En un evento alarmante, se han reportado fuertes combates entre los disidentes del FARC y el ELN en los límites de Inzá y Páez, ubicados en la región este de Cauca. Durante estos violentos enfrentamientos, tanto estudiantes como maestros se encontraron en medio de una situación de peligrosa severidad, con balas cruzando el aire a su alrededor.

Los hechos ocurrieron el viernes 25 de abril en las áreas de Ricaurte y Puerto Valencia, donde la comunidad local ha denunciado que hombres armados ingresaron en la institución educativa.

El comandante de la Brigada 29 del ejército, el general Alirio Aponte, expresó su condena a estas acciones, afirmando: «Estos grupos terroristas, no satisfechos con los combates, están invadiendo espacios destinados al estudio de los niños y no a estas estructuras para cometer actos terroristas».

Los intensos enfrentamientos, que duraron más de una hora, obligaron a cerrar temporalmente un tramo del camino conocido como el transversal del Liberador, que conecta Cauca con el Departamento de Huila.

A pesar de la gravedad de la situación, se reportó que, afortunadamente, no hubo heridos, aunque el miedo sigue predominando en la comunidad. Aponte subrayó que se están realizando maniobras en colaboración con la fuerza aeroespacial «para recuperar el control del territorio y garantizar la seguridad de la población civil».

Por otro lado, las autoridades indígenas han levantado la voz ante un nuevo caso de reclutamiento forzoso de un menor de edad en Tierradentro, en el municipio de Páez.

El Consejo Regional Indígena de Cauca (CRIC) ha denunciado que la víctima es un menor, lo cual refuerza la preocupación por esta alarmante tendencia.

Eduin Capable, coordinador del Área de Derechos Humanos del CRIC, detalló que «la situación de reclutamiento en territorios indígenas en Cauca es bastante compleja, con 216 casos reportados en 2024; 15 de ellos en lo que va del año. Se han documentado 18 casos de desapariciones vinculadas al reclutamiento y, al menos, tres casos de amenazas de reclutamiento colectivo en el territorio indígena de Cauca».

El líder indígena también enfatizó que se ha solicitado la intervención del estado colombiano para fortalecer la protección de la infancia y la juventud, instando al gobierno a actuar con celeridad para salvaguardar la vida e integridad de los niños indígenas de Cauca.

A través de una declaración formal, la organización indígena ha subrayado que tales incidentes afectan de manera directa la vida, la armonía y los derechos fundamentales de los niños y adolescentes de la región.

El comunicado destaca la gravedad de la situación y la activación inmediata de rutas de prevención contra el reclutamiento forzado, evidenciando un llamado a la acción para la protección de la dignidad de los menores y para evitar que estas situaciones se repitan en el futuro.

Un informe reciente de OCHA revela que aproximadamente 47,000 personas en Inzá y Páez enfrentan severas restricciones a su movilidad debido a la rivalidad entre grupos armados.

“Al menos 47,000 personas afrocolombianas, indígenas y campesinas de los municipios de Inzá y Páez enfrentan restricciones de movilidad, lo que agrava la seguridad alimentaria, el desarrollo comunitario y limita su autonomía económica», señala el texto. «La presencia y control de los grupos armados no estatales impacta gravemente el acceso a servicios educativos, lo que pone en riesgo la protección de los niños y adolescentes», concluye.

Insiste también en que, a pesar de la gran cantidad de casos reportados sobre reclutamiento, el sub-registro es preocupante, asociado con la falta de denuncias por parte de las familias y comunidades, así como la escasa respuesta institucional enfocada en prevenir y atender el reclutamiento.

Las Naciones Unidas han instado a implementar medidas de prevención y respuestas efectivas contra el reclutamiento de menores, además de solicitar una mayor protección para las comunidades afectadas.

OCHA subraya la necesidad de fortalecer la protección integral de las comunidades, así como la implementación de medidas que atiendan las necesidades de seguridad y derechos de los niños y adolescentes, promoviendo también el acceso a información y servicios relacionados con los derechos sexuales y reproductivos, y la prevención de la violencia.

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