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El gobierno de Gustavo Petro logró aprobar en el Congreso una reforma laboral que busca mejorar las condiciones de los trabajadores formales, pero que preocupa a los empresarios,
El gobierno de Gustavo Petro logró aprobar en el Congreso una reforma laboral que busca mejorar las condiciones de los trabajadores formales, pero que preocupa a los empresarios, en especial a los pequeños y a los que trabajan en horario nocturno, por los mayores costos salariales que supondría. Si bien una parte de los cambios propuestos entrará en vigencia una vez que el presidente Gustavo Petro firme la ley, hay algunos puntos específicos que tendrán que esperar unos meses o que se irán implementando de manera gradual.
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El proyecto cambia las jornadas de trabajo, así como los contratos, establece nuevas licencias y medidas, y busca formalizar a los trabajadores de apps como Rappi, a empleadas domésticas y madres comunitarias, entre otros.
Le presentamos los principales cambios que deberá tener en cuenta:
La regla general es que los trabajadores sean vinculados mediante contratos a término indefinido. Si bien existirán los de término fijo por el tiempo que dure la realización de una obra o labor, estos no podrán ser mayores a cuatro años.
La jornada nocturna comenzará a las 7 de la noche; es decir, trabajar después de esa hora tendrá un recargo del 35 por ciento (hoy es a las 9 de la noche). Su entrada en vigencia será seis meses después de la sanción presidencial de la ley.
La conciliación de la reforma laboral quedó aprobada. Foto:Néstor Gómez. El Tiempo
El trabajo en día de descanso obligatorio o en días de fiesta se remunerará con un recargo del 100 % sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas (hoy el pago es del 75 %). Su implementación será gradual de la siguiente manera:
-A partir del primero de julio de 2025, subirá al 80 %.
-A partir del primero de julio de 2026, se elevará al 90 %.
-A partir del primero de julio de 2027, será del 100 %.
La duración máxima de la jornada de trabajo será de ocho horas al día y 42 a la semana distribuida, de común acuerdo, entre empleador y trabajador(a), de cinco a seis días, garantizando siempre el de descanso y sin afectar el salario. En ningún caso las horas extras, diurnas o nocturnas, podrán exceder de dos horas diarias y 12 semanales.
A parte de las licencias remuneradas ya contempladas para el caso de sufragio o grave calamidad doméstica, entre otros, las empresas estarán obligadas a otorgarlas para asistir a citas médicas de urgencia o programadas con especialistas cuando se informe al empleador junto certificado previo, incluyendo aquellos casos que se enmarquen en la endometriosis. Igualmente, la reforma también contempla licencias para asistir a las obligaciones escolares.
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Los empleados de empresas privadas podrán acordar con el empleador, un día de descanso remunerado por cada seis meses de trabajo, en el cual certifiquen el uso de bicicletas como medio de transporte para la llegada y salida del sitio de trabajo.
Ciclovía nocturna de Bogotá. Foto:Carlos Ortega / EL TIEMPO
El ingreso de animales de asistencia, apoyo emocional o uso terapéutico deberá ser permitido por la empresa siempre y cuando el trabajador o la trabajadora presente el certificado que soporte la necesidad de apoyo físico, psicológico o emocional.
Las empresas que cuenten con hasta 500 trabajadores deberán contratar o mantener contratados, según corresponda, a al menos dos trabajadores con discapacidad por cada 100 empleados. A partir de 501 en adelante, deberán tener a al menos un trabajador con discapacidad adicional por cada tramo de 100 trabajadores.
Se garantizará el trabajo libre de violencias y de acoso y, en el término de 12 meses desde la entrada en vigencia de la ley, el Ministerio de Trabajo formulará una política pública que contemple unos protocolos, planes, programas y estrategias que contribuyan a la eliminación de conductas de violencia, acoso y discriminación en el mundo del trabajo. Igualmente, se deberá garantizar la igualdad de condiciones laborales sin discriminación alguna para las personas reintegradas y reincorporadas en el marco del conflicto armado.
Será un contrato laboral especial y a término fijo con todas las prestaciones. El aprendiz recibirá, como mínimo, en la fase lectiva el equivalente al 75 por ciento de un salario mínimo (antes era 50 por ciento) y en la práctica el 100 por ciento (antes era 75 por ciento). Además, en la fase lectiva estará cubierto por el sistema de seguridad social en salud y riesgos laborales, y durante la práctica estará afiliado a riesgos laborales, pensión y salud, y tendrá derecho al reconocimiento y pago de todas las prestaciones. Adicional a ello, el pago que tienen que hacer las empresas al Sena cuando no contratan a un aprendiz quedó en 1,5 salarios mínimos por cada uno que dejen de vincular.
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Los estudiantes de último año de medicina que realizan prácticas clínicas de tiempo completo en hospitales y centros de salud y que actualmente no son remunerados recibirán un salario mínimo y seguridad social.
Los trabajadores digitales en servicios de reparto podrán ser dependientes o independientes. En este último caso, las empresas tipo Rappi deberán contribuir económicamente a la seguridad social, asumiendo el 60 por ciento de los aportes a salud y pensión y el 100 por ciento de los aportes a riesgos laborales. El 40 por ciento restante de salud y pensión será cubierto por los trabajadores digitales. El ingreso base de cotización se calculará sobre el 40 por ciento del total de los ingresos que el trabajador digital genere a través de la plataforma respectiva.
