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La alocución del presidente Gustavo Petro de este 23 de diciembre dejó varias cifras en el aire que han dado de qué hablar. Durante una hora, el jefe
La alocución del presidente Gustavo Petro de este 23 de diciembre dejó varias cifras en el aire que han dado de qué hablar. Durante una hora, el jefe de Estado defendió la declaratoria de emergencia económica, que varios sectores ven como inconstitucional, y sostuvo que esta es necesaria para seguir moviendo la economía nacional que, destacó, ha mejorado durante su administración.
Pero en esta intervención, en la que se esperaba que diera a conocer cuál sería el aumento del salario mínimo para 2026 –solo mencionó un salario vital-, también destacó unos avances en el sistema de salud, a pesar de las múltiples críticas que hay de varios sectores sobre lo que ha hecho este gobierno con el sistema.
Gustavo Petro durante su alocución presidencial Foto:Presidencia
EL TIEMPO analizó las principales cifras de la intervención del mandatario y consultó a expertos, quienes difieren con algunos de los datos entregados por el mandatario en televisión nacional.
El presidente Gustavo Petro defendió la declaratoria de Emergencia Económica y Social, adoptada mediante el Decreto 1390 de 2025, al señalar que la situación fiscal del país enfrenta un riesgo estructural derivado de la combinación entre déficit primario y el actual nivel de las tasas de interés. En su alocución televisada, explicó que “si hay déficit primario y la tasa de interés real está por encima de la tasa de crecimiento real de la economía, entonces la deuda es insostenible y nos lleva a un abismo que hay que prevenir”, argumento que calificó como el fundamento técnico de la decisión.
Según el mandatario, el déficit primario se profundizó por la imposibilidad de alcanzar un superávit fiscal, luego de que el Congreso archivara dos proyectos de ley de financiamiento. “El Congreso irresponsablemente, en dos ocasiones, ha hundido la ley fiscal, y no nos permite llegar al superávit fiscal, que es lo que hace sostenible la deuda”, afirmó. En ese contexto, insistió en que “es absolutamente imprescindible bajar el déficit primario”, dado que, con las actuales condiciones financieras, “hoy la deuda es insostenible”.
Petro sostuvo que el margen de ajuste por el lado del gasto es limitado. “Este Gobierno ya recortó el gasto al máximo”, dijo, al descartar recortes en educación, salud o seguridad. A su juicio, la única alternativa viable es aumentar los ingresos tributarios de manera focalizada. “Lo sano económicamente es aumentar impuestos, pero no se los aumentamos al pueblo, sino a los más ricos de los ricos”, señaló. Entre las medidas anunciadas, mencionó un impuesto al patrimonio que afectaría al 0,6 por ciento de las familias colombianas, con un recaudo estimado de 1,7 billones de pesos, mayores cargas al impuesto de renta para los sectores de mayores ingresos y nuevos tributos para cumplir la orden de la Corte Constitucional de nivelar los regímenes contributivo y subsidiado en salud, con un impacto adicional de 3,7 billones de pesos. También recordó que el presupuesto de salud pasó de “41 billones de pesos en 2019 a 73 billones de pesos hoy”.
Presidente Gustavo Petro en alocución presidencial. Foto:Presidencia
El planteamiento del Gobierno fue cuestionado por el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, quien advirtió errores técnicos en el decreto. Señaló que el texto incurre en una imprecisión al afirmar que el límite inferior de la regla fiscal es una deuda del 50 por ciento del PIB, cuando la ley establece un ancla del 55 por ciento, lo que, en su criterio, debilita la coherencia del diagnóstico macrofiscal. Añadió que los argumentos usados para justificar la emergencia corresponden a escenarios ya contemplados en el marco de la regla fiscal, que cuenta con un instrumento específico: la cláusula de escape, con procedimientos y controles definidos, la cual ya fue aplicada.
Restrepo indicó que en los últimos tres años y medio el uso de esa flexibilidad fiscal habría generado al menos 380 billones de pesos de deuda nueva, lo que explica el aumento de la deuda bruta como proporción del PIB. Según su análisis, el endeudamiento se ha destinado principalmente a financiar gasto primario, lo que revirtió el ajuste logrado tras la pandemia. Recordó que en 2019 se registró un superávit fiscal primario y que a finales de 2023 se estuvo cerca de alcanzarlo nuevamente, antes de que el aumento del gasto ampliara el déficit.
El exministro también rechazó que el Banco de la República sea responsable del mayor costo de la deuda. Afirmó que son los mercados los que perciben un mayor riesgo y exigen tasas más altas, y señaló que desde comienzos de 2022 el costo del endeudamiento ha aumentado en más de 50 por ciento. A su juicio, la emergencia resulta constitucionalmente insostenible, dado que los hechos alegados serían consecuencia de decisiones fiscales del propio Ejecutivo.
