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Los grupos de autodefensa conocidos como AGC de Gaitanista, o más comúnmente referidos como el Clan del Golfo, han intensificado sus actividades delictivas en regiones como Sucre y
Los grupos de autodefensa conocidos como AGC de Gaitanista, o más comúnmente referidos como el Clan del Golfo, han intensificado sus actividades delictivas en regiones como Sucre y Córdoba. Estos grupos se dedican a extorsionar a los contratistas de las obras civiles que se están llevando a cabo, a cambio de asegurar la seguridad de los trabajadores así como evitar daños a la maquinaria utilizada en estos proyectos. A pesar de las constantes acciones de las autoridades y las capturas importantes de líderes, jefes de zona, y otros miembros de la organización, el ciclo de extorsiones persiste de manera incesante en estas regiones.
Las comunidades locales son las que más sufren debido a estas actividades ilegales, ya que el sueño de ver obras que contribuyan al progreso y desarrollo no se cumple. Este panorama es desesperante para los habitantes, quienes constantemente ven frustrados sus anhelos de mejorar sus condiciones de vida.
Recientemente se han incinerado varias máquinas en las zonas rurales de Sahagún y San Marcos. Foto:Redes sociales
Cuando un contratista accede a pagar, se trata de millones de pesos que van a parar a las arcas de esta organización ilegal. En algunos casos, el costo radica no solo en el dinero, sino también en la vida de los trabajadores y la destrucción de La maquinaria amarilla utilizada en las obras. Un líder anónimo expresó su frustración diciendo: «No entendemos cómo este grupo, que se presenta como defensor de las personas, comete actos que van en contra de nosotros, los habitantes de zonas rurales. Cuando atacan, las obras no se concretan, lo que causa daño a toda la población».
Funcionarios de las administraciones municipales y departamentales han reportado que miembros del Clan del Golfo están viajando por diversas poblaciones en Sucre y Córdoba, buscando aquellas obras que se encuentran en ejecución o que están próximas a comenzar.
Una vez identificados los contratistas, los delincuentes se presentan en el lugar, intimidan a las víctimas y les facilitan un número de teléfono en el cual deben llamar a un líder regional. Este individuo entonces negocia el monto a pagar para permitir que los trabajos continúen.
Desde El Ministerio de Infraestructura de Sucre se ha indicado que frecuentemente, ante la amenaza de extorsión, la orden es paralizar las obras para evitar complicaciones. Este ciclo ha generado una respuesta coordinada con entidades de seguridad, como el Grupo Gaula de la Policía, la Marina Nacional y el Ejército, quienes inician investigaciones hasta que se logre un nivel de seguridad adecuado para estos proyectos.
«Solo cuando se garantiza la seguridad en los lugares de trabajo, las obras pueden reanudarse», aseguraron. Sin embargo, en situaciones más críticas, aprovechándose de la oscuridad de la noche, los criminales han llegado incluso a quemar maquinaria.
Las fuerzas militares han intensificado su presencia en las áreas afectadas. Foto:Redes sociales
Esto ha sido evidente en sectores rurales de Sahagún, en Córdoba, donde ha habido múltiples incidentes de máquinas incineradas. Del mismo modo, se ha presentado una situación similar en el pueblo de El Llano, en la zona rural de San Marcos, en la región de San Jorge Sucreño, donde fue destruida maquinaria destinada a obras de pavimentación.
Para continuar con los trabajos de pavimentación en esta zona, la administración municipal de San Marcos se vio obligada a solicitar el apoyo de las autoridades y militarizar los lugares para asegurar que el trabajo se pudiera llevar a cabo.
Las extorsiones no se limitan únicamente a las áreas rurales o a las carreteras. En varias ciudades como Sincelejo y Corozal, muchas de las obras que se están llevando a cabo han requerido la intervención de las autoridades para poder avanzar en su ejecución.
Esto se observó en el caso del puente panel de paneles de tala, ubicado en la entrada del municipio de Corozal, el cual se detuvo durante meses debido a las amenazas que enfrentaron los contratistas. Lo mismo sucedió en el barrio Libertad en Sincelejo, donde los militares tuvieron que ser desplegados en las esquinas para garantizar la finalización de las obras.
A pesar de estas acciones, la situación sigue siendo grave. Las extorsiones continúan y parece que los esfuerzos de las autoridades no han tenido el impacto deseado para erradicar este problema. La comunidad sigue sufriendo y la esperanza de un futuro más seguro y próspero parece lejana.
Los testigos de la defensa del ex presidente continúan. Foto:
Sucre
