En 2021, la Comunidad de Madrid empezó a pensar que era el momento de saber qué pasaba en su territorio. Parece una idea absurda, pero lo cierto es que la administración española lleva décadas organizando su territorio a ciegas. Y en ese contexto, «restablecer la legalidad urbanística» es imposible.

Así que se pusieron manos a la obra y Les llevó cuatro años hacerlo..

¿Qué han encontrado? En términos generales, tienes un problema: Hay 5.334 hectáreas afectadas por asentamientos ilegales en 56 municipios. Eso sí, el problema no está perfectamente distribuido: el 80% de estas tierras se concentran en las llanuras de los principales ríos madrileños, principalmente en las zonas de Tajuña (2.712 hectáreas), Jarama (1.019), Guadarrama (363) y Tajo (150).

Y, por supuesto, eso hace que el problema sea mucho mayor. Porque el incumplimiento de la normativa urbanística no es sólo una cuestión administrativa; Al contrario, existe un riesgo enorme para las personas y el medio ambiente. Esto último es fácilmente comprobable: existen parques regionales, áreas especiales y lugares protegidos que son clave para la biodiversidad; y se superponen con las zonas afectadas por construcciones ilegales.

Pero, además, como atestigua la propia Comunidad, conlleva un enorme riesgo físico porque muchas construcciones están en zonas inundables, cauces de ríos y prados. Y no estamos hablando de eventos catastróficos como la DANA, sino que las inundaciones en los pueblos (como Las Sabinas en Móstoles) ha puesto la cuestión sobre la mesa.

Y nadie tiene respuestas concretas. Sobre todo, porque no es nada nuevo: el estado de impunidad es endémico (y no sólo en Madrid) durante al menos 20 años. Y no hablamos sólo de «descontrol» o de «hacer la vista gorda»: hablamos de eso, mientras la jurisprudencia es clara en que las actuaciones sobre suelo no urbanizable Sólo pueden ser excepcionales.Siempre hay una licencia, una modificación puntual o un arreglo técnico que dificulta el cumplimiento de la normativa.

Lo que hay detrás, en el fondo, son los incentivos conflictivos entre las dinámicas locales y regionales. Es algo que venimos viendo desde el eterno conflicto del Algarrobico.

Es decir, ahora conocemos la magnitud real del problema. El estudio, que pretende demostrar el compromiso del ejecutivo regional con la protección del suelo, refleja sobre todo décadas de tolerancia. Ahora toca un debate complejo: demolerlo todo o regularizarlo.

Y no se trata sólo de chalets de lujo o asentamientos precarios: hay mucho uso productivo informal que afecta de lleno a la actividad local. Además, así es Madrid, una región que por su crecimiento demográfico ya ha organizado muchas zonas que hasta hace poco estaban igual o peor. Si hiciéramos zoom: los datos de España no serían mejores.

Y no hay soluciones a la vista.

Imagen | Comunidad de Madrid / Elentir

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