El Registro Nacional de Acciones Civiles ha confirmado la impresionante cifra de 2,184,548 firmas que respaldan el referéndum relacionado con el impuesto sobre la autonomía de la región. Este proceso crucial ha revisado el umbral de 2,027,199 firmas, que es el número mínimo requerido para poder avanzar con el proceso legislativo correspondiente. Con la certificación obtenida, ahora le corresponde al Senado analizar detalladamente la propuesta con el fin de evaluar su adecuación constitucional ante el Tribunal Constitucional.
El referéndum tiene como propósito la enmienda del Artículo 298 de la Constitución, con el objetivo de abordar la distribución de ingresos y acciones en las divisiones donde se generan. Si el Parlamento y el Tribunal Constitucional dan su visto bueno a la enmienda, el Gobierno estará en una posición favorable para convocar a los ciudadanos a votar, de manera que se pueda definir el futuro del modelo de distribución fiscal en Colombia.
Gregorio Orjuela Pérez, quien se ocupa del referéndum nacional en Antioquia, ha expresado que este proceso empoderará a los ciudadanos para que puedan tomar decisiones directas respecto a la gestión del capital fiscal. En sus propias palabras:
“Este es un paso fundamental para que los ciudadanos sean aquellos que eligen si quieren cambiar la constitución y fortalecer los impuestos de la región de autonomía”.
Por otro lado, Wilson Ruíz Orejaela, Secretario General del Referéndum, ha destacado el monumental apoyo ciudadano que se ha manifestado en las firmas recolectadas. Él enfatizó que:
“Este logro refleja el esfuerzo de miles de colombianos que apoyan una mayor distribución de energía y una distribución más justa de recursos”.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también ha subrayado la relevancia de este proceso y la administración de proyectos que lo rodean. En su declaración, dijo:
“La recolección de casi 2,200,000 firmas válidas muestra los intereses de la ciudadanía en este asunto. Ahora el desafío es lograr la firma del Parlamento y el Tribunal Constitucional para que los colombianos puedan votar sobre su propia política fiscal”.
Los promotores de este referéndum sostienen firmemente que una nueva distribución fiscal permitirá a los departamentos del país fortalecer su autonomía financiera. Esto, a su vez, favorecerá una administración más eficiente de sus presupuestos y promoverá el desarrollo regional sin depender de las transferencias gubernamentales. En los meses venideros, se prevé que el Parlamento discuta a fondo la propuesta y de inicio a un proceso que tiene el potencial de transformar radicalmente el modelo de distribución de recursos en Colombia.