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En un giro institucional que busca sacudir el letargo en materia de reparación a las víctimas en el Caribe colombiano, La Unidad de Restitución de Tierras (URT) lanzó
En un giro institucional que busca sacudir el letargo en materia de reparación a las víctimas en el Caribe colombiano, La Unidad de Restitución de Tierras (URT) lanzó una ‘depuración’ de procesos.
La Dirección Territorial Bolívar – Sucre anunció la revisión con el objetivo de revocar 200 resoluciones administrativas que, en gobiernos anteriores, Cerraron la puerta a los pedidos de justicia y reparación de miles de campesinos.
Esta estrategia no es un simple procedimiento burocrático; Es un reconocimiento implícito de que El Estado pudo haber fallado en su análisis jurídico, social y catastral, dejando desprotegidas a familias desplazadas por la violencia.
En el pasado sufrimos presiones que nos llevaron a renunciar a nuestras tierras en condiciones injustas. Hoy, gracias a la URT, recuperamos la esperanza
Antonio GodoyVíctima del conflicto armado en el Caribe
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El director de la URT y representantes de familias beneficiadas con proyectos productivos. Foto:Nelson Ardila
El epicentro de este cambio de rumbo se materializa en el caso de la familia Godoy, víctimas del emblemático predio La Camaronera, Propiedad ubicada en el municipio de Turbana (Bolívar) en las cercanías del Canal del Dique.
Durante años, este territorio fue el símbolo de una compleja convergencia entre el fuego cruzado de actores armados y presiones de intereses económicos privados que obligaron al despojo.
Tras una revisión, la URT ha revocado el acto administrativo que negaba amparo a los Godoy, inscribiéndolos formalmente en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF). Este paso es el ‘boleto de entrada’ a la fase judicial, donde Jueces especializados decidirán la entrega material del inmueble.
«En el pasado sufrimos presiones que nos llevaron a renunciar a nuestras tierras en condiciones injustas. Hoy, gracias a la URT, recuperamos la esperanza», dijo Antonio Godoy, cuya voz resume el sentimiento de una región que ha esperado décadas por una respuesta clara.
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Paula Bolívar, subdirectora de la URT, en vivo con EL TIEMPO Foto:El TIEMPO
Para Daniel Flórez, director territorial de la URT en Bolívar y Sucre, el objetivo es desmontar los efectos del despojo provocado no sólo por los fusiles, sino por los que llama «actores económicos e institucionales».
El objetivo de la entidad para 2026 se centra en tres ejes fundamentales:
Seguridad jurídica: Garantizar que cada expediente cuente con verificación técnica de alta calidad para evitar que los procesos se desmoronen en los tribunales.
Reparación integral: No sólo devolver la hectárea de tierra, sino también emitir conceptos que permitan el acceso a proyectos productivos y servicios básicos.
Recuperación de confianza: Sanar la relación con las comunidades rurales que sentían que la Unidad era una entidad de difícil acceso.
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Si bien el anuncio genera optimismo, el desafío logístico es enorme. Revisar 200 expedientes implica una carga administrativa que requiere equipos interdisciplinarios robustos en un área donde la seguridad sigue siendo un factor variable.
Sin embargo, el mensaje que envía la entidad desde El Carmen de Bolívar es: «La justicia agraria en Colombia ha entrado en una etapa de autocrítica institucional para garantizar que ningún derecho legítimo quede enterrado bajo una resolución. archivo».
La restitución en Bolívar y Sucre ya no sólo mira hacia adelante, sino que se detiene en corregir el pasado, bajo la premisa de que No puede haber paz territorial sin una seguridad jurídica que incluya, sobre todo, a los más vulnerables.
Documental de la periodista Jineth Bedoya. Foto:
cartagena
