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El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, emitió una severa advertencia durante su discurso en el Congreso Nacional de Municipios, que tuvo lugar esta semana en la vibrante
El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, emitió una severa advertencia durante su discurso en el Congreso Nacional de Municipios, que tuvo lugar esta semana en la vibrante ciudad de Cartagena. A partir del 30 de junio, según el funcionario, los líderes territoriales se verían obligados a asumir una carga financiera que él califica como insostenible.
Esta situación surge de una decisión judicial que ha adquirido el rango de ley, la cual estipula que los gobernadores y alcaldes deben hacerse cargo de la alimentación de las personas privadas de libertad en unidades de reacción inmediata (URI) y en estaciones de policía. Esta normativa ha generado preocupación y frustración entre los gobiernos locales, que se ven forzados a hacer frente a obligaciones adicionales sin contar con los recursos necesarios para ello.
A lo largo de su enérgico discurso, Arana expresó: «Nos están obligando a elegir entre alimentar a las personas privadas de libertad o garantizar la alimentación escolar de nuestros hijos». Su tono firme resonó entre los presentes, incluidos cientos de alcaldes y gobernadores de distintas partes del país. «Comprendemos el componente humanitario de esta problemática, pero no puede convertirse en la competencia de las entidades territoriales», añadió, visiblemente afectado por la situación.
El origen de esta regulación se encuentra en un fallo del Tribunal Constitucional emitido en 2022, el cual fue posteriormente ratificado por el Congreso, asignando a las entidades territoriales la responsabilidad de proporcionar condiciones dignas para los detenidos en centros de reclusión transitoria. Esta decisión fue una respuesta a la sobrecarga que enfrentan las instituciones penitenciarias y a múltiples denuncias sobre violaciones a los derechos humanos.
Yamil Arana, gobernador de Bolívar.
Foto:
Juan David Camacho. Tiempo
No obstante, muchos líderes locales ven esta transferencia de responsabilidades como un ataque directo a su estabilidad financiera. En el departamento de Bolívar, alrededor de 3,000 personas se encuentran actualmente en estaciones de policía y URIs, lo que representaría una carga millonaria para un presupuesto que ya está comprometido con áreas fundamentales como salud, educación y saneamiento básico.
Arana Padauí argumentó: «Esta obligación viola nuestra autonomía fiscal. No es justo que un tribunal, al que respeto profundamente, legisle a partir de sus propias falencias, sin tener en cuenta la realidad económica de los departamentos». Aseguró que las exigencias que se están imponiendo son sobre responsabilidades que no pueden asumir, especialmente dado que los ingresos en muchas regiones son limitados e, incluso, regresivos. «Estamos en un punto crítico donde podríamos tener que sacrificar programas sociales esenciales», dijo.
Además, el gobernador planteó que el silencio del gobierno nacional ante estas decisiones es alarmante. «Lo mínimo que se debería hacer es realizar una evaluación del impacto fiscal. No se pueden imponer cargas desde el centro del país sin considerar la capacidad real de los territorios», afirmó con firmeza.
El llamado a la acción del gobernador de Bolívar no es un caso aislado; varios líderes regionales han alzado la voz en las últimas semanas, alertando que esta decisión amenaza la sostenibilidad de los planes de desarrollo. Algunos han solicitado medidas de precaución que impidan la aplicación de esta ley hasta que se puedan garantizar los recursos necesarios para su cumplimiento.
Este debate fundamental ha suscitado una discusión crítica sobre quién debe financiar el sistema penitenciario, especialmente en sus segmentos más vulnerables. Según los gobernadores, la respuesta es clara: históricamente, ha sido responsabilidad del gobierno nacional, y debe continuar siéndolo.
A medida que se acerca el plazo del 30 de junio, el diálogo continúa siendo vital, y las entidades territoriales requieren urgentemente un Diálogo con el ejecutivo y el Congreso para revisar el alcance de esta medida. Sin un consenso que contemple un adecuado apoyo presupuestario, advierten que los más afectados serán los niños, los jóvenes y los sectores más vulnerables de la sociedad.
Documario del periodista Jineth Bedoya.
Foto:
Cartagena
