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El panorama del orden público en Antioquia este año revela un escenario de contrastes, marcado por un recrudecimiento de la violencia letal en las zonas rurales y una
El panorama del orden público en Antioquia este año revela un escenario de contrastes, marcado por un recrudecimiento de la violencia letal en las zonas rurales y una relativa contención en los centros urbanos.
Según el informe anual del Observatorio de Derechos Humanos y Paz del Instituto de Formación Popular (IPC), El territorio antioqueño ha sido escenario de dinámicas armadas que desafían la seguridad ciudadana y la integridad de las comunidades más vulnerables.
Las cifras presentadas por el organismo, con corte a noviembre, exponen una realidad preocupante en la que masacres y homicidios selectivos siguen siendo el principal instrumento de control territorial por grupos armados ilegales que operan en las subregiones.
levantamiento de cuerpo Foto:JUAN PABLO RUEDA BUSTAMANTE. Autor: JUAN PABLO RUEDA
En cuanto a la violencia colectiva, Hasta ese mes de 2025, Antioquia registró un total de 12 masacres que cobraron la vida de 40 personas en diferentes puntos..
Este dato supone un aumento respecto al año anterior, cuando se documentaron 10 hechos de este tipo, lo que muestra una tendencia creciente en la gravedad de los ataques dirigidos contra la población civil.
Esta cifra departamental representa cerca del 17% tanto del total de masacres (73) como del total de víctimas (240) a nivel nacional.
Las comunidades rurales son las más afectadas Foto:Santiago Saldarriaga / EL TIEMPO
El informe del IPC también revela que El Suroeste concentra el mayor número de víctimas durante las cuatro masacres registradas, con 15 personas asesinadas en municipios como Urrao, Andes, Betulia y Santa Bárbara, convirtiéndose en el principal foco de atención por la magnitud de las pérdidas humanas. Le sigue el Oriente antioqueño, con tres masacres registradas en los municipios de El Carmen de Viboral (2) y La Unión (1).
Estas masacres no son hechos aislados, sino que responden a una estrategia de terror implementada por actores como el Ejército Gaitanista de Colombia (Egc), o el ‘Clan del Golfo’; el Ejército de Liberación Nacional (ELN); y las disidencias de los frentes 18, 34 y 36 de las ex FARC, que se disputan corredores estratégicos para las economías ilícitas.
Por otro lado, el análisis de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes ofrece una visión técnica de la gravedad de la situación.
El crimen ocurrió en una zona rural Foto:Archivo EL TIEMPO
Según la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), el comportamiento general de los homicidios en Antioquia entre 2024 y 2025 muestra que cada día ocurren alrededor de cuatro muertes violentas en el departamento.
“Si bien el total departamental pasa de 1.451 a 1.519 homicidios, lo que implica un aumento del 5%, los datos globales esconden transformaciones territoriales de alto impacto. Hay 50 municipios en los que los homicidios están aumentando; “Eso equivale a que cerca del 40% del departamento esté en alerta máxima”, informó la entidad..
Al cierre de octubre de 2025, la tasa departamental se ubicó en 43,63, cifra que refleja la persistencia de niveles significativos de violencia letal, a pesar de los esfuerzos institucionales.
Homicidio en Antioquia Foto:Archivo EL TIEMPO
Sin embargo, el desglose subregional muestra realidades muy diversas. El Norte de Antioquia se consolida como una de las zonas más críticas, con una tasa de homicidios de 51,6 por 100.000 habitantes. Si bien este valor es inferior al pico histórico de 80,6 registrado en 2022 y los 53 reportados en 2024, la región sigue bajo constante presión armada por el control del Desnudo Paramillo.
Por otro lado, la subregión Suroeste mostró una leve mejoría, al registrar una tasa de 43,7 en 2025, frente a 48,2 el año inmediatamente anterior, aunque el control social que ejercen los grupos criminales sigue siendo una constante en los municipios cafetaleros.
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Además, a partir de octubre de 2025, 13 municipios de Antioquia se encuentran en nivel crítico de homicidios, superando la tasa promedio de 25,4% en 2024, al registrar más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes. Estos son: San Andrés de Cuerquia, Betulia, Anorí, Hispania, Briceño, Betania, Yondó, Toledo, Andes, Remedios, Ciudad Bolívar, Amalfi y Valdivia.
“Este panorama conforma el núcleo del riesgo estructural: la presencia simultánea de múltiples actores aumenta la probabilidad de enfrentamientos, regula la vida comunitaria y reduce la capacidad del Estado para ejercer un control efectivo y sostenido sobre el territorio”, indicó Corpades en su informe.
Medellín se posiciona como uno de los destinos turísticos favoritos de los extranjeros en 2025. Foto:Cortesía
En marcado contraste con la situación rural, la ciudad de Medellín logró consolidar una reducción sostenida de sus índices de violencia letal. La capital de Antioquia cerró el período con una tasa de 10,4 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que representa un descenso significativo frente a los 13,6 registrados en mediciones anteriores.
Corpades indicó que Esta disminución se da en un contexto de reconfiguración de los Grupos Delictivos Organizados (GDO) en el Valle de Aburrá, donde estructuras como El Mesa, La Terraza, Los Chatas, Los Pachelly y Los Triana mantienen pactos de no agresión o controles invisibles que han impactado las cifras de muertes violentas, aunque no necesariamente otros delitos como la extorsión o el hurto.
Desplazamiento forzado Foto:Cortesía
La crisis humanitaria en el departamento también se mide a través del desplazamiento y confinamiento de comunidades enteras. Durante 2025 se documentaron 14 eventos de desplazamiento masivo que afectaron a 3.811 personas, una cifra que, si bien es inferior a los 7.663 afectados en 14 eventos durante 2024, sigue mostrando la fragilidad de la vida en el campo.
Al mismo tiempo, el fenómeno del confinamiento ha mostrado una dinámica preocupante, con nueve hechos registrados que mantuvieron a 4.789 personas bajo restricción de movilidad. La población más afectada por estas dinámicas son los pueblos indígenas y las mujeres, quienes enfrentan barreras adicionales para acceder a protección y justicia en medio de enfrentamientos por el control de áreas mineras y rutas de narcotráfico.
Oro Foto:iStock
Uno de los principales impulsores de esta violencia es la economía del oro, cuyo precio ha experimentado un crecimiento exponencial del 195%. entre 2020 y 2025, alcanzando un valor de $404.822. Este incentivo económico ha intensificado las disputas en el Noreste y el Bajo Cauca, donde la minería ilegal financia el aparato bélico de los grupos armados.
En este entorno de alta rentabilidad criminal, la defensa de los derechos humanos se ha convertido en una tarea de alto riesgo; En 2025 fueron asesinados 17 líderes sociales en el departamento.
El Norte de Antioquia concentró la mayor letalidad, con siete casos en municipios como Toledo, Valdivia e Ituango, seguido por el Noreste y el Valle de Aburrá, con cinco asesinatos cada uno, configurando un balance devastador para la participación social y la democracia local.
ALEJANDRO MERCADO – @AlejoMercado10
Periodista de la nación
Medellín
