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La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, expresó su preocupación por la reciente decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente el decreto de emergencia económica
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, expresó su preocupación por la reciente decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente el decreto de emergencia económica que buscaba incrementar el impuesto al consumo de licores.
Según el mandatario, esta determinación impacta directamente en el financiamiento de los sectores salud, educación y deporte, que dependen de los ingresos transferidos para su funcionamiento en el departamento.
Los líderes sostuvieron reuniones con ministros para discutir el decreto de emergencia económica. Foto:Milton Díaz / EL TIEMPO
Toro enfatizó que el peso de la recaudación y las consecuencias de su disminución recaen en los estratos más bajos.
«Los ‘megaricos’ viven en otros países, pero tampoco toman licor; son los pobres los que realmente aportan para que podamos estar sanos», afirmó.
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El gobernador sostuvo que la medida tributaria que se pretendía aplicar no sólo era inconstitucional, sino Afectó la capacidad del departamento para garantizar tratamientos médicos, especialmente en pacientes con cáncer y en la entrega de medicamentos.
El Valle del Cauca destina anualmente cerca de $700 mil millones de pesos a la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) para sostener el régimen subsidiado.
Una reducción de los ingresos por bebidas alcohólicas comprometería esta transferencia de recursos.
El presidente advirtió que cualquier recorte de estos ingresos pondría en jaque la prestación de servicios esenciales, afectando principalmente a los niños en las escuelas y a los ciudadanos que dependen exclusivamente del sistema público de salud.
Según el presidente, la medida podría incentivar el contrabando de licores y cigarrillos. Foto:Policía
Desde la Federación Nacional de Departamentos, Toro ha llevado al vocero a presentar ante el Gobierno Nacional y las altas cortes el impacto técnico de estas decisiones.
La defensa se basa en que los ingresos transferidos están amparados por la Constitución Política, que establece que estos recursos deben destinarse exclusivamente a la inversión social.
Los gobernadores han solicitado formalmente intervenir ante el Tribunal Constitucional para explicar la realidad fiscal de las regiones. Por el momento, la decisión judicial otorga un margen de estabilidad a las arcas departamentales, permitiendo que la recaudación actual continúe destinándose a hospitales, escuelas y recintos deportivos del departamento.
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Cabe recordar que el presidente del Valle del Cauca había advertido sobre las posibles consecuencias de esta iniciativa, que también aumentó del 5% al 19% el IVA a licores y cigarrillos.
Por eso, junto a otros gobernadores, encabezó una ‘rebelión’ en la que anunció que no iba a aplicar el aumento de impuestos hasta esperar el fallo del Tribunal Constitucional.
Respecto a lo que tiene que ver con cigarrillos y licores, el gobernador Toro Torres destacó: “Es una decisión correcta y muy oportuna porque esto iba a generar impactos muy negativos en nuestros territorios, sobre todo en lo que tiene que ver con salud para el pago del régimen subsidiado”.
Los gobernadores pidieron esperar el fallo de la Corte antes de aplicar el decreto. Foto:Gobernación del Valle del Cauca
“Por ejemplo, para alimentación escolar, transporte y por supuesto para deportes, estos recursos también nos afectarían. Por eso nosotros desde la Federación de Departamentos habíamos solicitado la suspensión del decreto mientras se toma la decisión de la Corte Constitucional. Entonces es realmente muy oportuno y muy importante para nosotros porque de esta manera vamos a seguir recibiendo los recursos para cigarrillos y licores para poder subsidiar a estos sectores que son tan importantes para nuestra sociedad”, dijo el presidente.
Cabe recordar que los dirigentes regionales habían argumentado que este impuesto viola la autonomía fiscal territorial y pone en riesgo el financiamiento de sectores críticos como la salud, la educación y el deporte.
El pronunciamiento fue realizado durante una reunión de la Federación Nacional de Departamentos en Bogotá, donde líderes regionales acordaron interponer una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional y presentar amparos individuales para proteger los derechos fundamentales que dependen de estos ingresos.
Este contenido fue escrito con asistencia de inteligencia artificial, en base a información del Gobierno del Valle del Cauca. Además, fue reseñado por un periodista y un editor.
Análisis de la decisión del Tribunal Constitucional. Foto:
