Haciendas y casonas en ocho municipios del norte del Cauca hoy se mantienen ocupadas por comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. Todos ellos se resisten a abandonar esos predios privados con cultivos de caña de azúcar. Hace tres años, las disputas por estos terrenos llegaron a su punto más álgido por enfrentamientos con la Fuerza Pública.

Tras las revueltas de hace tres años, se mantuvo una tensa calma entre estas poblaciones y uniformados. En este tiempo, las comunidades han venido reemplazando la caña por otros cultivos en las haciendas, muchas de las cuales pertenecen a ingenios o eran alquiladas a los mismos por sus propietarios en 349.714 hectáreas que conforman esta convulsionada región del suroccidente del país.

Sin embargo, la semana pasada hubo choques entre campesinos y la Policía por la ocupación de un predio en Cajibío, en zona cercana de Popayán, más hacia el centro del departamento, y también se presentó un hecho en un predio en Corinto de la Fundación Mariana Hoyos de Gutiérrez, donde se retuvieron por unas horas a operarios y se hurtaron tres tractores. 

Tras la ocupación en Corinto que desencadenó un fuerte desalojo, desde la Asociación Colombiana de Productores y Proveedores de Caña de Azúcar (Procaña) le pidieron al Gobierno garantías para la seguridad física en los territorios, “porque el agro es motor de desarrollo para Colombia”.

En un recorrido que hizo EL TIEMPO, se observaron cosechas de fríjol, café, maíz, estropajo, plátano, árboles frutales, arroz, cilantro y otras hortalizas, además de cabezas de ganado en buena parte de Caloto, Corinto, Padilla, Santander de Quilichao, Villa Rica, Puerto Tejada, Guachené y Miranda, los ocho municipios donde se han presentado las discordias. Desde hace décadas, en estas tierras ha habido sangrientas disputas, dejando a su paso más de una veintena de muertos.

El número de haciendas tomadas por indígenas hoy suma más de 30 en 15 puntos distribuidos, mayoritariamente, en los ocho municipios nombrados. Los indígenas nasa han afirmado que seguirán en los predios tomados hasta lograr entregas formales por el Estado.

En el panorama también hay casonas y terrenos donde comunidades afrocolombianas los declararon como sus territorios. Muchos de los afros son miembros de juntas administradoras locales de veredas y de 43 consejos comunitarios en los mismos municipios donde permanecen los indígenas y, en algunos casos, en áreas compartidas.

En Corinto, la comunidad de la vereda La María declaró la hacienda del mismo nombre como un territorio solo para afros. La casona es del ingenio Central Castilla y está en ruinas en más de 200 hectáreas.

Igualmente, en estos mismos ocho municipios hay haciendas tomadas por campesinos que tampoco están dispuestos a abandonarlas. Todos han mantenido la misma consigna: no salir de estos terrenos y rechazar el monocultivo.

Esta situación ha sido una encrucijada para dueños e ingenios azucareros. Según Fedesarrollo, el sector tiene una alta contribución en las finanzas de los municipios a través del pago de impuestos. En Miranda, por ejemplo, los ingenios aportan el 72 por ciento del total de los tributos; en Corinto, un 42 por ciento, y en Padilla, un 22 por ciento. De acuerdo con la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña), en el norte caucano se generan 75.000 empleos.

Una mesa de diálogo

Cuando se agravaron las tensiones entre las comunidades, la Fuerza Pública y el gremio, el Gobierno creó la Mesa Interétnica, Intercultural e Intergremial, con la que las partes han logrado acuerdos, como el cese de los enfrentamientos. Tanto las poblaciones como Asocaña reconocen avances, pese a los últimos hechos en Corinto y Cajibío.

“Nosotros no podemos dejar los canales de diálogo”, aseguró a EL TIEMPO la presidenta de Asocaña, Claudia Calero. Ella señaló que se le pedirá al próximo Gobierno Nacional que la mesa continúe, porque de no ser así habría efectos negativos en los resultados consolidados. Afirmó que se viene trabajando con 1.400 familias. 

