La organización internacional Human Rights Watch (HRW) sacudió el escenario diplomático este martes 17 de marzo de 2026 al denunciar graves violaciones a derechos fundamentales en El Salvador. El informe revela que el gobierno salvadoreño incurre en desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias contra ciudadanos que llegan deportados de Estados Unidos. Por ello, la directora para las Américas de la ONG, Juanita Goebertus, exigió al gobierno de Donald Trump dejar de enviar personas a lo que calificó como el «agujero negro» del sistema penitenciario salvadoreño. Asimismo, el documento detalla que las autoridades locales detienen a los migrantes inmediatamente al aterrizar en territorio centroamericano, privándolos de cualquier contacto con sus familiares o abogados defensores.

En cuanto a las cifras, el informe documenta el caso de al menos 11 salvadoreños cuyo paradero permanece desconocido tras su expulsión de territorio estadounidense entre marzo y octubre de 2025. Asimismo, estos incidentes ocurren en un contexto donde más de 9.000 ciudadanos regresaron a su país bajo las estrictas políticas migratorias de la Casa Blanca durante el último año. Por ello, investigadores de HRW recogieron testimonios de 20 familiares que denuncian la ausencia total de procesos judiciales y la falta de presentación ante jueces competentes. Además, la organización destaca que ni San Salvador ni Washington presentan pruebas concluyentes que vinculen a estos detenidos con estructuras criminales como la MS-13, más allá de simples acusaciones sin sustento legal.

Human Rights Watch denuncia desapariciones forzadas de deportados en El Salvador/FOTO: AFP

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Por otro lado, diversos portales de noticias internacionales e informes verificados de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos resaltan la opacidad del Centro de Contención del Terrorismo (CECOT). Diversas fuentes oficiales informan que las autoridades trasladan a los deportados a esta megacárcel de máxima seguridad, donde enfrentan condiciones de aislamiento total y una suspensión de facto de sus garantías constitucionales. Además, organizaciones locales como Cristosal advierten que el régimen excepcional vigente en El Salvador facilita estas capturas masivas sin necesidad de órdenes judiciales previas. Asimismo, la comunidad internacional observa con preocupación cómo la etiqueta de “terrorista” sirve para justificar el encarcelamiento de personas sin antecedentes penales comprobados.

En cuanto a la respuesta institucional, el gobierno de Nayib Bukele defiende su estrategia de seguridad nacional como una herramienta necesaria para desmantelar las pandillas que aterrorizaron al país durante décadas. En consecuencia, los representantes oficiales minimizan las denuncias de organismos externos y mantienen el funcionamiento de los centros de detención bajo estrictos protocolos de confidencialidad. Por otro lado, los abogados de las víctimas aseguran que la estigmatización del migrante deportado alimenta un ciclo de abuso donde el Estado viola sistemáticamente el debido proceso. De esta manera, el enfrentamiento entre las políticas de “mano de hierro” y los estándares internacionales de protección humana alcanza un punto de máxima tensión durante este primer trimestre de 2026.

Human Rights Watch denuncia desapariciones forzadas de deportados en El Salvador

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Mientras organismos multilaterales analizan este martes de marzo las implicaciones de este informe, los familiares de los desaparecidos continúan buscando respuestas en las morgues y centros judiciales de la capital salvadoreña. La transparencia en la gestión de las listas de presos es vital para que la sociedad civil verifique el estado de salud y la ubicación real de los retornados. Asimismo, los especialistas en migración sugieren que Estados Unidos debería revisar sus protocolos de envío para garantizar que no entrega a personas vulnerables a un sistema que ignora tratados internacionales básicos. Así, la jornada informativa sobre la región se cierra con una alerta candente, reafirmando que la lucha contra el crimen nunca debe justificar la desaparición de ciudadanos bajo custodia de un Estado democrático.

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