‘Pit Stops’ la nueva parada de los Rappitenderos Foto:Archivo particular
Los trabajadores y las trabajadoras del servicio doméstico deberán ser vinculados mediante contrato de trabajo escrito, en cualquiera de sus modalidades, respetando las garantías y los derechos a los que haya lugar, de conformidad con las normas laborales existentes y registradas en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila). El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en el término de 12 meses, desarrollará los lineamientos para crear un sistema de información para dicho registro. Estas personas podrán mantener su afiliación al régimen subsidiado de salud como mecanismo de protección social.
Las microempresas y hogares podrán realizar pagos a la seguridad social a tiempo parcial. El Gobierno priorizará y protegerá a los sectores de hotelería, restaurantes, bares, agricultura, turismo, transporte, droguerías y farmacias.
Se creará el programa CREA EMPLEO para empleadores que contraten nuevos puestos de trabajo. Este beneficio, financiado con recursos del Presupuesto General asignados al Ministerio del Trabajo se otorgará por un máximo de seis meses por cada nuevo empleo a mujeres, jóvenes, personas mayores de 50 años con un pago mensual mientras la tasa de desempleo certificada por el Dane sea superior al promedio de la tasa de desempleo en países OCDE.
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No, se seguirán utilizando para atender las necesidades, reemplazos, estacionales y/o eventualidades de los diferentes sectores. Por ejemplo, son habitualmente usados en el agro, el comercio y el turismo. Por lo general, el tiempo máximo de vinculación a través de una EST es de 12 meses, incluyendo prórrogas. La reforma determina que las empresas no podrán celebrar contratos comerciales con las EST para desarrollar situaciones diferentes a las mencionadas y que el contrato del trabajador en misión debe especificar la causa que dio lugar a su vinculación.
Teletrabajo Foto:iStock.
La reforma define cuáles son las diferentes modalidades de teletrabajo e indica que el empleador deberá otorgar el reconocimiento de un auxilio de conectividad para teletrabajadores que devenguen menos de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, en reemplazo del auxilio de transporte.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) vinculará de forma progresiva a las madres comunitarias que estén en las modalidades de primera infancia y trabajadores(as) de los hogares infantiles de la modalidad institucional en su planta de personal en calidad de trabajadoras oficiales. Adicional a ello, el Ministerio de Educación garantizará que en la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) se formalice a las personas manipuladoras de alimentos
El Estado implementará una política pública de protección y transición laboral ante la automatización, con el fin de mitigar el impacto social y económico de la sustitución de empleos causada por el avance tecnológico. El Estado garantizará la identificación de sectores en riesgo.
En el primer año de vigencia de esta ley, el estado formulará una política pública de apoyo al trabajo agropecuario. Además, la reforma dice que la mujer rural y campesina será especialmente protegida y deberá ser remunerada por el trabajo que realiza en la preparación de alimentos, el cuidado de personas, animales y de cultivos, y las demás que desarrollen de manera subordinada, en relación con sus empleadores.
Pymes Foto:MinCit
Los gremios empresariales alertan sobre el aumento de costos salariales que supondría, en especial, para las micro y pequeñas empresas, artículos como el de adelantar los recargos nocturnos, aumentar el pago de dominicales y festivos, y laboralizar el contrato de aprendizaje. Además, aseguran que la reforma no busca generar nuevos puestos de trabajo e impacta en la informalidad, uno de los grandes flagelos del mercado laboral.
“Al no generar excepciones alrededor de las pymes, se está cometiendo un error grande. Creemos que el país corre un riesgo inmenso que va a producir informalidad y desempleo”, manifestó Bruce Mac Master, presidente de la Andi.
En concreto, aseguran que el mayor golpe lo recibirían comercios como tiendas, panaderías, cafeterías de barrio y negocios que son los que operan en horarios extendidos o fines de semana, así como sectores como la gastronomía, el turismo, la vigilancia y el transporte.
“Los costos laborales subirán entre un 18 y un 34 por ciento, en función de la actividad económica y el tamaño de la empresa, lo cual desincentivará la contratación formal, impulsará la informalidad y generará una cadena de impactos negativos, como cierres de negocios, aumento de precios para los consumidores y reducción de oportunidades laborales”, aseguró el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal.
Igualmente, para Rodolfo Correa, presidente de Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), se pondría en riesgo la estabilidad del sector empresarial. “Para la pequeña empresa, estamos calculando una pérdida de 157 millones de pesos al año y para las micro representaría un mayor gasto cercano a 22 millones de pesos anuales”, aseguró.
Imagen de referencia. Foto:Andrea Moreno. EL TIEMPO
Adicional a ello, Correa aseguró que, desde el punto de vista económico y empresarial, convertir el contrato de aprendizaje en un vínculo laboral generaría cargas parafiscales, tributarias y prestacionales que serían “inviables” para miles de micro, pequeñas y medianas empresas que hoy acceden a la formación de talento humano a través de esta modalidad.
En la misma línea, Camilo Ospina, presidente de Asobres, dijo que lo aprobado castiga al sector que opera en la noche. “Con cada hora que se reduzca la jornada nocturna se perderán 11.500 empleos formales”, sentenció.