“Lo que se ha pedido al Gobierno es que entendemos que hay recursos limitados, las comunidades también entienden que hay recursos limitados, pero hay que concretar cuáles son las salidas para esta situación”, sostuvo la presidenta de Asocaña.

Añadió: “Las invasiones no son una salida para ninguno, porque sencillamente más que cualquier cosa hay que salvaguardar la vida y cuando se generaron esas tensiones hubo muchas pérdidas”.

La directiva también manifestó: “El Gobierno se comprometió con unos acuerdos con las comunidades, con las organizaciones de una compra de predios en estas áreas y en otras que tienen que concretarse. Los acuerdos hay que cumplirlos. Los acuerdos que se han hecho para la entrega de tierras por parte del Gobierno que se ha comprometido tienen que concretarse”.

Y recalcó, a su vez: “Ahora bien, hay algo que también es importante. Muchos de esos predios que hoy están ocupados, por supuesto, ilegalmente, han sido también ofrecidos por parte de los propietarios a estas comunidades y también al Gobierno; han sido ofertados a la Agencia Nacional de Tierras”, dijo la presidenta Calero.

“Se han hecho alianzas, en este caso, de orden productivo porque también hay que demostrar que para lograr el bienestar de una comunidad no solamente se alcanza con el acceso a tierras, se logra con el acceso a los medios de producción”, aseveró la directiva.

En esta mesa se acordó la entrega de 1.500 hectáreas por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que ya cumplió con esta tarea en el último año y en lo que va de este 2025, con el respaldo de los ministerios del Interior y de Agricultura. 

El Gobierno compró haciendas a sus iniciales propietarios y las entregó a indígenas y a afros. Algunos de esos predios son La Emperatriz y Canaima, situados en Caloto con 395 hectáreas en total. La Emperatriz fue tomada por nasas hace unos 20 años.

De acuerdo con la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin) y otros nasas, en este y en los demás sitios donde se observan decenas de cambuches con guadua y plástico, se busca continuar con el diálogo para negociar más tierras.

«Si bien persisten ciertas tensiones territoriales, la mesa del norte del Cauca, desde su instalación en el actual gobierno, ha permitido no solo el abordaje dialogado de los conflictos, sino también detener los procesos de ocupación de tierras que se venían presentando en el departamento», sostuvieron en la ANT.

«En efecto, los acuerdos alcanzados requieren un esfuerzo significativo en términos de gestión entre las partes; sin embargo, ha sido posible establecer nuevos consensos en municipios como Caloto y Buenos Aires. Del mismo modo, se continúa trabajando en la consolidación de acuerdos adicionales que permitan avanzar en el fortalecimiento del Pacto por la Convivencia del Norte del Cauca, promovido por la Vicepresidencia, el Ministerio del Interior y la Agencia Nacional de Tierras», destacaron en esta agencia del Estado.

Según la ANT, La Emperatriz abarca 208 hectáreas y Canaima, 187 más. “La entrega de más de 1.500 hectáreas de tierras a las comunidades indígenas, el campesinado y el pueblo negro, apenas es el inicio de este proceso que cuenta con la participación de la ANT y la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), con el acompañamiento de ONU Derechos Humanos”, informaron en el estamento gubernamental.

“La comunidad ha resistido a sol y agua por 20 años”, dijo el guardia indígena y vocero nasa en La Emperatriz, Héctor Fabio Casamachín. Más de 40 familias indígenas están en este predio, donde hay ya una huerta y comienzan a levantar sus viviendas con techos de zinc, después de que el cabildo cuenta con documentos para agilizar la titulación.

Así lo están haciendo Angelina Dagua con su esposo, Miguel Ángel Tróchez, y otros nativos para construir sus hogares en lotes que miden entre una y dos hectáreas. Casamachín explicó que la titulación la tendrán los cabildos que dirigen los resguardos indígenas, es decir, ningún nasa, de manera individual, tendrá una escritura. El colectivo asumirá esa potestad.

