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El Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, hizo un anuncio significativo sobre la captura de Anísbal Garavito, conocido en los círculos delictivos como ‘Miller’. Este individuo es integrante de
El Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, hizo un anuncio significativo sobre la captura de Anísbal Garavito, conocido en los círculos delictivos como ‘Miller’. Este individuo es integrante de la estructura ‘John Linares’ del bloque ‘Jorge Briceño Suárez’, que actúa bajo el Grupo armado dirigido por ‘Calarcá’, siendo considerado el responsable de un ataque que resultó en la muerte de siete soldados.
‘Miller’ tiene un pasado relacionado con la extinta guerrilla de las FARC, siendo uno de los firmantes del acuerdo de paz. Sin embargo, ha retomado las armas y actualmente existe una orden de captura en su contra, como enfatizó el ministro, quien subrayó que se trata del responsable del ataque a la Patrulla Militar encargada de salvaguardar el espacio territorial dedicado a la formación y restablecimiento de Charras, en la región de San José del Guaviare.
La declaración sobre la recompensa de hasta 50 millones de pesos fue realizada tras una reunión del Consejo de Seguridad, en el que participaron altos mandos de las fuerzas armadas, además del gobernador y el alcalde del municipio. Durante este encuentro, el ministro también denunció el alarmante problema del reclutamiento de menores de edad pertenecientes a la comunidad étnica Nukak, además de reconocer el aumento de la inseguridad que afecta al departamento. Agregó que los grupos ilegales están ocupando cada vez más el espacio rural.
Sánchez resaltó que «La inseguridad se ha intensificado en el último año, especialmente debido a la fragmentación de dos carteles de narcotráfico liderados por ‘Iván Bite’ y ‘Calarcá’.» Recordó que con el grupo de ‘Calarcá’ se ha mantenido un cese de operaciones militares ofensivas hasta el momento. Esto ha generado un contexto en el cual el incremento de la criminalidad observada se debe, en gran medida, a los intereses corruptos y delictivos que son primordiales en esta situación.
Esta división criminal ha conducido a un considerable aumento en casos de homicidio, extorsión y el reclutamiento de menores en comunidades indígenas, afectando profundamente la movilidad en la zona. Ante esta realidad, el Estado tiene el deber imperioso de recuperar el control territorial y garantizar la seguridad de sus ciudadanos.
En el contexto del Guaviare, se mencionó la llegada de una comisión de evaluación del gobierno nacional, que tiene previsto reunirse con un tercer validador y los delegados de las disidencias del grupo de ‘Calarcá’. Según los informes que circulan, el presidente Gustavo Petro tomará decisiones clave en relación con este proceso.
Mientras tanto, Sánchez agregó que las fuerzas militares y la Policía Nacional deben continuar ejecutando su deber constitucional. «Aunque existe un cese de operaciones ofensivas y una suspensión de las especiales, la instrucción es incuestionable: atacar todos los fenómenos delictivos para proteger a la población civil. En el caso de que se produzca una reunión, independientemente del grupo involucrado, deben aplicar la fuerza del Estado, siempre de acuerdo con las leyes internacionales», finalizó.
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