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La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, presentó en Bogotá la Alerta Temprana Electoral 2025-2026, un informe preventivo basado en 14 variables de riesgo y la presencia territorial
La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, presentó en Bogotá la Alerta Temprana Electoral 2025-2026, un informe preventivo basado en 14 variables de riesgo y la presencia territorial del organismo en los más de 1.100 municipios del país.
Según el documento, Todo el departamento del Atlántico está en riesgo electoral. Cinco municipios, Baranoa, Campo de la Cruz, Luruaco, Malambo y Polonuevo; fueron clasificados como llamado a la acción urgentemientras que el resto del territorio y su capital, Barranquilla, se mantuvieron en la categoría de acción prioritaria.
«Los riesgos electorales no son uniformes, pero su presencia es generalizada. En el Atlántico, identificamos factores asociados a la influencia de actores armados, control social y disputas políticas locales”, explicó Marín Ortiz durante la presentación del informe.
Municipios del Atlántico como Luruaco y Campo de la Cruz fueron catalogados como riesgo urgente. Foto:Captura de pantalla
En cifras regionales, la Defensoría del Pueblo indicó que La macrorregión Caribe está compuesta por 135 municipios, de los cuales 7 presentan un llamado a la acción urgente (5,2%), 81 acciones prioritarias (60%) y 47 permanecen en observación permanente (34,8%).
El documento advierte que la combinación de violencia armada, baja presencia estatal y débil articulación institucional ha creado un escenario favorable para la cooptación de los procesos democráticos en el Caribe.
“La situación de riesgo se sostiene por la influencia de estructuras armadas que Buscan incidir en procesos democráticos locales a través de amenazas, cooptación social y control territorial”, señala la Alerta Temprana.
Votación en Barranquilla. Foto:Agencia Kronos
Según la Defensoría del Pueblo, en varios municipios del Atlántico y departamentos vecinos «la ausencia del Estado ha permitido actores armados ilegales ocupan el espacio público, definir reglas de convivencia y determinar quiénes pueden participar en política”.
Si bien Barranquilla y otras capitales muestran mayor capacidad estatal, “importantes desafíos en materia de seguridad ciudadanaacceso a la justicia y credibilidad institucional”.
El informe llama la atención sobre la fragilidad de los Comités de Garantía Electoral. A pesar del liderazgo de el Registro Nacional del Estado Civil, El Defensor del Pueblo sostiene que “otras entidades con responsabilidades en el proceso presentan retrasos preocupantes”.
Votación Foto:EL TIEMPO
Entre las dificultades identificadas se encuentran retrasos en la asignación de recursos logísticos, falta de coordinación interinstitucional y mala socialización de los procesos electorales en las instituciones educativas y espacios comunitarios.
“En varios municipios no han avanzado la formación necesaria para fomentar el registro y participación juvenil”, advierte el informe.
En Barranquilla recientemente se desarrolló un Comité de Coordinación y Seguimiento Electoral con presencia de la Fuerza Pública y autoridades departamentales, donde se socializó el calendario de elecciones previstas para 2025 y 2026. De igual forma, en Cartagena se verificaron los compromisos para las elecciones de los Consejos Locales de Juventud.
Sin embargo, el Defensor del Pueblo insiste en que estos esfuerzos deben ampliarse hacia los territorios más vulnerables. “Su impacto dependerá de la capacidad del Estado para convertirlas en garantías reales para las comunidades históricamente marginadas”, destaca el informe.
De continuar las actuales condiciones de inseguridad y control territorial, el organismo advierte que “se espera un progresivo debilitamiento de la democracia local y una mayor captura de las estructuras institucionales por parte de intereses criminales”.
Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra cuentan con más de 800 hombres armados. Foto:Captura de pantalla
“La continuidad de estas dinámicas podría consolidar escenarios donde se obstaculiza el ejercicio político libre y plural, especialmente en zonas rurales y periféricas”, advirtió el Defensor del Pueblo.
La Alerta Temprana Electoral 2025-2026 concluye con un llamado urgente al Estado: “Las autoridades deben garantizar condiciones mínimas de seguridad, libertad y transparencia para la participación política. De lo contrario, corremos el riesgo de que los procesos electorales sean instrumentalizados por estructuras ilegales”.
En un departamento como el Atlántico, históricamente clave para el Caribe, la advertencia tiene peso político y simbólico. Los municipios que hoy enfrentan acciones urgentes son el termómetro de un fenómeno que amenaza con extenderse si no se refuerzan las instituciones, la pedagogía democrática y la protección de los líderes sociales