En la misma línea se pronunció el expresidente Iván Duque, quien comparó la evolución de la deuda pública. Señaló que su administración entregó la deuda bruta del Gobierno Central proyectada en 55,1 por ciento del PIB para 2023, mientras que actualmente se ubicaría en 65 por ciento del PIB. Defendió el manejo fiscal durante la pandemia y cuestionó que ahora se pretenda “fabricar” una emergencia económica para imponer nuevos impuestos, argumentando que situaciones como el FEPC, la UPC en salud y las sentencias judiciales son obligaciones previsibles que deben incorporarse al presupuesto ordinario y no presentarse como choques excepcionales.
Durante su intervención, el presidente Gustavo Petro aseguró que no se ha producido un aumento en las muertes de personas con enfermedades huérfanas y que los fallecimientos recientes se concentran, en su mayoría, en EPS no intervenidas como Sura y Compensar. Según el mandatario, estas muertes no obedecen directamente a las patologías raras, sino a “consecuencias complementarias”, y sostuvo que la tasa de mortalidad en Colombia es similar al promedio mundial, descartando así que exista una crisis atribuible a las decisiones de su Gobierno.
Gustavo Petro y sus ministros Foto:Presidencia
No obstante, datos oficiales del propio Estado, citados por la Federación Colombiana de Enfermedades Huérfanas y Raras (Fecoer), contradicen esa afirmación. Con base en información del Ministerio de Salud y del sistema SISPRO, entre enero y el 13 de diciembre de 2025 fallecieron en Colombia 2.436 personas con enfermedades raras, lo que equivale a un promedio de siete muertes diarias y cerca de 210 al mes. La federación advirtió que entre enero y agosto se registraron 1.501 muertes, y que entre septiembre y noviembre se sumaron 935 fallecimientos adicionales en solo tres meses, lo que elevó el promedio diario de muertes de seis a nueve, un aumento cercano al 50 %, lo que evidencia una aceleración de la mortalidad y no una estabilización.
Fecoer también cuestionó que el discurso presidencial omita que Nueva EPS, entidad intervenida y bajo control del Gobierno, concentra la mayor cantidad de muertes registradas, con 536 casos, equivalentes al 22,4 % del total nacional, pese a no ser la aseguradora con más pacientes con enfermedades raras. Mientras Nueva EPS reporta 17.505 afiliados con este tipo de patologías, Sura tiene 22.138. La federación subrayó además que no existe una “tasa mundial” comparable de mortalidad en enfermedades raras, dada la diversidad de más de 9.600 patologías y la falta de registros homogéneos, y advirtió que atribuir los fallecimientos a “consecuencias complementarias” desconoce que las complicaciones forman parte de la enfermedad y que datos oficiales muestran una tendencia interna grave que compromete la responsabilidad del Estado.
Otra de las afirmaciones del primer mandatario aseguraba que no existe un “caos” en el sistema de salud, sino un problema circunscrito a la “contabilidad de las EPS”, y responsabilizó al Congreso y a gobiernos anteriores de haber convertido a estas entidades en instituciones financieras desde 2007. Según el mandatario, la falta de aprobación de su reforma impidió transformar a las EPS en verdaderas gestoras de salud, y advirtió que no debe confundirse la crisis administrativa de estas entidades con el funcionamiento del sistema sanitario en su conjunto.
Sin embargo, las cifras oficiales y el estado de las entidades intervenidas contradicen esa lectura. Actualmente, el Gobierno mantiene bajo intervención de la Superintendencia Nacional de Salud a ocho EPS que concentran alrededor de 23 millones de afiliados, es decir, cerca de la mitad de la población asegurada del país. Entre ellas se encuentran Nueva EPS (11,5 millones de afiliados), Coosalud (3,3 millones), Famisanar (2,9 millones), Savia Salud (1,6 millones), Asmet Salud (1,6 millones), Emssanar (1,7 millones), SOS EPS (747 mil) y Capresoca (176 mil), intervenidas entre mayo de 2023 y octubre de 2024 por distintas administraciones de la Supersalud.
Lejos de mostrar mejoras generalizadas, los indicadores de estas EPS no han repuntado tras la intervención estatal y, en varios casos, se han deteriorado. El ejemplo más crítico es Nueva EPS, la mayor aseguradora del país, que ha tenido cuatro interventores en menos de dos años y no ha publicado estados financieros ante la propia Supersalud desde su intervención en abril de 2024. Aunque el Gobierno levantó recientemente la intervención a Sanitas —con 5,7 millones de afiliados— tras su recuperación por parte del grupo Keralty, el balance del resto de entidades bajo control oficial pone en entredicho la afirmación presidencial de que el problema es solo contable, dado que tras más de dos años intervenidas, muchas EPS no han mejorado sino empeorado bajo el control estatal.
