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Las administraciones de 15 municipios ubicados en Córdoba han comenzado a implementar una serie de medidas con el fin de Evitar que los miembros de la fuerza pública
Las administraciones de 15 municipios ubicados en Córdoba han comenzado a implementar una serie de medidas con el fin de Evitar que los miembros de la fuerza pública y sus habitantes se vean afectados por el plan de armas que se ha denominado SO llevado a cabo por el Grupo ilegal del Golfo.
Estas medidas se centran en las Restricciones a la movilidad de las personas en motocicletas, así como en limitar los horarios para el transporte de elementos que podrían representar un peligro para la seguridad pública, incluyendo, en algunos casos, el cierre de las playas en las áreas costeras.
Recientemente, el Grupo del Clan del Golfo ha realizado ataques que han tenido un significativo impacto en los miembros de la Policía Nacional, el Ejército y la Marina Colombiana, resultando en varios fallecidos y heridos entre los uniformados.
Las acciones delictivas han sido particularmente frecuentes en las zonas rurales de municipios como Ciénga de Oro, Chimá, Lorica, La Sal, Sahagún, San Bernardo del Viento y el mismo Montería.
Operaciones policiales en Córdoba Foto:Policía nacional
Ante la situación de alerta por las acciones criminales del Clan del Golfo, los municipios que han establecido restricciones incluyen: Moñitos, San Bernardo del Viento, Momil, Tierralta, Sahagún, Planet Rica, Chinú, Puerto Escondido, Los Córdobas, Montelícano, Valencia, La Salvada, Pue Neo, Neo, San Carloce, y otros.
En las áreas urbanas y rurales de Ciénga de Oro, Chimá, Sahagún y La Apartada, se han registrado asesinatos de dos miembros de la Policía Nacional y un soldado profesional.
Infante de marina herido en un ataque Foto:Archivo privado
Asimismo, durante un ataque a un camión que transportaba a la fuerza pública, tres agentes de la Policía Nacional resultaron heridos.
Las autoridades han implementado constantes operativos de seguridad en Montería con el apoyo de miembros del Ejército colombiano, reforzando así su presencia y capacidad de respuesta ante las amenazas delictivas.
En la jurisdicción de San Bernardo del Viento, durante un incidente donde el Grupo del Clan del Golfo había instalado una carga explosiva, un vehículo con miembros de la Armada Nacional pudo cruzar sin sufrir daños. Sin embargo, el alcalde de San Bernardo del Viento, Nabonazar González Tordecilla, emitió el Decreto 0157 que establece varias medidas para preservar el orden público.
Entre las medidas adoptadas, se enfatiza la restricción de la movilidad de personas entre las diez de la noche y las cuatro de la mañana, evitando así la posibilidad de que situaciones delictivas puedan prosperar durante esas horas.
Además, se ha prohibido el transporte de objetos como cilindros de gas y otros materiales potencialmente peligrosos, con la restricción vigente de cinco de la tarde hasta seis de la mañana del día siguiente.
El uso de drones también queda restringido a actividades que cuenten con autorización previa de la administración municipal.
Playas del Gulf de Morrosquillo, en Coveñas. Foto:Redes sociales.
Una de las decisiones más severas, que afecta de manera notable al sector hotelero y a los propietarios de cabañas, es el cierre temporal de las playas y costas, lo que impide el acceso al mar de turistas desde las seis de la tarde hasta las seis de la mañana del día siguiente.
Varios empresarios del sector hotelero han manifestado su preocupación, señalando que aunque el flujo de turistas no es abundante en este momento, las restricciones impactan severamente en su capacidad para operar y atender a los visitantes.
El alcalde Nabonazar González también ha restringido cualquier tipo de evento que implique la concentración masiva de personas. El uso de vehículos pickup se ha cancelado a nivel municipal como parte de estas medidas.
Si bien las restricciones implementadas son similares en los municipios afectados, se ha notado que en Ciénga de Oro y Chimá, donde no se han registrado ataques fatales a miembros de la policía, no se han tomado acciones contundentes desde las alcaldías.
Un total de cinco miembros de la fuerza pública han perdido la vida a consecuencia de la campaña de violencia, además de varios heridos. Las autoridades han establecido una recompensa de 200 millones de pesos para quienes proporcionen información que conduzca a la captura de los responsables de estos ataques dentro del departamento.
Documario del periodista Jineth Bedoya. Foto:
Francisco Javier Barrios
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