Continúan los enfrentamientos entre el presidente Gustavo Petro y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.
Las palabras de Petro
“¿No quiere que hable, gobernador? ¿De la relación mafia/política en el Valle del Cauca que provocó la violencia? “, fue parte de la nueva incitación del jefe de Estado, a través de su cuenta X.
“Bueno, hoy acabo de hacer la denuncia de cómo los contrabandistas han utilizado los Certificados del plan Vallejo para utilizar las liendres de los exportadores para ingresar mercancías de contrabando; su base es la Zona Franca de Palmaseca”, dijo el presidente Petro.
La Zona Franca Palmaseca está ubicada en el municipio de Palmira, donde empresarios expresaron su malestar por la temeraria acusación del presidente Petro respecto al delito de contrabando.
Empresarios de este complejo dijeron a EL TIEMPO que no son delincuentes y que el presidente Petro no puede salir a difamar a la Zona Franca de Palmaseca.
La respuesta de los empresarios
Zona Franca Palmaseca SA – operador usuario de la Zona Franca, respondió al respecto: «Frente a esta afirmación, es importante precisar que las zonas francas y las operaciones reguladas bajo el régimen libre son procedimientos diferentes y ajenos al Plan Vallejo; cualquier vínculo entre ambos regímenes no está sustentado de hecho ni de derecho».
El comunicado también dice: «A la fecha, Zona Franca Palmaseca no ha sido notificada de ningún requerimiento judicial o administrativo que valide las graves acusaciones formuladas. Requerimos que, si hay investigaciones, se presenten pruebas y procedimientos oficiales antes de hacer acusaciones públicas que dañen nuestra reputación».
También dice: «Dentro de la Zona Franca, bajo su operación, existen empresas serias y generadoras de empleo, que con sus actividades comerciales «Permiten al Estado recaudar importantes sumas de dinero a través de impuestos e intervenir en el mercado respetando las reglas de la sana competencia».
El informe afirma: «Cuenta con más de 30 años de experiencia como operador usuario de la Zona Franca de Palmaseca y, como resultado de dicha experiencia y desempeño institucional, en septiembre pasado se adjudicó un nuevo contrato por parte del Gobierno Nacional para la operación de la Zona Franca por un plazo adicional de 30 años, «tras un riguroso proceso de selección, realizado de acuerdo con la normativa vigente».
“El funcionamiento de la Zona Franca bajo su administración se realiza en estricto cumplimiento de las normas que regulan el régimen de libre comercio en Colombia, cuestión que ha sido verificada constantemente por el Estado en el marco de la ejecución de los contratos antes mencionados”, se lee en otro apartado.
«Cuenta con protocolos, sistemas de control y mecanismos de supervisión encaminados a garantizar la legalidad de las operaciones, y la trazabilidad de las actividades realizadas por sus usuarios. Reafirmamos nuestro compromiso irrestricto con la legalidad, la transparencia y la cooperación con las autoridades competentes. Exigimos respeto a nuestro nombre y el de nuestras empresas usuarias, y nos reservamos el derecho de ejercer las acciones legales pertinentes para proteger nuestra imagen y patrimonio», señala el comunicado.