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<p>A pesar de que tanto el gobierno como la representación han tenido cierta responsabilidad sobre algunas carreteras de 4G, se ha tomado la decisión de liquidar estos contratos de forma consensuada. Esta medida podría ser utilizada para satisfacer las necesidades en proyectos del Presidente Germen Arca Zapata, presidente de la Fiduciaria Columbia (Asophiducia).</p>
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<p>Durante una reciente entrevista con El Tiempo, un líder sindical enfatizó que <b>lo primordial es que ambas partes reconozcan el contexto</b> y las razones que han llevado a las dificultades que obstaculizan el avance de estas iniciativas, así como la importancia de finalizar estos acuerdos.</p>
<p>Con estos aspectos aclarados, se deben seguir los procedimientos legales adecuados que, en función del tiempo establecido, <b>podrían evitar recursos legales, pero si todo marcha bien, la inclusión de estos en el presupuesto solo será posible desde 2026. Será el Congreso de la República el encargado de aprobar su utilización en los planes gubernamentales.</b></p>
<p>Mediante su cuenta en X y alguna reunión del gabinete, el presidente Petro ha reiterado la urgencia de emplear recursos que no se ejecutaron en las concesiones destinadas a construir ciertas carreteras 4G, que siguen bajo el resguardo de un fiduciario.</p>
<p><iframe title="Fuente de los recursos 4 G y 5 G administrados por el sector fiduciario" aria-label="Gráfico de columnas" id="datawrapper-chart-q2Jh2" src="https://datawrapper.dwcdn.net/q2Jh2/1/" scrolling="no" frameborder="0" style="width: 0; min-width: 100% !important; border: none;" height="512" data-external="1"></iframe>
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<p>Los concesionarios responsables de los desarrollos de estas obras viales, junto con la Cámara de Infraestructura Colombiana (CCI), han insistido ante la Autoridad Ejecutiva que <b>una de las principales razones que impide la ejecución del trabajo ha sido la falta de permisos por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANA).</b> Están dispuestos a trabajar con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para desbloquear la construcción de estos proyectos, un proceso que ha consumido más de tres años.</p>
<p>Arce Zapata, portavoz del sector fiduciario colombiano, ha compartido en editoriales que los recursos bajo custodia incluyen financiamiento para la construcción de carreteras 4G y 5G. Este respaldo también resalta cómo el gobierno podría aprovechar dichos fondos. Así se detalla:</p>
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        <p class="c-cuerpo__media__txt"><span class="c-cuerpo__media__subtitulo c-articulo-img-descripcion">Germán Arce Zapata, presidente de la Asociación Fiduciaria Colombiana.</span><span class="c-cuerpo__media__creditos">Foto:</span><span class="c-cuerpo__media__autor">Asofiducios</span></p>
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<h2>¿Por qué los recursos de las carreteras 4G y 5G se mantienen en Fiducia y no en otro tipo de instrumento financiero?</h2>
<p>Los fondos destinados a la infraestructura de cuarta y quinta generación están regulados por leyes que establecen el mecanismo y propósito de su aplicación a través de la Fiducia. Estas leyes presupuestarias, bajo la supervisión del Consejo Superior de Política Fiscal (CONPES), asignan recursos a través de la validez futura y las asignaciones necesarias para asegurar los costos de los proyectos a largo plazo.</p>
<p>Este mecanismo tiene como objetivo garantizar que se cumplan los contratos desde su inicio hasta su conclusión. No se plantea la posibilidad de un cambio en esas características. La discusión sobre la razón por la cual el dinero se mantiene en fiducia y no en cuentas bancarias se basa en la prevención de que cualquier gobierno modifique la ejecución del proyecto comprometido de forma inmediata.</p>
<h2>El gobierno ha anunciado interés en usar recursos destinados a construir estos proyectos para financiar el programa de vacunación contra la fiebre amarilla. ¿Qué probabilidades hay de que esto se lleve a cabo?</h2>
<p>Las leyes se resuelven a medida que se van aplicando. Esto significa que si un proyecto no cumple con sus objetivos, se pueden revisar las extracciones de fondos, especialmente si los activos están bajo riesgo de deterioro. En el caso particular del proyecto de la carretera Mulaló - Loboguerrero, se tienen 2.200 millones de pesos sin ejecutar que el gobierno desea redirigir hacia el programa de vacunación.</p>
<h2>¿Qué implica esto?</h2>
<p>Para liquidar ese contrato, se requiere un entendimiento entre las partes. El gobierno, por un lado, debe realizar la licitación bajo las condiciones pertinentes, y el contratista, por el otro, debe aceptarlo. En este contexto, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) actúa como el firmante del contrato en nombre del Estado. Si el contrato señalado no se puede llevar a cabo, se deben justificar las razones por las cuales no se ejecutará, comenzando con la transición de información sobre costos y tareas que se confían y ejecutan.</p>
<p>Durante este proceso, es posible alcanzar un acuerdo contractual en el que las obligaciones se derivan del acuerdo de concesión gestionado por los cambios fiduciarios. Aunque los fiduciarios tienen un mandato que seguir, esto no significa que puedan usar los recursos —como peajes, préstamos o validez futura— para otros fines sin el consentimiento debido.</p>
