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El reciente anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, instando a considerar “completamente cerrado” el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores ha desatado una ola
El reciente anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, instando a considerar “completamente cerrado” el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores ha desatado una ola de reacciones diplomáticas, alteraciones en las rutas aéreas y una notable caída en la conectividad internacional del país caribeño.
El 29 de noviembre de 2025, en un mensaje publicado en su red social, Trump declaró:
“A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: tengan en cuenta que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá completamente cerrado”.
La declaración generó sorpresa incluso entre los funcionarios estadounidenses, quienes admitieron que no tenían conocimiento de ninguna operación militar específica para implementar un “cierre” formal del espacio aéreo.
Por su parte, el gobierno de Venezuela —a través del Ministerio de Relaciones Exteriores— respondió denunciando la medida como una “amenaza colonialista”, reafirmando que sólo Caracas tiene autoridad sobre su espacio aéreo y calificando el anuncio como una agresión unilateral contra su soberanía.
La tensión creció en los días previos al anuncio, cuando la Administración Federal de Aviación (FAA) emitió un aviso de seguridad (NOTAM) señalando una situación potencialmente peligrosa en el espacio aéreo correspondiente a la FIR Maiquetía (SVZM), que cubre casi toda Venezuela y parte del Caribe. La alerta destacó un aumento de la actividad militar, posibles interferencias con los sistemas de navegación y otros riesgos para la aviación civil.
Como resultado:
Según informes recientes, sólo un par de aerolíneas internacionales mantienen operaciones regulares: la panameña Copa Airlines y la colombiana Wingo, que continúan operando rutas a Caracas, aunque con frecuencias y horarios diurnos reducidos.
La disminución de vuelos es profunda: de un promedio de 105 operaciones internacionales semanales –antes de la crisisse habría pasado a alrededor de 79, lo que equivale a una caída del 24,7%.
En este contexto, muchos viajeros han quedado varados, las repatriaciones se han suspendido unilateralmente y la capacidad de Venezuela para recibir carga, pasajeros o turistas se ha visto severamente limitada.
La reacción del gobierno venezolano no se limitó al nivel técnico. Las autoridades denunciaron una violación directa del derecho internacional y pidieron el rechazo global de la medida.
Los analistas coinciden en que el anuncio de Trump busca intensificar la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, con la intención -según algunos- de debilitar su régimen, aislarlo internacionalmente y complicar sus relaciones comerciales y diplomáticas.
Para la población venezolana las consecuencias no son sólo logísticas: implican dificultades para emigrar, regresar al país, acceder a servicios médicos en el njero, recibir insumos esenciales y también dificultan la movilidad de carga crítica.
El anuncio de Trump del cierre del espacio aéreo venezolano, aun cuando no vaya acompañado de una orden militar explícita, ha tenido un impacto inmediato y palpable: enlaces aéreos con gran parte del mundo cortados, rutas reducidas al mínimo, cancelaciones masivas y sanciones contra aerolíneas, sumado a una crisis de conectividad que afecta ya a miles de personas: viajeros, migrantes, familias y empresas.
Mientras la comunidad internacional evalúa la legalidad y las implicaciones humanitarias de esta medida, Venezuela enfrenta una de sus mayores desconexiones aéreas: sin certeza de cuándo se restablecerá la normalidad, el país parece encaminarse hacia un aislamiento prolongado del resto del mundo.
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