más del 64% de los agricultores lo abandonaron
– Tinta clara
marzo 1, 2026
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Un proyecto que prometía transformar la vida de cientos de familias campesinas terminó convirtiéndose en un caso disciplinario que hoy Tiene bajo la lupa al exgobernador del Guaviare
Un proyecto que prometía transformar la vida de cientos de familias campesinas terminó convirtiéndose en un caso disciplinario que hoy Tiene bajo la lupa al exgobernador del Guaviare entre 2020 y 2023, Heydeer Yovanny Palacio Salazar, y a quien fue su secretario de Agricultura y Medio Ambiente durante su gestión, Nelder Parra.
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En las últimas horas se conoció que la Procuraduría General de la República emitió un pliego de cargos en su contra por presuntas irregularidades en la estructuración y ejecución de una iniciativa financiada con recursos del Sistema General de Regalías. es un proyecto cuyo propósito fue fortalecer la cadena productiva del cacao para familias rurales del Guaviare y Meta.
Heydeer Palacio, ex gobernador del Guaviare. Foto:Redes sociales
Sobre el papel, el proyecto buscaba promover La producción de cacao como alternativa económica para unas 500 familias campesinas.muchos de ellos en territorios golpeados por el conflicto armado. La apuesta era ambiciosa: brindar asistencia técnica, insumos agrícolas, herramientas y apoyo para consolidar cultivos sustentables.
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Pero, según el ente de control, el proyecto habría nacido con fallas desde su origen. El sostiene que La iniciativa fue presentada ante OCAD Paz en julio de 2021 sin cumplir a cabalidad con ciertos requisitos técnicos. para su viabilidad en la fase III, nivel en el que se supone que un proyecto está listo para ser ejecutado.
Heydeer Palacio, exgobernador del Guaviare, bajo la lupa de la Fiscalía General de la República. Foto:Redes sociales
La principal responsabilidad habría recaído en el entonces secretario Parraquienes presentaron el documento técnico con inconsistencias en estudios anteriores.
Según el documento, el proyecto no garantizó aspectos esenciales como la permanencia de los beneficiarios en el tiempo, el seguimiento del uso de los insumos entregados o mecanismos que impidan el abandono de los cultivos. A grandes rasgos, se trató de una intervención que, desde su diseño, no estaba asegurada su sostenibilidad.
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Las grietas comenzaron a aparecer durante la ejecución. Uno de los datos que más preocupó a la Procuraduría General de la República fue que el 64,5% de los beneficiarios iniciales desertaron del programa.: Más de la mitad de las familias seleccionadas abandonaron el proyecto luego de haber recibido insumos como plántulas, fertilizantes y herramientas.
El cacao es un producto que suele germinar favorablemente en varias regiones de Colombia. Foto:Carolina Bohórquez Ramírez. EL TIEMPO
Esto obligó a reemplazar a los beneficiarios en pleno apogeo y la consecuencia de esa falta de planificación no fue menor: no había claridad sobre el destino de los recursos ya entregados a quienes se retiraron. En otras palabras, Los activos financiados con dinero público quedaron sin una trazabilidad clara de su uso o explotación.
Para el ente de control, esta rotación masiva no fue un hecho aislado, sino el reflejo de una falla estructural en la identificación de los beneficiarios y en la planificación del propio proyecto.
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También se sumaron otros problemas técnicos: el modelo productivo no consideró sistemas de riego adecuados ni estrategias para apoyar a las familias dentro del proceso. Esto afectó el desarrollo de los cultivos y retrasó los resultados esperados.
Asimismo, surgió un ajuste financiero cercano a los mil 890 millones de pesos. La justificación se basó en el aumento de precios de los insumos agrícolas y los efectos derivados de la pandemia. Sin embargo, La Procuraduría General de la República considera, según el documento, que este reajuste no contó con suficiente sustento probatorio.
La iniciativa era muy ambiciosa, pero desembocó en un pliego de cargos. Foto:Ayuda de cortesía en acción
Con este panorama, la organización decidió avanzar con la formulación de cargos disciplinarios. Las conductas fueron calificadas provisionalmente como faltas graves: para el exgobernador Palacio Salazar, por negligencia grave, y para el exsecretario Parra, por fraude.
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Según la hipótesis disciplinaria, esto implica que el primero habría actuado con negligencia en el cumplimiento de sus deberesmientras que el segundo habría estado al tanto de las irregularidades al momento de estructurar el proyecto.