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Una bomba de tiempo con fachada colonial. Así describen juristas y ciudadanos la situación del emblemático ‘Edificio El Centavo Menos’, estratégicamente ubicado en la calle Cochera del Gobernador,
Una bomba de tiempo con fachada colonial. Así describen juristas y ciudadanos la situación del emblemático ‘Edificio El Centavo Menos’, estratégicamente ubicado en la calle Cochera del Gobernador, en el corazón turístico y patrimonial de Cartagena.
A pesar de que una resolución de la policía administrativa declaró el inmueble en estado de ruina y peligro inminente hace más de dos años, cinco establecimientos comerciales del primer piso continúan funcionando con normalidad, desafiando las órdenes de evacuación y poniendo en riesgo la vida de miles de clientes y transeúntes.
La alarma ha escalado hasta las oficinas de la Secretaría Distrital de Gobernación, luego de que el abogado Antonio Caballero Vélez presentara una Solicitud urgente de suspensión inmediata de las actividades comerciales y desalojo forzoso del edificio.
La petición se basa en la violación de derechos e intereses fundamentales y el “riesgo de colapso inminente” que, según peritajes, es una amenaza latente y documentada.
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Estamos ante un grave riesgo, que de no ser contenido a tiempo por el Distrito y las autoridades de prevención de riesgos y desastres, puede desencadenar un evento fatal e irreversible de carácter lamentable.
advierte el abogado Antonio Caballero Vélez
‘Edificio El Centavo Menos’ en Cartagena Foto:archivo privado
La crisis del Edificio ‘El Centavo Menos’ no es nueva, pero su abandono se ha prolongado un peligro que ya es reconocido formalmente por las autoridades locales.
El proceso policial con el expediente #0446 se inició hace algún tiempo, culminando con un fallo contundente. El informe técnico pericial, rendido por el perito Luis Eduardo Vega López el 15 de mayo de 2023, y que obra en el expediente oficial, estableció sin lugar a dudas la grave deterioro estructural que representa un riesgo para ocupantes y transeúntes.
Luego del peritaje, el Centro de Inspección Policial 1B de Cartagena, mediante acto administrativo de 23 de julio de 2023, declaró el estado de ruina y ordenó la evacuación inmediata del edificiodecisión que fue ratificada en segunda instancia por la propia Secretaría Distrital de Gobernación el 20 de noviembre de 2024.
A pesar de contar con una orden administrativa firme desde hace casi un año, los propietarios y poseedores del local comercial han hecho caso omiso a las notificaciones de riesgo y de desalojo.
‘Edificio El Centavo Menos’ en Cartagena Foto:archivo privado
El documento presentado por el abogado Caballero Vélez resalta la audacia e inacción en torno a este caso. Mediante cartas de 22 y 27 de agosto de 2025, el Centro de Inspección Policial 1B notificó directamente a los cinco establecimientos del primer piso: La Joyería Mina, Heladería Sabor Infinito, Heladería Paradiso Gelateria, Café Arte y Mas Artech y el local El Centavo Menos.
“A pesar de la orden emitida por la autoridad competente, el local comercial permanece ocupado y abierto al público, lo que aparentemente pone en riesgo la vida e integridad de las personas”, se lee en la comunicación dirigida al Secretario de Gobernación, Bruno Hernández.
La preocupación no es infundada. El informe pericial detalla las fallas estructurales y, Como prueba física del peligro se ha registrado el “desprendimiento y caída de mampostería de la fachada exterior” del edificio.
Este material incide directamente sobre el espacio público, la calle Cochera del Gobernador y sus intersecciones, una de las zonas de mayor tránsito peatonal de la ciudad amurallada.
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Cartagena de Indias, Centro Histórico, se alista para las fiestas de noviembre y diciembre. Foto:John Montaño/EL TIEMPO
El abogado Caballero Vélez destaca que la persistencia en el uso comercial del inmueble en estas condiciones viola múltiples derechos fundamentales y colectivos consagrados en la Ley 472 de 1998, entre ellos ‘vida», «salud», «seguridad y salud públicas» y «la defensa del patrimonio cultural».
La responsabilidad, según la acción legal, recae tanto en los propietarios por “omitir su deber de mantenimiento y conservación del edificio” -violando el Decreto N° 0977 de 2016- como en la Administración Distrital por su omisión de ejecutar la orden de desalojo.
El jurista destaca que la situación constituye una conducta contraria a la convivencia que afecta la seguridad y la actividad económica, de conformidad con el numeral 1 del artículo 94 de la Ley 1801 de 2016. Dicho artículo prevé como medidas correctivas la multa general tipo 4 y la suspensión temporal de la actividad comercial.
Más allá del aspecto administrativo, la persistencia en el riesgo podría acarrear consecuencias penales. El incumplimiento de una orden administrativa policial que ponga en peligro a la comunidad puede tipificarse en el Código Penal.
“Estamos ante un grave riesgo, que de no ser contenido a tiempo por las autoridades Distritales y de prevención de riesgos y desastres, puede derivar en un evento fatal e irreversible de carácter lamentable”, advierte Caballero Vélez.
En su argumentación, el abogado cita la Sentencia T-232/96 del Tribunal Constitucional, que establece la dimensión objetiva del Derecho a la Vida, recordando que no sólo el Estado, sino también los individuos, tienen la responsabilidad constitucional de protegerlo. La protección debe ser “no sólo de naturaleza formal o abstracta sino objetiva y mirando hacia el futuro”.
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Ante la inminencia de una catástrofe que podría manchar de luto el corazón turístico de Colombia, los pedidos al Secretario de Gobernación son claros y perentorios:
Suspensión inmediata de actividades comerciales en el local del primer piso.
Adopción de medidas policiales para garantizar el desalojo inmediato y definitivo.
Implementación urgente de acciones para mitigar el riesgo existente en el inmueble ruinoso.
La Administración Distrital de Cartagena enfrenta ahora la urgencia de ejecutar una orden que ha sido ignorada durante meses.
Documental de la periodista Jineth Bedoya. Foto:
cartagena
