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El Ministerio de Transporte, junto con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Invías, reactivará a partir del 6 de noviembre las denominadas audiencias públicas para la
El Ministerio de Transporte, junto con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Invías, reactivará a partir del 6 de noviembre las denominadas audiencias públicas para la socialización del proyecto que contempla el cobro de tasaciónna los propietarios de propiedades ubicadas en el corredor vial que conecta Cartagena con Barranquilla.
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El proceso busca presentar los alcances y mecanismos decobró más de 147.000 inmuebles ubicados en los municipios beneficiados por la ruta al mar. Sin embargo, la decisión de continuar con las audiencias se produce a pesar de que una medida cautelar del Tribunal Administrativo del Atlántico, emitida el 1 de junio, había ordenado suspender el proceso hasta que se cumplan los requisitos de participación ciudadana que marca la ley.
Él El magistrado Jorge Eliécer Fandiño Gallo, en su fallo, determinó que la socialización del proyecto no se había desarrollado adecuadamente. En su auto ordenó suspender temporalmente el cobro “a fin de garantizar que la etapa de socialización se realice en el marco de una audiencia pública de conformidad con el artículo 32 de la Ley 489 de 1998”.
El alcalde de Puerto Colombia, Plinio Saldaña. Foto:Redes sociales – Archivo ET
Él El Tribunal otorgó al Ministerio de Transporte un plazo de tres meses para subsanar las deficiencias y realizar las audiencias bajo criterios de amplia convocatoria y publicidad, para que la ciudadanía pueda participar y conocer los impactos del cargo.
Según la sentencia, yEstas sesiones debían anunciarse con al menos dos meses de antelación. y tener difusión en medios de comunicación masivos, más allá de publicaciones en redes sociales o canales institucionales.
Sin embargo, Diversos actores políticos y ciudadanos han cuestionado la falta de una difusión efectiva. El senador Carlos Meisel, quien interpuso la demanda que dio origen a la medida cautelar, sostiene que el Gobierno Nacional no está cumpliendo órdenes judiciales y que las actividades anunciadas carecen de validez jurídica.
Senador Carlos Meisel. Foto:Cortesía
El congresista de Barranquilla indicó que insistirá en nuevas medidas para detener el proceso, que considera irregular. “Nosotros estamos cumpliendo la ley, el Gobierno no. Están organizando actividades sin ningún tipo de efecto jurídico y vamos a interponer nuevas acciones legales. porque están gastando recursos públicos para socializar un aporte que está suspendido por la justicia”, afirmó Meisel.
También advirtió que La insistencia en desarrollar estos días puede representar un detrimento patrimonial. «Es una manera de intentar ignorar la ley. Si hay una orden judicial, hay que cumplirla. No se trata de oponerse al progreso, sino de respetar los procedimientos», añadió.
El Crece la controversia entre los propietarios de tierras a lo largo del corredor vial, quienes temen que el cargo se implemente sin garantizar espacios de participación ciudadana ni claridad en los criterios de valoración.
Puerto Colombia (Atlántico), Colombia. Foto:Vanexa Romero/El Tiempo
Según el Ministerio de Transporte, Las audiencias comenzarán el 6 de noviembre en Malambo y continuarán durante todo el mes en distintos municipios del Atlántico. El calendario oficial es el siguiente:
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Según las autoridades, El propósito de estas sesiones es “garantizar la transparencia y el acceso a información sobre el proyecto de valoración”, así como escuchar observaciones de la ciudadanía antes de avanzar en la definición del modelo de recaudación.
Puerto Colombia (Atlántico), Colombia. Foto:Vanexa Romero/El Tiempo
El proyecto busca que los propietarios de inmuebles cercanos a la carretera Cartagena-Barranquilla aporten financieramente a través del mecanismo de aporte de valoración, bajo el argumento de que sus propiedades se verán beneficiadas con la mejora en infraestructura y conectividad.
Sin embargo, el esquema ha generado resistencia entre los propietarios y críticas del Congreso, donde Se observa que el proceso no ha sido transparente ni equitativo. Algunos sectores piden revisar los estudios técnicos que determinaron el número de inmuebles y el monto que tendría que pagar cada propietario.
Mientras tanto, La discusión sobre la legalidad y pertinencia del cargo sigue abierta. La decisión final dependerá del cumplimiento de las órdenes judiciales y del avance de las nuevas audiencias convocadas.
