A finales de 2024 advertimos que Colombia entraba en una fase extendida incertidumbre, bajo crecimiento, fragilidad institucional; con advertencias especiales en frentes como seguridad, relaciones internacionales, salud y energía. El balance de 2025 confirma que estas advertencias no eran ni exageradas ni infundadas: describían con precisión la dirección que finalmente tomaron la economía y el Estado.
El año 2026 comienza en medio de acontecimientos relevantes para nuestro país y el mundo. Lo más inusual es sin duda la intervención del Gobierno de Estados Unidos en Venezuela y el arresto de Nicolás Maduro para su procesamiento ante el poder judicial estadounidense. Un hecho de gran influencia en la política internacional, que sin duda tendrá grandes implicaciones para Colombia en términos de seguridad, migraciones, relaciones internacionales, así como en el sentido económico. Si a Venezuela le va bien, a Colombia le va bien. Un buen futuro para Venezuela es quizás la oportunidad más importante para Colombia en el futuro.
En el país cerramos un año lleno de noticias extraordinarias, con importantes implicaciones económicas. El ‘situación económica de emergencia’ según lo determinado por el Gobierno y los decretos que imponen nuevos impuestos a los contribuyentes por más de 16 mil millones de pesos son reflejo de varias realidades:
i) El gobierno admite que la ua situación fiscal muy grave.
ii) Entre las soluciones consideradas por el Gobierno, no hubo ninguna reducción del gasto público. En su opinión, los contribuyentes deberían hacerse cargo de todas las necesidades del Estado.
iii) Según el Comité Autónomo de Orden Fiscal la situación puede ser mucho más grave que los 16 mil millones.
iv) Colombia paga las tasas de interés más altas para los emisores con riesgos económicos equivalentes, gracias a la enorme incertidumbre que el Gobierno está creando en el mercado, incluida la aplicación de la ‘Cláusula de Evitación de Reglas Fiscales’ que ha dañado significativamente nuestra credibilidad entre los acreedores.
v) Días antes del anuncio ‘emergencia económica’, El gobierno ha llevado a cabo una operación de tesorería «inusual» que indica una desesperación por obtener efectivo y ha planteado dudas entre otros acreedores.
vi) El deuda pública colombiana aumentó en más de 370 mil millones en los últimos tres años.
A lo anterior hay que sumarle la convicción que tiene la gran mayoría de los analistas constitucionales de que la ‘emergencia económica’ y las medidas que de ella se derivan no tienen fundamento, y por tanto, pese a las múltiples advertencias al Gobierno, Serán declarados inconstitucionales en unos meses, generando gran influencia durante su asunción de constitucionalidad y gran inestabilidad en las normas jurídicas que afectan las actividades económicas.
En otro frente completamente diferente, el Gobierno Nacional ha ordenado un aumento salarial del 23,7 por ciento. Fue una gran sorpresa para la Mesa de Consulta de Política Laboral y Salarial, ya que la inflación anual acumulada hasta noviembre fue del 5,3 por ciento, la productividad total de los factores fue fijada por el Dane en el 0,91 por ciento, se espera que el crecimiento del PIB de Colombia en 2025 sea del 2,9 por ciento, se proyectó que la inflación en 2026 será ligeramente superior al 4 por ciento y las demandas laborales formales indican que su solicitud representativa fue del 16 por ciento. La decisión del Gobierno equivale a una inflación 4,6 veces mayor en 2025, 5,9 veces mayor que la inflación proyectada para 2026. 8,1 veces el crecimiento del PIB y un aumento del 48 por ciento sobre lo que los trabajadores pedían en su escenario más optimista.
Por supuesto, esto afectará significativamente a los ingresos de unos dos millones de personas, la cuestión es que tendrá costes enormes para muchas más personas, especialmente las de más de 11,3 millones de trabajadores informales que tienen ingresos inferiores al salario mínimo, para los cuales no habrá aumento de salarios, pero sí un gran aumento en los costos de los componentes de la canasta básica.
El resultado será un gran empobrecimiento para todos los afectados. inflación inevitable. Una medida populista e irresponsable, diseñada sólo con una lógica electoral que producirá un gran daño general.
Por otro lado, el 26 de diciembre el Gobierno informó al Registro Civil una comisión de recogida de firmas para el anuncio Asamblea Nacional Constituyente. Es un acto político. Más allá de la probabilidad que le atribuimos, representa un intento de modificar estructuralmente algunos de los pilares fundamentales del modelo social colombiano.
