presunto ecocidio en Santa Marta
- mayo 16, 2025
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En el corregimiento de Bonda, que se sitúa en la zona rural de Santa Marta y es considerado la puerta de entrada a la imponente Sierra Nevada, se
En el corregimiento de Bonda, que se sitúa en la zona rural de Santa Marta y es considerado la puerta de entrada a la imponente Sierra Nevada, se ha levantado una alarma preocupante que ha resonado entre ambientalistas, líderes comunitarios y habitantes de la región. Esta situación se originó a partir de un video que el abogado y activista Rodrigo Martínez compartió en sus plataformas digitales, donde realiza fuertes acusaciones contra una empresa de Bogotá. Según su testimonio, esta empresa se encuentra al frente de una serie de actividades de tala indiscriminada de árboles en ciertas áreas del sector.
En el video, Martínez denuncia: «Lo que está ocurriendo en Bonda no puede seguir siendo ignorado». Las imágenes que acompañaban su declaración eran impactantes, mostrando la presencia de maquinaria pesada en acción y vastos terrenos con vegetación que habían sido despojados de su cubierta forestal. «Estas imágenes hablan por sí solas. Aquí hay una porción de Bonda donde solía haber una jungla. Este no es solo un terreno privado, es parte integral de un sistema vital del que estamos perdiendo porciones valiosas», enfatiza el activista.
El video de Martínez provocó un torrente de indignación en línea, donde muchos usuarios pidieron una intervención inmediata por parte de las autoridades ambientales competentes.
Estamos vigilantes sobre el hecho de que lo que se establezca respete nuestro territorio
Un proyecto eléctrico con licencia nacional
Destrucción indiscriminada en la zona rural de Santa Marta Foto:Archivo privado
Ante la ola de críticas que surgió por esta problemática, la Corporación Autónoma Regional de Magdalena (Corpamag) emitió una aclaración en la que explicó que el registro de la intervención en la zona está vinculado a un proyecto de interconexión eléctrica dirigido por el Grupo de Energía Bogotá, mediante su subsidiaria. Según Corpamag, las actividades comenzaron en enero de 2025 y cuentan con una licencia ambiental que fue otorgada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), respaldada por la Resolución 2775 expedida en diciembre de 2024.
El objetivo de este proyecto es asegurar la conexión eléctrica entre el municipio de Ciénaga y la subestación Bonda. Dado que se trata de una infraestructura de ámbito nacional, la licencia no está bajo la supervisión directa de Corpamag, aclararon en un comunicado a la opinión pública. La licencia permite el uso del bosque de hasta 269 metros cúbicos de madera en una superficie de 6.17 hectáreas, siempre y cuando se implemente un plan de compensación ambiental estipulado.
No obstante, Corpamag anunció que tiene programada una visita técnica junto a la empresa responsable del proyecto para certificar que las operaciones en terreno se realicen conforme a la normativa vigente. «Estamos comprometidos a garantizar que se respete lo que se estableció sin perjudicar nuestro territorio,» subrayó Gustavo Pertuz, subdirector de gestión ambiental.
«Nadie aquí nos consultó,» afirma la comunidad
Los habitantes de Bonda, por su parte, han expresado su descontento al sentirse desinformados y excluidos del desarrollo del proyecto. Juan Carlos Cantillo, quien se pronunció en representación de la comunidad, cuestionó la ausencia de socialización en la discusión sobre las obras y manifestó su inquietud respecto a las repercusiones ambientales que estas podrían acarrear.
«Estamos a favor del progreso, pero lo que ha sucedido es totalmente inaceptable. De un momento a otro, aparecieron las maquinas y comenzaron a talar árboles sin consultarnos. ¿Quién se hará responsable por los deslizamientos y el desplazamiento de la fauna?» cuestionó Cantillo, notablemente alterado. «La Sierra no es solo un paisaje; es nuestra casa, nuestra fuente de vida», agregó.
El líder comunitario también denunció que la empresa no ha proporcionado la información necesaria sobre las medidas de compensación ambiental ni ha creado espacios para concertar y dialogar con los moradores de la zona. «Contar con una licencia ambiental es solo el primer paso. Al menos deberían respetar a las comunidades que viven aquí», añadió.
Entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente, este dilema ha cobrado vital importancia. En respuesta a las críticas recibidas, Linza, la empresa encargada del proyecto, aseguró que todas las actividades se llevan a cabo conforme a las normativas ambientales y bajo un seguimiento técnico estricto. También afirmaron que las áreas afectadas serán compensadas más de seis veces a través de programas de restauración ecológica y conservación de ecosistemas estratégicos en la región.
Sin embargo, tanto los líderes locales como los defensores del medio ambiente consideran que estas garantías no son suficientes. “No podemos permanecer en silencio mientras nuestros ecosistemas se destruyen con permisos que no justifican la pérdida de nuestra biodiversidad. Bonda necesita ser escuchada, y eso es lo que estamos pidiendo,” concluyó Rodrigo Martínez.
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Documental del periodista Jineth Bedoya. Foto:
Roger Urieles
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