Denuncian tiros contra instalaciones; ¿Qué hay detrás?
- abril 23, 2025
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La prisión de Villahermosa, que alberga a hombres y es conocida por su nivel de seguridad media, se ha convertido una vez más en el centro de atención
La prisión de Villahermosa, que alberga a hombres y es conocida por su nivel de seguridad media, se ha convertido una vez más en el centro de atención tras un ataque que se llevó a cabo en la mañana del 22 de abril. Este incidente no solo resalta la vulnerabilidad de las instalaciones carcelarias, sino también los desafíos que enfrenta la seguridad pública en Cali.
Fachada de la prisión de Villahermosa.
Foto:
Juan Pablo Rueda / El TIempo
En un comunicado enviado el mismo día del acceso por el director de la prisión, María Lorena Serrano, al Director Regional del Occidente del Instituto Nacional de Penitenciaría y Prisión (INPEC), Guillermo Andrés González, se detalló el incidente: «A las 11:50 am del 22 de abril, se escucharon dos explosiones en la carretera transversal 25, en las cercanías del Eron». El contenido de la carta apunta a que inmediatamente se activó un plan de alarma y defensa, durante el cual se recuperaron dos vainillas de balas de 9 milímetros. La situación fue reportada a la Unidad de Policía Judicial para que se llevaran a cabo las investigaciones correspondientes y se implementaron medidas de seguridad extremas.
En la misiva, también se menciona que la revisión de las cámaras está en curso para identificar a los posibles responsables del ataque. A pesar de la gravedad del incidente, se informó que no hubo lesionados ni daños a la infraestructura, lo cual es un alivio considerando la naturaleza violenta de los ataques. El director del centro penitenciario expresó que, tras este evento, se activó un protocolo de autoprotección, señalando la necesidad de un mayor apoyo gubernamental para garantizar la seguridad en el lugar. Este llamado a la acción subraya que la problemática de seguridad que se vive en Cali no es única, sino que se expande a otras regiones del país.
Desafortunadamente, este ataque no fue un hecho aislado. La prisión de Villahermosa ha sido blanco de ataques previos, incluido uno hace tres semanas, donde individuos en motocicleta abrieron fuego en las instalaciones, causando un total de ocho impactos, uno de los cuales impactó la entrada de metal que, lamentablemente, no estaba blindada. En esa ocasión, un sospechoso fue capturado gracias a las grabaciones de las cámaras de seguridad, que en esta ocasión no funcionaron, lo que agravó aún más la situación.
Otros ataques
El director de la prisión ha indicado que estos ataques recientes podrían estar relacionados con las acciones de control penitenciario que se están implementando actualmente. Esta situación es alarmante, ya que se ha denunciado que el director ha recibido amenazas de muerte, similar a lo que le ocurrió a su predecesora, quien fue transferida a otro centro penitenciario por razones de seguridad. A pesar de la ayuda que INPEC ha brindado, se hace evidente que las medidas de protección no son suficientes.
En el transcurso del mes, el INPEC ha llevado a cabo operativos en 12 pabellones de alta seguridad en el país, dejándose de lado a Villahermosa, donde se decomisaron 250 teléfonos celulares, 125 armas, 450 litros de bebidas alcohólicas y dos kilos de sustancias psicoactivas. Se ha presentado la inquietud sobre la detección de más teléfonos celulares en Villahermosa, además de las videollamadas supuestamente realizadas por grupos criminales. Sin embargo, la respuesta de INPEC sigue siendo objeto de análisis.
Patio 3 en la prisión de Villahermosa.
Foto:
Juan Pablo Rueda / El TIempo
Hacinamiento desbordante
La situación de hacinamiento en la prisión de Villahermosa es crítica, con más de 2,000 internos que actualmente se encuentran en estaciones de policía, lo que ha llevado a un colapso en las instalaciones. El director de la prisión ha planteado la pregunta crucial: «¿De dónde obtendremos el espacio necesario?». En 2018, se prometió la construcción de tres nuevos pabellones financiados por el Ministerio del Interior, el Gobierno del Valle y la Alcaldía de Cali, pero hasta el momento estos planes no han recibido el seguimiento adecuado.
Los pasillos de la cárcel están saturados, y en cada celda hay más internos de lo permitido. Los olores y el calor son abrumadores, ya que las instalaciones carecen de un tratamiento adecuado del aire, con solo unos pocos ventiladores en espacios abarrotados. Esta situación se repite en la mayoría de los patios, siendo el único que ha dejado de usarse debido a problemas estructurales.
Antes del 10 de abril, las cifras de ocupación eran alarmantes: mientras que el patio 1 tenía 215 internos, el 2 tenía 618, el 3 contaba con 455, el 4 con 495, y así sucesivamente. La capacidad ideal de cada patio se estima que no debería exceder los 90 internos en promedio.
A pesar de estos problemas, el Ministerio de Seguridad y Justicia ha declarado su intención de garantizar los derechos fundamentales de los privados de libertad, implementando estrategias que cumplan con los mandatos constitucionales para proteger a esta población.
Sin embargo, las advertencias del Consejo de Cali resaltan que hace siete años, en 2018, se había prometido la construcción de nuevos pabellones. Un plan fue diseñado para utilizar un terreno de 25,000 metros cuadrados perteneciente al Gobierno del Valle en el recinto del Centro Penitenciario, con un costo estimado de $16,000 millones por pabellón.
A pesar de las promesas, estas ideas no se concretaron y a día de hoy quedan en meras propuestas sin realizar. La Alcaldía había informado de acuerdos con INPEC para la ampliación de la capacidad carcelaria, pero esos planes tampoco han podido concretarse, lo que provoca que el hacinamiento persista.
La administración actual ha declarado que en un período de cuatro años se buscará levantar un nuevo centro de detención temporal para abordar el hacinamiento en las estaciones de policía y ofrecer una atención especial a ciertos menores involucrados en delitos. Este compromiso se hizo evidente durante la reciente conversación sobre un nuevo acuerdo de inversión de $2,000 millones, que se espera se lleve a cabo pronto.
Carolina Bohorquez y Juan Pablo Rueda
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