El proyecto anunciado incluye la creación de un tribunal constitucional, la modificación del mandato fundacional del Banco de la República y implementación de un cambio en el modelo económico del país, que, sin detalles, habla de aumentar la participación del Estado y mantener el control sobre los llamados ‘sectores estratégicos’. Todas estas son muy malas señales para la seguridad y una economía libre.
Entorno internacional
El contexto global de 2025 era exigente. El mundo ha avanzado hacia un orden geopolítico más fragmentadocon tensiones comerciales, reconfiguración de las cadenas de suministro y una política exterior estadounidense más transaccional. A pesar de esto, la economía mundial mostró resistencia y logró crecer alrededor del 3,2 por ciento.
En este escenario, Colombia necesita una política exterior sabia, orientados a reducir la vulnerabilidad y fortalecer alianzas estratégicas. Sin embargo, el país ha introducido tensiones innecesarias en sus relaciones con Estados Unidos, su principal socio comercial, inversor y aliado estratégico; Fricciones que correspondían más a dinámicas políticas y electorales internas que a una estrategia de interés nacional.
El deterioro de esta relación no es una cuestión retórica. Esto tiene implicaciones concretas para el acceso a los mercados, la financiación externa, la cooperación en materia de seguridad y la percepción del riesgo país.
Crecimiento insuficiente
internamente, Colombia cerró 2025 con un crecimiento cercano al 3 por ciento, mejor que en años anteriores. Aunque positivo, es un resultado insuficiente y, sobre todo, muy vulnerable.
El aumento provino principalmente del gasto de los hogares y del gobierno, respaldado por las remesas, una menor inflación y una normalización financiera gradual. Por otro lado, la inversión productiva continuó rezagada, bajo la influencia de la incertidumbre regulatoria, fiscal y ahora institucional, exacerbada por el uso de instrumentos excepcionales.
Una economía que crece apoyada en el gasto público, mientras las inversiones pierden impulso, reducen el crecimiento potencial y amenazan su sostenibilidad. Sin inversión no hay productividad, sin productividad no hay empleo formal y sin empleo formal no hay cohesión social ni sostenibilidad fiscal.l.
Empleo e informalidad
El mercado laboral reflejó estas tensiones. La tasa de desempleo ha disminuido, principalmente debido al crecimiento del empleo informal, que supera el 55 por ciento.
Los aumentos reales del salario mínimo en los últimos años, sin una mejora equivalente en la productividad, han empujado a los trabajadores fuera del empleo formal y hacia el sector informal, reduciendo la base de cotización y debilitando el sistema de protección social.
Crisis energética y sanitaria
Dos sectores ilustran claramente los límites de la gestión de emergencias. En el sector energético, la ausencia de una ruta de transición clara, la escasez de gas, el aumento de las importaciones y el aumento de los precios han convertido la seguridad energética en un problema económico crítico. El riesgo de corte de energía ya no era una advertencia técnica.
En el ámbito sanitario, la situación ya es una crisis abierta. Los cierres de servicios, las dificultades para obtener medicamentos, el aumento de las tutelas y la presión financiera sobre clínicas y hospitales afectan directamente a los pacientes. Antes de cualquier reforma estructural, es necesario estabilizar el funcionamiento del sistema y garantizar su financiación. El gobierno se olvidó de los pacientes y centró sus esfuerzos en convertirlo en una cuestión ideológica.
Finanzas públicas
El próximo gobierno tendrá una enorme tarea en mente intentar estabilizar las finanzas públicas y para ello será necesario un consenso nacional con la participación de todas las fuerzas políticas y sociales, conscientes de la compleja realidad que hay que superar. Parece una frase ingenua, pero la magnitud del desafío es tal que sin duda habrá que mantener conversaciones en estos términos.
última llamada
El balance de 2025 deja un mensaje claro, las advertencias se han cumplido. Pero deja una advertencia adicional, quizás más importante: las crisis no se resuelven rompiendo las reglas.
Colombia necesita enfrentar sus problemas con responsabilidad fiscal, respeto a la Constitución, una política exterior pragmática y una estrategia clara de crecimiento e inversión.
El 2026 será decisivo, no sólo para el rumbo económico del país, sino también para la fortaleza de sus instituciones y la confianza de quienes invierten, trabajan y producen en Colombia.
BRUCE MAC MAESTRO
Por TIEMPO