Los recursos generados en la Fiducia se utilizan a medida que avanza la obra, siempre y cuando se haya cumplido con las estipulaciones contractuales.
De acuerdo con la Cámara de Infraestructura Colombiana (CCI), solo tres proyectos han enfrentado retrasos en su inicio o culminación, y esto se debe a temas ajenos a la representación, en particular a permisos que no se han otorgado de manera oportuna por parte del gobierno nacional, según lo ha reconocido un tribunal arbitral.
Proyectos como el de la carretera Perímetro Este de Bogotá y Bucaramanga – Pamplona tienen posibilidades de resolverse mediante negociaciones, lo que liberaría recursos de validación futura que están disponibles tras aplicar los procedimientos contractuales correspondientes. Asimismo, en el caso de Mulaló-Loboguerrer, se puede llegar a un entendimiento con el gobierno para garantizar la asignación de recursos, permitiendo avanzar en la culminación de proyectos de construcción o propiciar su regulación.
Presidente de CCI, Juan Martín Caicedo. Foto:Cámara de infraestructura colombiana (CCI)
«Es crucial considerar que se ha acumulado una cantidad adecuada en el patrimonio autónomo para la ejecución del proyecto Mulaló – Loboguerrero, que cuenta con una inversión de 1.800 millones de pesos. Esta cifra ha generado beneficios que ascienden a 400,000 millones de pesos, lo que representa un valor total de 2.200 millones de pesos; es importante señalar que esta cantidad está bajo la responsabilidad de Ana, no de la concesionaria. Estos fondos aún no se han ejecutado, y por lo tanto, el concesionario no tiene deudas pendientes con el Estado», afirmó Caicedo.
Por su parte, Germán Arce, presidente de la Asociación de Friicadores, indicó que el enfoque debe ser la creación de condiciones favorables para fusionar recursos públicos y privados en el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura, mientras que los inversionistas y prestamistas necesitan señales claras de estabilidad legal.
«En el contexto del modelo colombiano en el cual las concesiones han recibido inversiones cercanas a 130 mil millones de pesos a través de recursos del Estado del presupuesto público y fondos privados, se requiere asegurar que estos trabajos se realicen en tiempos definidos, con la opción de utilizar el esquema de validación futura para su financiamiento a largo plazo. No es viable destinar estos recursos a otros fines, ya que deben ser administrados conforme a lo estipulado en los contratos no ejecutados», concluyó Arce.
Datos del CEBE apuntan que, en este contexto, el fondo de recursos gestionados por el sector fiduciario alcanza los 27.4 mil millones de pesos. Este monto incluye 10.300 millones de pesos en expectativas futuras, 6.300 millones de pesos de recursos del Ministerio de Propiedad, 5.100 millones de pesos correspondientes a los peajes, 1.300 millones de pesos en financiamiento privado y 4.400 millones de pesos en otras categorías.
«El papel del sector fiduciario es proveer tanto a los inversionistas como al Estado, asegurando que los recursos destinados a cada proyecto sean utilizados exclusivamente para los fines que se habían estipulado originalmente en los contratos y concesiones», subrayó.
