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La Fiscalía 20 de Cartagena de Indias bloqueó más de 80 páginas de placas de inmuebles en el norte de Cartagena en terrenos aledaños al Aeropuerto Internacional Rafael
La Fiscalía 20 de Cartagena de Indias bloqueó más de 80 páginas de placas de inmuebles en el norte de Cartagena en terrenos aledaños al Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de la Ciudad Heroica.
es un cuadrante de más de 15 hectáreas que se comercializaron para proyectos de departamentos de estratos 5 y 6.
“Lo que hacen los fiscales es bloquear estas hojas de matrículas para impedir que se comercialicen: no se pueden vender ni comprar porque están en un proceso judicial y esperando una decisión judicial desde hace más de 13 años”, dice el abogado y observador ciudadano Eduardo del Río.
Frente al cuadrante en disputa, en el sector Cielo Mar, el Distrito construye el Gran Malecón del Mar, el proyecto urbano, recreativo y turístico más importante de esta administración.
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Propiedades en venta en el Aeropuerto de Cartagena Foto:John Montaño/EL TIEMPO
La Fiscalía Seccional 20 instaló, desde el pasado 1 de diciembre, un cerco de notificación con los números de placas que están en el ojo de esta tormenta inmobiliaria, frente a la pista del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez.
Aeronáutica Civil (Aerocivil) solicitó formalmente la restitución de más de 80 inmuebles ubicado en la zona más exclusiva del norte de la ciudad, alegando que Son Bienes de Uso Público de la Nación legalmente vinculados al terminal aéreo.
El conflicto, radicado bajo el proceso penal 27.749 por la presunto delito de fraude procesal, pone en jaque el inversión de cientos de familias que han adquirido departamentos de estratos 4, 5 y 6 en proyectos inmobiliarios de gran escala.
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Playa Azul de La Boquila Foto:John Montaño/EL TIEMPO
Según fuentes del ente investigador, la magnitud de esta situación es considerablemente mayor que la escándalos urbanísticos anteriores como el de la ‘torre Aquarela’.
La advertencia se centra en más de 1.700 departamentos que se comercializan mediante megaproyectos impulsados por firmas constructoras de amplio reconocimiento nacional, con Precios de venta que oscilan entre $350 y $450 millones de pesos por unidad.; Así, el riesgo económico sería para los compradores colombianos y extranjeros.
«El núcleo del conflicto está en la naturaleza jurídica de los bienes. La legislación colombiana es categórica: los bienes de uso público son inalienables, imprescriptibles y no pueden ser embargados», agrega Eduardo del Río, abogado y observador del proceso.
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Vía al Mar Cartagena Barranquilla Foto:John Montaño/EL TIEMPO
La gravedad jurídica radica en que, si se confirma que las tierras son públicas, el Los compradores tendrían que recurrir a los tribunales judiciales.
Según el jurista Del Río, «ni siquiera los compradores que alegan desconocimiento podrán impedir la restitución del bien público».
Las autoridades han sido enfáticas: las víctimas de este presunto fraude deberán iniciar acciones penales o civiles individuales contra los constructores y promotores. Además, estos procesos hoy planifican la obligación del Estado de recuperar las más de 15 hectáreas en disputa.
Aviso de Notificación de la Fiscalía de Cartagena Foto:John Montaño/EL TIEMPO
La zona en conflicto es el corredor más exclusivo de Cartagena, la salida a Barranquilla por la Vía al Mar, donde se proyectan no sólo viviendas de lujo sino también cadenas hoteleras de alto nivel.
Ya han comenzado a aparecer las primeras acciones legales de los compradores afectados.
Uno de ellos es de la ciudadana Laura Arias, quien estableció un denuncia por fraude y demanda civil tras argumentar que la inseguridad jurídica imposibilita un acto legítimo.
El Tribunal Superior de Cartagena ya protegió los derechos de la Nación, ordenando a la Fiscalía emitir decisión final sobre un proceso que se arrastra desde hace más de 13 años.
Este caso pone en duda la seguridad jurídica de las licencias de construcción otorgadas en esta zona de la ciudad y compromete gravemente al sector inmobiliario.
“Seguir comercializando estas unidades expone a cientos de ciudadanos a pérdidas patrimoniales irreparables en el mercado inmobiliario más cotizado del país”, concluye el abogado del Río.
Documental de la periodista Jineth Bedoya. Foto:
Juan Montaño
corresponsal de EL TIEMPO
cartagena
En X: @PilotodeCometas
