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La pensión representa el resultado de décadas de trabajo arduo y la inversión de esfuerzos significativos en el contexto del sistema de seguridad social. Para muchos adultos mayores,
La pensión representa el resultado de décadas de trabajo arduo y la inversión de esfuerzos significativos en el contexto del sistema de seguridad social. Para muchos adultos mayores, este beneficio económico se convierte en su única fuente de ingreso mensual. Por lo tanto, se considera un recurso indispensable para mantener una calidad de vida digna una vez que han dejado el ámbito laboral.
Conscientes de su importancia, la legislación colombiana ha establecido robustas protecciones legales que evitan que las pensiones sean objeto de apropiación indebida.
No obstante, como ocurre en diversas áreas del marco legal, existen excepciones que permiten la confiscación parcial de una pensión bajo ciertas condiciones específicas.
En Colombia, se reconoce que las pensiones pueden ser objeto de incautación; existen, por lo tanto, límites y procesos a seguir si el pensionista se encuentra involucrado en tal situación.
Los pensionistas disponen de formas de actuar ante cualquier eventualidad. Foto:Istock / Archivo de tiempo
Ludwing Patiño, un experto en leyes laborales de la Compañía de Scola, explicó que, como regla general, las pensiones suelen considerarse poco atractivas. Esto se encuentra estipulado en el artículo 134 de la ley 100 de 1993, que protege este ingreso de cualquier intento de ejecución por parte del sistema judicial.
A pesar de la protección general, el artículo menciona dos excepciones fundamentales en las que se permite la incautación de las pensiones:
«Las pensiones y otros beneficios reconocidos por esta ley, sin importar su monto, no son susceptibles a embargo, excepto en lo que respecta a pensiones o deudas alimentarias a favor de cooperativas», afirmó el abogado.
REFIJO PIC DE REFERENCIA. Foto:Jaiver Nieto. Tiempo
A pesar de estas excepciones, la ley también establece un límite claro sobre la cantidad que puede ser incautada. De acuerdo con el artículo 344 de la Ley Material sobre el Trabajo, el embargo o la retención no puede superar el 50 por ciento del valor total de la pensión.
«Los beneficios sociales son intocables, sin importar su cantidad, a excepción de los préstamos a cooperativas legalmente reconocidas y aquellos del sistema de protección social, y el monto del embargo no puede exceder el 50 por ciento del beneficio correspondiente», explica la normativa.
Es esencial señalar que el embargo es un mecanismo judicial que se implementa para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de deuda.
«Cuando un pensionista incurre en deudas, está obligado a cumplir con los pagos acordados. De lo contrario, las consecuencias pueden incluir la ejecución de un embargo sobre sus ingresos«, aclaró Patiño.
Entre las recomendaciones en medio de este proceso, es crucial no ignorar el problema y analizar detalladamente la situación, así como la magnitud de la deuda y las posibilidades de pago.
Los afectados deben mantener un diálogo abierto con el acreedor o el beneficiario, ya sea de cooperativas o de pensiones alimenticias, ya que en muchos casos se pueden llegar a acuerdos de pago fuera del ámbito judicial.
Al buscar asesoramiento legal especializado, se recomienda contactar a un abogado que pueda ayudar a proteger los derechos de los pensionistas y trabajar para detener o minimizar el impacto del embargo.
Es posible suspender el proceso de embargo de manera efectiva si se actúa con rapidez y se presenta la evidencia adecuada ante el juez correspondiente. Además, se pueden negociar contratos sobre acuerdos de pago que suspendan el proceso legal. En cualquier circunstancia, la mejor recomendación de los expertos es buscar asistencia legal tan pronto como se reciba un aviso oficial.
