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Dos explosiones el 9 de diciembre pusieron a Medellín y Antioquia en estado de alarma. Ambos hechos se registraron en jurisdicción de Copacabana, municipio del norte del área
Dos explosiones el 9 de diciembre pusieron a Medellín y Antioquia en estado de alarma.
Ambos hechos se registraron en jurisdicción de Copacabana, municipio del norte del área metropolitana del Valle de Aburrá. En menos de 24 horas, estos dos incidentes obligaron a las autoridades de la región a intensificar la seguridad en las carreteras.
El primer incidente ocurrió en horas de la madrugada, cuando hombres armados, que se habrían identificado explícitamente como miembros del ELN, detonaron una carga explosiva en el peaje de Palocabildo, ubicado en la antigua vía entre Copacabana y Barbosa.
Según información de testigos, los atacantes instaron a los trabajadores del peaje a evacuar porque se produciría una detonación. Efectivamente, minutos después se produjo una explosión en el lugar que solo provocó daños materiales. Además, los subversivos dejaron un altavoz en el lugar que reproducía, de manera ininterrumpida, propaganda relacionada con ese grupo al margen de la ley.
Horas más tarde y aún después de haberse celebrado un consejo extraordinario de seguridad con la participación de todas las autoridades y altos mandos de la región, se produjo una segunda explosión.
Alrededor de las 6 de la tarde, profesionales de la Sección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional realizaron un control a un automóvil que se desplazaba cerca del peaje de Copacabana en la vía Medellín Bogotá, en el que al parecer dos personas manejaban un artefacto explosivo, el cual detonó accidentalmente.
“Debido a la explosión, los dos ocupantes del vehículo fallecieron. Asimismo, nuestros dos profesionales de la Policía resultaron levemente heridos y fueron trasladados a un centro asistencial”, dijo el Brigadier General William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.
El alto oficial del MEVAL reveló que en la zona se desplegaron técnicos antiexplosivos para descartar otros artefactos explosivos, quienes encontraron en la cajuela del auto dos fusiles, pertrechos y municiones.
Al respecto, Castaño señaló: “No se ha encontrado ningún otro elemento que vincule este hecho con algún grupo criminal en específico. Es importante aclarar que, antes de morir, uno de los ocupantes del vehículo manifestó que llevaba la granada, armas y municiones a Bogotá”.
Aunque tras las investigaciones preliminares no se ha podido vincular este segundo episodio con ningún grupo al margen de la ley, EL TIEMPO conoció que uno de los fallecidos en el hecho tenía un largo prontuario judicial.
Se trata de Christian Jairo Barreto Carvajal, un cucuteño que habría pertenecido a la Policía Nacional, adscrito a la Policía Metropolitana de Bucaramanga hasta 2020.
Barreto Carvajal, quien también se desempeñaba como uniformado en Magangué, fue destituido en 2020, según conoció EL TIEMPO, por presuntos vínculos con bandas criminales. Este caso continúa bajo investigación interna en la Policía Nacional.
Pero además de esos poderosos antecedentes, Barreto tiene varios antecedentes a su nombre por delitos como violencia doméstica, tráfico y fabricación de armas de fuego, concierto para delinquir, extorsión y secuestro agravado, así como peculado por apropiación y hurto menor.
EL TIEMPO tuvo acceso a los expedientes judiciales de algunos de los casos por los que incluso Barreto había sido condenado anteriormente.
El primer registro data de 2019, cuando Barreto Carvajal fue capturado por los delitos de robo calificado y agravado y concierto para delinquir agravado.
Durante las audiencias de acusación, Barreto no aceptó los cargos y se le impuso medida de prisión preventiva en un centro carcelario.
Pese a ello, en 2020, un año después, se emitió un boleto de liberación a favor de Barreto.
Tres años después, en 2023, Barreto fue capturado en Bucaramanga por el delito de secuestro simple en concurso homogéneo y sucesivo.
EL TIEMPO conoció que en noviembre de ese año, luego de que la Fiscalía presentara acusación en su contra, Barreto llegó a un acuerdo preliminar con el ente judicial.
Por medio del suscrito se condenó a Barreto Carvajal como responsable del delito de secuestro simple con circunstancias de agravación punitiva y con circunstancias de atenuación punitiva en concurso homogéneo y sucesivo.
Fue precisamente el 16 de noviembre que el Juzgado Penal 013 del Circuito con Función de Conocimiento de Bucaramanga dictó sentencia condenatoria por preacuerdo en contra de Barreto.
El policía despedido fue condenado a 45 meses de prisión (tres años y siete meses) y una multa de 355 salarios mínimos legales vigentes (411 millones de pesos).
EL TIEMPO conoció que, como parte del preacuerdo con la Fiscalía General de la República, Barreto Carvajal recibió el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena por un período de prueba de dos años.
NICOLÁS TAMAYO ESCALANTE
Periodista de Nación, en Medellín.