En cuanto a Canaima, este terreno en Caloto fue repartido entre indígenas del resguardo de Huellas y las comunidades negras de los consejos comunitarios Cuenca Río La Quebrada, Yarumito, Santafro y Pandao. Lo dividieron por mitades, con la venia del Estado. Una mitad fue para los indígenas y la otra, para afrocolombianos. La caña de azúcar fue totalmente erradicada en ambas haciendas por las mismas comunidades.

Otro de los terrenos entregados fue El Sillero, de 229 hectáreas para afros, en Santander de Quilichao. 

De acuerdo con la ANT, las direcciones de Asuntos Étnicos y de Acceso a Tierras están adelantando el procedimiento de adquisición del predio denominado hacienda Huasanó, ubicado entre los municipios de Caloto y Corinto, de 312 hectáreas más 2.727 metros cuadrados. También, el predio denominado LT Pirámides, ubicado en Santander, de 474 hectáreas más 4.751 metros cuadrados.

«Desde el componente étnico, las fincas El Sillero, Canaima y Emperatriz fueron entregadas material y actualmente se encuentran en proceso de formalización a favor de cinco consejos comunitarios y un resguardo indígena. El procedimiento de compra fue liderado por la Dirección de Asuntos Étnicos, mientras que el proceso de formalización está a cargo de la Subdirección, de acuerdo con las competencias establecidas en el decreto 2363 de 2015», informaron en la ANT a EL TIEMPO.

«Las fincas adquiridas para el resguardo indígena y los cinco consejos comunitarios son las siguientes: la finca Emperatriz, destinada a un resguardo indígena y ubicada en el municipio de Caloto; la finca Canaima, cuya distribución se da entre el mismo resguardo y cuatro consejos comunitarios, también en Caloto, y, por último, la finca El Sillero, destinada a cinco consejos comunitarios y ubicada en el municipio de Santander de Quilichao», reiteraron en el estamento nacional. 

«La Agencia Nacional de Tierras, a través de las direcciones de Acceso a Tierras y de la Dirección de Asuntos Étnicos, ha venido participando activamente en la mesa del norte del Cauca, un espacio donde las tensiones territoriales se han tramitado de manera dialogada entre organizaciones campesinas, étnicas y el sector empresarial. En efecto, en el mes de junio (de este 2025), la mesa sesionó con el objetivo de trazar una ruta para la gestión de las tensiones que aún persisten en algunas fincas del sector cañicultor», anotaron en la ANT.

Los campesinos

En la mesa de diálogos, los campesinos están representados por dos colectivos, la Asociación de Usuarios Campesinos (Anuc) y la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro).

Edward Prado, de Anuc, dijo que labriegos de esta comunidad no han ocupado tierras en el Cauca y, por ello, no están cobijados dentro de las 1.500 hectáreas otorgadas por el Gobierno. No obstante, explicó que en el consejo territorial se creó un plan de vida. “Es para trabajar la tierra y que podamos caber todos”, pero aclarando que será en terrenos del vecino Valle del Cauca. Señaló que comprar tierra en el Cauca es costoso para las comunidades y por este motivo evalúan lotes en municipios del vecino departamento del Valle, como Jamundí, Ginebra y Buga.

Por su parte, Cristóbal Guamanga, de Fensuagro, dijo que los campesinos comprenden la necesidad de acatar las leyes y de respetar el derecho a la propiedad privada.

En las negociaciones de entrega a esta comunidad figuran terrenos de El Tablón y El Hermosillo, entre Corinto y Miranda, con 344 hectáreas en ambos predios. 

Guamanga dijo que familias siguen en haciendas en Miranda, como un terreno que manejaba el ingenio Río Paila Castilla que no quedó, por ahora, dentro de las 1.500 hectáreas entregadas ni hace parte de futuras negociaciones, como sí lo está un predio llamado Los Mangos, en zona entre Corinto y el resguardo de López Adentro, con indígenas y campesinos. Estaría próximo a otorgarse, tras ser comprado por el Gobierno a sus dueños legítimos, recientemente. 

