El gobierno de Antioquia ha implementado una medida muy importante dirigida a los adultos mayores que residen en esta región y que no tienen acceso al sistema de pensiones tradicional. Esta decisión fue anunciada por el gobernador Andrés Julián Rendón, quien ha tomado esta iniciativa en respuesta a la alarmante situación de miles de personas mayores que viven en condiciones de pobreza extrema, sufren de discapacidad y están excluidas de los sistemas de protección social existentes.

El plan consiste en la entrega de una pensión denominada «pensión de embarque de la vida» a hasta 3.000 adultos mayores. Este programa será financiado con recursos del departamento y será administrado por diversas entidades estatales. Se proyecta que la inversión total supere los 70,000 millones de pesos, lo cual es un esfuerzo significativo para mejorar la calidad de vida de esta población vulnerable.

Antioquia se posiciona como el primer departamento en el país en establecer beneficios permanentes como estos, sin depender del apoyo financiero del gobierno nacional. El ingreso mensual que se otorgará será de 225,000 pesos, y el mismo se entregará de forma indefinida a los beneficiarios que cumplan con los requisitos establecidos previamente.

El programa está dirigido específicamente a personas que tienen entre 60 y 86 años, quienes demuestran estar en pobreza extrema a través del sistema Sisben y que presentan una discapacidad certificada. Los ingresos mensuales se entregarán directamente a través de la entidad encargada, la cual también se encargará de la selección, identificación y el proceso bancario necesario para garantizar el flujo de pagos.

La financiación de este programa se basa en un plan de ahorro que ha sido diseñado por la Dirección del Departamento para el año 2024. De acuerdo a datos oficiales, el costo operativo del gobierno de Antioquia se ha reducido de más de mil millones de pesos a aproximadamente 800,000 millones. Este ajuste ha permitido generar más de 235,000 millones de pesos en ahorros, que serán utilizados para llevar a cabo este importante programa de pensiones.

Para facilitar esta reducción de costos, se han implementado varias medidas, entre ellas la disminución en el número de secretarías, que pasó de 33 a 17, y una notable reducción en los contratos por servicios externos. De este ahorro, se destinaron 70,000 millones de pesos para la ejecución del programa de pensiones de la vida.

Otra fuente de financiación

Adicionalmente, otra fuente de financiamiento para el programa es la recaudación de impuestos sobre vehículos. El gobierno del departamento ha indicado que parte de los recursos recaudados por este concepto se asignarán a la ejecución de este plan. Esto tiene como objetivo garantizar la sostenibilidad financiera del programa a largo plazo, asegurando así que los beneficiarios puedan contar con su pensión de manera continua.

El proceso de implementación comenzó en marzo, cuando la entidad responsable, en coordinación con el Departamento de Gobierno, inició la identificación y certificación de posibles beneficiarios. También se empezó el proceso bancario necesario para que los usuarios puedan recibir sus pagos mensuales.

Hasta la fecha, aproximadamente 900 personas ya se han inscrito en el programa, y se prevé que el primer ciclo de pagos comience entre finales de mayo y principios de junio. La entrega inicial de beneficios se realizará en varias subregiones, incluyendo Aburá, East, Baja Cauca y Valley Urabá.

La gestión del departamento ha dejado claro que esta pensión no constituye un subsidio temporal, sino que se tratará de un ingreso mensual garantizado para toda la vida. Este beneficio está diseñado para proporcionar una sostenibilidad económica a aquellas personas que, debido a su estado de salud o a su avanzada edad, no pueden acceder a un sistema de pensiones convencional o a otras formas de ingresos regulares.

Los criterios de selección son rigurosos. Para ser usuarios adecuados del programa, es imprescindible que las personas estén entre 60 y 86 años, y que su situación de extrema pobreza esté clasificada a través del Sisben, además de contar con un certificado de discapacidad emitido por la autoridad pertinente. Estos requisitos buscan asegurar que la asistencia esté dirigida a quienes se encuentran en el nivel más alto de vulnerabilidad.

La implementación del programa se lleva a cabo sin el apoyo del gobierno nacional. Todo el diseño, financiación y gestión están siendo realizados a nivel departamental, lo que convierte a Antioquia en la primera entidad territorial que lanza una política de pensión de este tipo utilizando sus propios recursos.

El papel de la entidad encargada en este proceso es tanto técnico como operativo. Esta organización será responsable de identificar a los posibles beneficiarios, verificar que cumplan con los requisitos necesarios, formalizar su ingreso al programa y asegurar la correcta adopción de los pagos mensuales.

El programa no tiene una fecha de conclusión determinada, ni se contempla una restricción temporal para el pago de los ingresos mensuales. En la actualidad, los días de selección de beneficiarios se están llevando a cabo en otras subregiones del departamento. El objetivo es completar la asignación de 3,000 usuarios en los próximos meses. Las autoridades han enfatizado que se priorizarán las áreas rurales y aquellas con mayores índices de pobreza multidimensional.

El registro no se lleva a cabo mediante solicitudes individuales, sino que se coordina a través de procesos de búsqueda activos realizados por el gobierno de Antioquía y Colpensiones.

Actualmente, el número de usuarios está limitado a 3,000 personas. No se ha publicado un plan para ampliar este número, aunque la administración del departamento no descarta realizar evaluaciones futuras para analizar la posibilidad de incluir a nuevos beneficiarios si se disponen de recursos adicionales.

El canal de atención para resolver consultas sobre el programa aún no se ha definido. No obstante, los alcaldes y las regulaciones municipales en el departamento pueden ofrecer pautas sobre los procesos de identificación y registro.

Es importante señalar que esta medida no altera el marco legal del sistema de pensiones colombiano. No concede derechos adquiridos en términos de cotización, ni altera las semanas requeridas. Este programa es un beneficio específico a nivel territorial que opera en paralelo al sistema nacional de pensiones.

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