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el caso de Lisseth del Carmen Barrios Monterrosauna mujer de 36 años brutalmente atacada por su pareja en Baranoa, Atlántico, abrió un debate urgente sobre la respuesta institucional
el caso de Lisseth del Carmen Barrios Monterrosauna mujer de 36 años brutalmente atacada por su pareja en Baranoa, Atlántico, abrió un debate urgente sobre la respuesta institucional a la violencia de genero.
la denuncia de Diputada del Atlántico Alejandra Moreno Astwood señala fallas en cada eslabón de la ruta de atención, desde los centros de salud hasta las autoridades encargadas de proteger a la víctima y sus dos hijas.
Tres días sin fiscal, ausencia de medidas urgentes y un agresor aún sin procesamiento resumen un episodio que para las organizaciones de género constituye un riesgo inminente de revictimización.
Lisseth llegó al Hospital Baranoa el pasado 7 de diciembre con graves heridas y con la claridad de que su pareja, Carlos de la Cruz Silvera, había sido quien la agredió.
Pese al reporte, la ruta de atención a víctimas de violencia de género no fue activada. El diputado Moreno señala que no se realizaron las notificaciones obligatorias a las autoridades ni se aplicaron protocolos básicos de protección.
Alejandra Moreno de la Comisión Jurídica para la Igualdad de la Mujer en la Asamblea del Atlántico. Foto:Prensa de la Asamblea Atlántica
Debido a la gravedad de las heridas, la mujer fue remitida al Clínica Reina Catalina. Allí, según la denuncia, la epicrisis dejó evidencia de un caso de violencia doméstica, pero no se dio aviso a la policía o la fiscalía. Este doble silencio institucional impidió una reacción temprana en un evento que debió ser catalogado, desde un principio, como de riesgo extremo.
La comisaría de la familia de Baranoa recién se enteró del caso un día después, gracias a la denuncia de un tercero. Sin embargo, lejos de encontrar atención articulada, los denunciantes terminaron pasando por varias entidades sin obtener respuestas concretas.
La llamada Policía Morada y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) intervinieron parcialmentepero no lograron definir medidas para proteger a la familia.
Retorno simbólico de mujeres en Buenaventura, Valle del Cauca. Foto:EL TIEMPO
El diputado señala que una de las hijas fue trasladada a familiares maternos, mientras que la otra permanece con el presunto agresor, lo que aumenta el riesgo para la menor. “Ninguna entidad está asumiendo la protección integral de la familia de la víctima. Hay una falta de empatía institucional que se traduce en escenarios de violencia”, advirtió Moreno.
Uno de los puntos más cuestionados es el retrasoe tres días para asignar un fiscal al caso. Sin esa designación, no se podría emitir una orden de arresto ni avanzar el procesamiento. Para la diputada, esta demora agrava la vulnerabilidad de Lisseth y deja un mensaje de desprotección a las mujeres que denuncian.
Moreno insiste en que el proceso debe catalogarse como intento de feminicidio y ser priorizado por la Fiscalía Seccional del Atlántico, especialmente dada la proximidad del receso judicial. También alerta sobre la falta de apoyo del Icbf a las niñas, quienes no han recibido atención psicológica ni seguimiento médico.
«El restablecimiento de los derechos de estos menores no se está cumpliendo. Es urgente que las instituciones actúen con la diligencia que exige un caso como este», afirmó.
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