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La situación de Air-e, La empresa encargada de la distribución y comercialización de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira, volvió a encontrarse en el centro del debate
La situación de Air-e, La empresa encargada de la distribución y comercialización de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira, volvió a encontrarse en el centro del debate público tras un nuevo requerimiento de la Procuraduría General de la República ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD).
El organismo de control solicitó ampliar y precisar la información brindada sobre las alternativas que serían evaluadas para recuperar financieramente la empresaintervenido por el gobierno nacional desde septiembre de 2024.
La solicitud se produjo luego de que Superservicios respondiera a una primera carta enviada por la Procuraduría General de la República. Luego de revisar ese informe, el Ministerio Público concluyó que Varias de las respuestas fueron poco claras o insuficientes respecto de los aspectos solicitados.
Entre los puntos que generan preocupación está la ausencia de detalles sobre las propuestas encaminadas a evitar una posible liquidación de la empresa. También se solicitó mayor explicación sobre los cambios de agentes especiales que han estado a cargo del proceso desde el inicio de la intervención.
Según la Procuraduría General de la República, el informe tampoco explica con precisión las medidas adoptadas para garantizar la continuidad administrativa, la coherencia en las decisiones y la trazabilidad del proceso durante el proceso. Relés en la intervención.
Sede de la Fiscalía General Foto:oficina del fiscal
Por ello, en el marco de sus funciones preventivas, las Procuradurías Generales delegaron en Vigilancia de la Función Pública y de Asuntos Ambientales, Mineros, Energéticos y Agrarios Solicitaron a Superservicios informar si actualmente existe un plan de solución estructurada para la empresa. De ser así, solicitaron enviar los documentos que sustenten dicha estrategia.
El Ministerio Público indicó que el seguimiento de este caso es una prioridad, dado que el sector energético es considerado estratégico para el desarrollo del país y para garantizar la prestación continua de un servicio esencial para millones de usuarios.
La intervención de Air-e se anunció en 2024 con el objetivo de corregir problemas administrativos y financieros que venían afectando a la empresa. Sin embargo, casi un año y medio despuésLas cifras financieras siguen generando preocupación entre los actores del sector energético.
Datos conocidos durante el proceso indican que la deuda total de la empresa ha alcanzado niveles cercanos a los 3 mil 600 millones de pesos. De esa cantidad, alrededor de 1.700 millones se habrían acumulado después de iniciada la intervención estatal.
Uno de los puntos más sensibles es el aumento de las obligaciones con las empresas generadoras de energía. Antes de la intervención, Estas deudas ascendieron aproximadamente a 825.000 millones de pesos, pero luego superaron los 2,4 billones en distintos momentos del proceso.
A inicios de 2026, estimaciones del sector señalaban que la deuda con las generadoras rondaba los 1,7 billones de pesos, a los que se suman cerca de 300.000 millones en subsidios pendientes del Gobierno.
Aire Foto:X: @Aire_Energia
Para algunos expertos, el panorama financiero de la empresa no sólo representa un problema corporativo, sino un desafío para la estabilidad del sistema eléctrico regional.
José Camilo Manzur, presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidoras de Energía Eléctrica (Asocodis), ha advertido de que la inviabilidad de una empresa del sector puede generar efectos en cadena dentro del sistema eléctrico.
La evolución del caso también ha generado preocupación entre autoridades y líderes del Caribe colombiano.
El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, ha insistido en que la situación de Air-e refleja un problema estructural en el sistema eléctrico de la región. Según el presidente, el alto costo de la generación de energía ha contribuido a profundizar las dificultades financieras de los operadores.
La semana pasada, Verano volvió a referirse al tema y advirtió sobre la necesidad de analizar soluciones fundamentales que permitan estabilizar la prestación del servicio.
El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa. Foto:Gobernación
Días antes, el gobernador solicitó formalmente a Superservicios realizar una mesa técnica para discutir el futuro de la empresa y evaluar alternativas que eviten un mayor deterioro del sistema eléctrico en la región.
La propuesta se suma a otras iniciativas propuestas en los últimos meses. En 2025, Verano y el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, enviaron una comunicación al presidente Gustavo Petro en la que plantearon la posibilidad de dividir la empresa y crear un nuevo operador de red gestionado desde la región.
