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Julio Rojas Marín, ex candidato para el Consejo Municipal de Gamarra (Cesar), fue condenado a 32 meses de prisión, además de ser descalificado para ejercer cualquier función pública
Julio Rojas Marín, ex candidato para el Consejo Municipal de Gamarra (Cesar), fue condenado a 32 meses de prisión, además de ser descalificado para ejercer cualquier función pública durante el mismo período, tras haber admitido su implicación en los disturbios violentos que se presentaron el 28 de octubre de 2023 en la sede del Registro Municipal de Gamarra.
Este exaspirante formaba parte de un grupo que llevó a cabo una protesta violenta en desacuerdo con los resultados electorales que percibían como desfavorables.
Según declaraciones de la oficina del fiscal, «Julio Rojas Marín, quien en ese momento era candidato para el Consejo de Gamarra, supuestamente participó activamente en el ataque. Durante este suceso, golpeó al registrador municipal con sus puños y patadas, además de causar daños a documentos, computadoras y otros materiales presentes».
En el transcurso de esta movilización, la multitud irrumpió de manera agresiva en las instalaciones de la autoridad electoral, enfrentándose tanto a la policía como a los funcionarios presentes. Rojas Marín fue identificado como el individuo que agredió físicamente al registrador municipal, ocasionando daños significativos tanto a equipos como a documentos oficiales.
Luego de esta agresión, se produjo un incendio en la sede del registro, provocado por otras personas que acompañaban al ex candidato.
Duperly Arévalo, un funcionario que perdió la vida durante los incidentes en Gamarra. Foto:Cortesía
Este trágico incendio resultó en la muerte de Duperly Arévalo Carrascal, quien se desempeñaba como asistente administrativo en la entidad, y dejó a otros funcionarios heridos, así como a miembros de la policía que también resultaron afectados.
Por este homicidio agravado y otros delitos asociados, tres individuos ya han sido sentenciados a penas de al menos 20 años de prisión.
La oficina del fiscal general alcanzó un acuerdo previo con Rojas Marín, quien fue respaldado por un juez penal en Aguachica (Cesar). Por su parte, los responsables del incendio y del homicidio enfrentan procedimientos penales separados que podrían conllevar severas condenas.
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