El presidente Gustavo Petro afirmó este 23 de diciembre que su Gobierno ha logrado “un mejor sistema de salud”, una declaración que contrasta con sus propias afirmaciones realizadas meses atrás. A comienzos de agosto, en otra alocución presidencial, el mandatario había sostenido lo contrario al señalar que Colombia tiene “uno de los peores sistemas de salud del mundo” y acusó de “mentirosos” a quienes defendían el desempeño del modelo vigente, generando confusión sobre la evaluación oficial del sistema sanitario y los resultados de su administración.
Tras esas declaraciones de agosto, el exministro de Salud y exfuncionario del Gobierno Petro, Alejandro Gaviria, cuestionó públicamente la falta de sustento técnico de la afirmación presidencial. Según Gaviria, cualquier comparación internacional de sistemas de salud debe centrarse en dos objetivos básicos: mejorar la salud de la población y proteger financieramente a los hogares. En indicadores como mortalidad materna e infantil, explicó, Colombia presenta resultados promedio frente a otros países de ingreso medio alto y venía durante años mostrando mejoras consistentes, por lo que no puede calificarse entre los peores del mundo.
En materia de protección financiera, Gaviria agregó que Colombia se ubica entre los países con mejores desempeños de su grupo comparable, medido por el gasto de bolsillo que asumen los hogares para atender necesidades médicas. A su juicio, el presidente incurrió en afirmaciones sin evidencia y con datos engañosos para sustentar una reforma al sistema de salud, lo que vuelve a quedar en evidencia con la contradicción entre sus declaraciones de agosto y las realizadas esta semana, en las que ahora sostiene que el sistema es mejor bajo su Gobierno.
El presidente Gustavo Petro anunció que el Gobierno avanzará en la creación de una “central única de compra de medicamentos” para las EPS que actualmente se encuentran bajo intervención estatal, como parte de su estrategia para enfrentar los altos precios y los problemas de abastecimiento. Según el mandatario, esta central permitiría incluso realizar compras directas en el exterior, con el objetivo de reducir costos y garantizar el acceso a medicamentos para los afiliados de estas entidades.
No obstante, expertos en sistemas de salud han puesto en duda la viabilidad técnica y regulatoria de la medida. Johnattan García Ruiz, investigador de sistemas de salud globales en la Universidad de Harvard, advirtió que en Colombia la comercialización de medicamentos exige que exista una empresa local con registro sanitario vigente, lo que obliga a que las farmacéuticas internacionales operen mediante filiales o importadores autorizados. En ese contexto, cuestionó cómo se realizarían compras directas en el exterior sin cumplir estos requisitos y recordó que, aunque el país adquiere algunos fármacos a través del Fondo Rotatorio de la OPS, por esa vía solo se consigue un número limitado de medicamentos, no la totalidad de los que se usan en el sistema.
El análisis de García Ruiz también señala que los medicamentos de mayor costo suelen estar protegidos por patentes o concentrados en mercados oligopólicos, lo que reduce significativamente las opciones de compra en el exterior. Además, el experto alertó que una central de compras exclusiva para EPS intervenidas solo impactaría el canal institucional, donde los precios ya son más bajos que en el canal comercial, lo que podría llevar a los laboratorios a compensar con aumentos en farmacias y droguerías, elevando el gasto de bolsillo de los pacientes. A esto se suma, según el investigador, un posible efecto restrictivo sobre la competencia, al crear canales diferenciados de compra y negociar precios para solo una parte del sistema, pese a que los recursos, en última instancia, provienen del mismo fondo público.
Durante su intervención, el mandatario aseguró que esa declaratoria era producto de la decisión del Congreso de negar dos reformas tributarias. Por eso, acusó al actual legislativo de bloquear sus iniciativas y pidió a los colombianos que “no voten por un Congreso bloqueador, sino que esté al lado del pueblo”. También, cuestionó el archivo, en dos oportunidades, de la reforma de la salud en la Comisión VII del Senado: “Han elegido esos congresistas y van contra ustedes”.
Sin embargo, el mandatario no menciona que esos mismos congresistas que señala le aprobaron una reforma tributaria en 2022, la más alta en la historia reciente del país, y que quienes hundieron la reforma de la salud aprobaron las reformas pensional y laboral. Es decir, ha sido un Congreso que, si bien ha aprobado iniciativas del Gobierno, también las ha negado según las facultades que la Constitución Política de 1991 le otorgó.
