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El conflicto entre la Diócesis de Santa Marta y el sacerdote Hernando Fajid Álvarez Yacub Esta semana se sumó una escena inédita incluso para quienes siguen el caso
El conflicto entre la Diócesis de Santa Marta y el sacerdote Hernando Fajid Álvarez Yacub Esta semana se sumó una escena inédita incluso para quienes siguen el caso desde hace meses: una misa celebrada en medio de un proceso judicial.
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Este jueves, funcionarios de la Fiscalía, agentes del CTI, policías y un juez ingresaron al cementerio de san miguel realizar una inspección técnica ordenada dentro del proceso penal que busca definir quién tiene el control legal del cementerio. Mientras los peritos revisaban documentos y tomaban registros, se instaló un ataúd frente al altar. Minutos después, el sacerdote inició la ceremonia religiosa. Nada se detuvo. Ni la inspección judicial ni la misa.
La diligencia fue parte de las actuaciones ordenadas por el Juzgado Cuarto Penal Municipal dentro del proceso que enfrenta el religioso, acusado por la Fiscalía por los delitos de administración desleal, falsedad en documento privado y encubrimiento de documento privado, relacionados con la presunta apropiación irregular de la administración del cementerio.
Para la Diócesis, la misa es desobediente a las decisiones canónicas y judiciales. Foto:Roger Urieles
Según la Diócesis de Santa Marta, el sacerdote era relevado del cargo parroquial y trasladado a otra capilla, pero se negó a ceder el control del cementerio y habría creado una estructura administrativa paralela para seguir gestionándolo.
“El proceso busca restituir el derecho a la propiedad que pertenece a la diócesis”explicó el abogado Diego Fernando Duque Zuluaga, representante legal de la Iglesia, durante el trámite.
El jurista señaló que la inspección tuvo como objetivo verificar la situación legal y física del lugar a través de un peritaje técnico que servirá de base para una próxima decisión judicial.
«El juez debe determinar si cancelar el registro que consideramos fraudulento y si se ordena la entrega provisional del cementerio a su titular titular”, afirmó.
Según la defensa de la Iglesia, la decisión podría tomarse de forma voluntaria o, en su caso, con el acompañamiento del Policía Nacional.
Uno de los puntos más críticos del litigio es la gestión económica del cementerio. La Diócesis sostiene que durante la gestión del sacerdote No hubo claridad sobre los ingresos por ofertasentierros y servicios funerarios, lo que hoy hace difícil cuantificar las pérdidas económicas.
El ex cura mantiene el control del cementerio de San Miguel. Foto:Roger Urieles
“El problema es que recursos no registrados y actualmente la diócesis está tratando de reconstruir la contabilidad porque los documentos siguen retenidos”, dijo Duque.
También indicó que familiares han solicitado información sobre los restos de sus familiares tras presuntas exhumaciones no autorizadas y reventa de criptas. solicitudes que llegan a la Iglesia aunque no tenga acceso administrativo al cementerio.
Aunque el sacerdote evitó dar declaraciones durante el proceso, su defensa jurídica, que sí lo hizo, sustenta una versión diferente del conflicto.
Una comisión judicial se hizo cargo del campo santo para realizar una auditoría del lugar. Foto:Roger Urieles
Según su abogado, Álvarez Yacub considera que ejerce una administración legítima y que el proceso responde a una Disputa interna con la jerarquía eclesiástica. más que irregularidades criminales.
La defensa ha insistido en que “el padre cuenta con el apoyo de los propietarios de la bóveda y feligreses que reconocen su gestión pastoral y administrativa”.
Bajo este argumento explica, las razones para continuar en el lugar administrar y realizar ceremonias religiosas y servicios funerarios.
Esa fidelidad quedó evidenciada durante la inspección judicial, cuando seguidores del sacerdote Enfrentaron verbalmente a las autoridades y defendieron su permanencia en el lugar.
“No vamos a dejar que saquen al padre”gritó un feligrés a la comisión judicial que se hizo cargo del cementerio.
Para quienes rodean al religioso, su continuidad no representa una falta de respeto sino el ejercicio de una misión espiritual que, aseguran, No puede ser revocado por decisiones administrativas.
La escena del jueves resumió el momento actual del caso: luto religioso y disputa judicial que ocurren al mismo tiempo.
En los próximos días habrá que definir quién mantendrá el control del cementerio. Foto:Roger Urieles
Mientras una familia se despedía de su ser querido llorando, Los investigadores revisaron documentos contables. y la policía custodiaba el templo.
Para la Diócesis, la misa celebrada durante la inspección muestra una actitud de abierta desobediencia hacia las decisiones canónicas y judiciales, ya que el sacerdote fue privado del poder de oficiar los sacramentos.
Para sus seguidores, sin embargo, fue una demostración de resistencia y compromiso pastoral.
El procedimiento no implicó un desalojo inmediato. Su propósito era recolectar evidencia técnica que permitiera al juez tomar una decisión en las próximas semanas.
El peritaje determinará si procede la cancelación del expediente administrativo cuestionado y la entrega provisional del cementerio mientras continúa el proceso penal. Hasta entonces, el conflicto sigue abierto.
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El cura sigue celebrando misas. La Iglesia insiste en que no está autorizada y la justicia intenta definir quién tiene realmente el control del cementerio de San Miguel.
La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias Mencho. Foto:
Por Roger Urieles, para EL TIEMPO Santa Marta. En X @rogeruv
