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La emergencia ambiental registrada en Medellín el pasado miércoles 28 de enero a raíz de intensas lluvias que desbordaron arroyos y generaron múltiples deslizamientos de tierra, no solo
La emergencia ambiental registrada en Medellín el pasado miércoles 28 de enero a raíz de intensas lluvias que desbordaron arroyos y generaron múltiples deslizamientos de tierra, no solo dejó daños materiales, sino que sacó a la luz una situación de falta de empatía y posibles abusos.
En el sector de El Poblado, específicamente en la vía que conduce al Country Club y conecta con la Doble Carril Las Palmas, el Habitantes de la vereda El Vallano y sectores aledaños quedaron completamente aislados tras la caída de un deslizamiento de tierra que bloqueó la vía principal de acceso..
Ante la imposibilidad de transitar por el recorrido habitual, la única alternativa para decenas de familias fue cruzar una vía interna en la urbanización Altos de Santa Catalina.
Colecciones en la unidad de Las Palmas Foto:Noticias H13
Sin embargo, lo que parecía una solución lógica a una crisis de movilidad se convirtió en una queja pública.: la administración de la urbanización habría condicionado el paso de vehículos al pago de una suma de $100.000 pesos.
La denuncia, que incluye un video, fue dada a conocer por el medio H13 y posteriormente confirmada por el concejal de Medellín, Sebastián López, quien indicó que también recibió dicha denuncia de ciudadanos afectados.
“Hago un llamado a la Alcaldía de Medellín a que presten atención a la denuncia que se está haciendo sobre la citada urbanización de la avenida Las Palmas que está cobrando a vecinos cuya vía quedó bloqueada por el aguacero de ayer 100 mil pesos, 100 mil pesos, para poder pasar. Esa no es la solidaridad de Medellín, esos no son los valores de la ciudad de Medellín y tenemos que intervenir de inmediato ante esta gravísima denuncia. y que triste”, expresó el concejal López en sus redes.
Algunos calificaron el cargo como un «peaje ilegal» y un acto de «extorsión social». Según testimonios, los guardias de seguridad del conjunto residencial impedían el tránsito a menos que se pagara el monto requerido, ignorando que se trataba de una situación de fuerza mayor donde niños, adultos mayores y trabajadores necesitaban salir de la zona de riesgo para llegar a sus destinos o buscar suministros.
La denuncia ha generado fuerte rechazo en la opinión pública y un llamado urgente a las autoridades locales, incluida la Inspección de Policía y la Alcaldía de Medellín, para que intervengan en este conflicto.
Colecciones en la unidad de Las Palmas Foto:Noticias H13
Mientras la ciudad intenta recuperarse de los estragos de las lluvias, queda sobre la mesa el debate sobre los límites de la propiedad privada versus el derecho a la libre movilidad y la solidaridad en tiempos de desastres naturales.
Hasta el momento no se ha reportado ningún pronunciamiento oficial que justifique el cobro bajo criterios legales o de mantenimiento privado en medio de una emergencia pública.