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        <p class="c-cuerpo__media__txt"><span class="c-cuerpo__media__subtitulo c-articulo-img-descripcion">El proyecto de carretera Mulaló-Loboguerrero contempla una nueva ruta de 31.8 kilómetros.</span><span class="c-cuerpo__media__creditos">Foto:</span><span class="c-cuerpo__media__autor">Covimar</span></p>
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<h2>¿Cuánto tiempo debería tomar esto?</h2>
<p>No es fácil determinar un plazo exacto, aunque un debate profundo podría extenderse durante meses. Sin embargo, si ambas partes tienen la voluntad de colaborar y si la transición de cuentas es relativamente sencilla, esto podría facilitar el proceso. Esto se debe a que existe una diferencia clara entre detener la ejecución y la no ejecución total del proyecto. Se trata de un proceso legal que implica negociaciones y conciliaciones entre ambos lados para resolver cualquier aspecto conflictivo. Tras alcanzar un acuerdo, el gobierno obtiene la validación legal para iniciar la próxima validez fiscal.</p>
<h2>¿Por qué la Fiducia es un vehículo ideal para garantizar los recursos de estos proyectos de infraestructura?</h2>
<p>Hay recursos mixtos de diversos orígenes, incluidos fondos privados y peajes. La Fiducia en Colombia actúa como una entidad legal que facilita la voluntad de los invertidos y asegura la construcción sostenible en el tiempo. Este vehículo no permite que los fondos sean utilizados para otros fines fuera del contrato establecido. Desde el momento que los recursos son gestionados por la Fiducia, se asegura su utilización adecuada y no inactiva, pues se invierten dentro de la estructura del proyecto. Es fundamental entender que estos recursos no son propiedad de un grupo específico, sino que están estrictamente destinados a lo acordado en el contrato.</p>
<p><iframe title="Activos públicos manejados en fiducia por línea de negocio" aria-label="Barras agrupadas" id="datawrapper-chart-lY5KL" src="https://datawrapper.dwcdn.net/lY5KL/1/" scrolling="no" frameborder="0" style="width: 0; min-width: 100% !important; border: none;" height="527" data-external="1"></iframe>
</p>
<h2>¿Quién decide cómo se invierten y dónde deben estar estos recursos?</h2>
<p>Existen comités de inversión bajo las regulaciones del supervisor financiero, que son las entidades que supervisan a los fiduciarios, donde los recursos son depositados y administrados, lo que garantiza la transparencia y el control adecuado.</p>
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    <figcaption class="c-cuerpo__media__info">
        <p class="c-cuerpo__media__txt"><span class="c-cuerpo__media__subtitulo c-articulo-img-descripcion">Las sociedades fiduciarias están bajo la supervisión del ente regulador financiero.</span><span class="c-cuerpo__media__creditos">Foto:</span><span class="c-cuerpo__media__autor">Archivo de tiempo</span></p>
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<h2>¿Cómo se realiza la liquidación de contratos y recursos que no se han ejecutado, pero que podrían generar beneficios?</h2>
<p>La liquidación depende de los contratos, que tienen fórmulas específicas para ello. Por ejemplo, en la fase preestablecida para la adquisición de terrenos necesarios, suelen ser comprados con recursos del concesionario. Si un proyecto no se implementa, el Estado debe retener los bienes inmuebles, diseños y rutas adquiridas, además de reembolsar el capital al concesionario por las inversiones realizadas hasta ese momento. Los excedentes luego de la liquidación, incluidos los rendimientos generados, no son reclamos de ningún individuo.</p>
<h2>¿Cuánto dinero existe en la actualidad en proyectos y recursos dentro de la fiducia?</h2>
<p>En el ámbito de Asopiduciador, se efectúan encuestas regulares entre las entidades involucradas para mantener actualizado el estado de estos recursos. Hasta el cierre del 20 de marzo, se contabiliza un saldo de 27.4 mil millones de pesos, con hasta 10.300 millones correspondientes a recursos de importancia futura (38 por ciento). Otros 6.300 millones corresponden a aportaciones del operador (23 por ciento), mientras que 5.100 millones (18 por ciento) provienen de préstamos de entidades bancarias tanto locales como internacionales, además de otros 4.400 millones (16 por ciento) que son aportaciones adicionales destinadas a financiar proyectos.</p>
<h2>A pesar de las dificultades, ¿significa esto que la figura fiduciaria no es efectiva?</h2>
<p>De ninguna manera, ya que todos los proyectos de infraestructura significativos en el país han sido realizados mediante asociaciones público-privadas (APP). Se estima que de cerca de 40 concesiones de 4G y 5G, solo dos no se han ejecutado, y no debido a fallas de las concesiones, sino más bien a circunstancias atribuibles al Estado. Sin duda, hay más proyectos exitosos que fracasos. Las fiducias operan y gestionan todos los recursos de pensiones públicas, administrando también temas como la forestación en la Amazonía. Este modelo asegura que la administración se mantenga técnica y financiera, garantizando que cualquier mandato asignado en estos contratos se cumpla de forma eficiente. En total, los fiduciarios manejan un patrimonio público que asciende a 129.4 mil millones de pesos, lo que representa el 13.1 por ciento del total administrado por estas entidades, que superó los 984 mil millones hasta marzo pasado, un crecimiento del 7.64 por ciento interanual.</p>
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