El líder habló también de otra hacienda, Ucrania, que no está dentro de la mesa, pues el dueño no estaría dispuesto a venderla y no habría posibilidad de compra por parte del Gobierno Nacional. Sin embargo, campesinos dijeron que se mantendrán en sus cambuches.

Pero en medio de estas negociaciones se generan pleitos internos entre indígenas, afros y campesinos por las tierras. Esos pleitos se evidencian en la hacienda Altamira, así como en El Chimán, entre Caloto y Guachené, este último municipio con población afro.

“Yo pertenezco a una vereda de Guachené”, dijo uno de los 13 comuneros de esta etnia, en medio de un centenar de familias indígenas en El Chimán. 

“Hace muchos años, nosotros los afros teníamos intención de entrar a la finca y llegaron los compañeros indígenas. Como afros, los que entendimos porque no son todos, entendimos la posición de entrar en conversación con ellos”, expresó el labriego que pidió omitir su nombre en esta hacienda, cuya ocupación sigue siendo ilegal.

Un indígena dijo que los afros ocupan 71 hectáreas de El Chimán y que deberían aceptar ese número y no repartirse la mitad de todo el predio, como ocurrió con Canaima.

Rossana Mejía, consejera mayor de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (Aconc), que también está en la mesa de diálogos, explicó que históricamente las comunidades afros vienen reclamando su derecho a la tierra. “Estamos en diálogos con el Gobierno Nacional y comunidades. Ha habido cumplimiento de lo pactado, no en su totalidad, pero sí hay un margen de avance que nos permite hablar en otro contexto”, dijo la lideresa.

Una arrocera indígena

EL TIEMPO, en visita a estos territorios, también fue testigo de iniciativas en marcha para producir café orgánico y arroz. 

Es así que una gigantesca arrocera se construyó hace un año por indígenas, cerca de la hacienda El Chimán, dentro del territorio del cabildo de López Adentro del resguardo Páez, zona entre Caloto y Corinto. Allí se produce el arroz Kwe’sx que significa ‘Nuestro’ en lengua nasa.

La arrocera nació en el gobierno de Juan Manuel Santos con una inversión inicial de 4.870 millones de pesos hace cinco años, de los cuales, la Agencia de Desarrollo Rural cofinanciaba 1.930 millones y el Departamento Nacional de Planeación, 2.940 millones más. 

Los dineros no alcanzaron a ser tramitados, luego el proyecto se paralizó y el año pasado se retomó con una inversión de más de 6.000 millones de pesos, de acuerdo con lo expresado por los indígenas. 

En ese momento, lo que arrancó como un molino con dos personas del resguardo de López Adentro es hoy una empresa que genera 52 empleos, no solo para indígenas, también para afros. Es una industria con secado, trilladora y una empacadora que produce unas 50 toneladas de arroz diarias. 

Stiven Candelo, afrodescendiente, de 25 años y nacido en Caloto, trabaja en la empacadora con indígenas, como Kláiver Velasco, de 19 años. Ambos están contentos porque cuentan con una unidad productiva que les genera ingreso para sobrevivir.”Yo vi el anuncio de empleo por redes sociales. Mandé mi hoja y me llamaron”, comentó.

Por ahora, los indígenas, los afrodescendientes y los campesinos en estas haciendas reiteran su decisión de continuar en esos asentamientos. 

La esperanza se mantiene en la Mesa Interétnica, Intercultural e Intergremial para que en medio de las diferencias y las dificultades se logren nuevas alternativas viables para los actores involucrados de estas comunidades con los gremios y el Estado, en torno a la tenencia de tierras en el norte del Cauca.

cAROLINA BOHÓRQUEZ RAMÍREZ

JUAN PABLO RUEDA 

enviados especiales de EL TIEMPO