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El ataque sicarial que tuvo como víctima a Edgardo Fernández Martínez, funcionario de la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas (DIAN), ocurrió en la mañana del lunes 21
El ataque sicarial que tuvo como víctima a Edgardo Fernández Martínez, funcionario de la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas (DIAN), ocurrió en la mañana del lunes 21 de abril en Barranquilla, generando una profunda preocupación entre las autoridades judiciales y administrativas del país. Este acto de violencia ha puesto de manifiesto los riesgos que enfrentan los funcionarios públicos, especialmente aquellos involucrados en la lucha contra el contrabando y el lavado de dinero.
A pesar de que los motivos detrás del ataque no han sido confirmados oficialmente, las investigaciones preliminares sugieren que podría estar relacionado con el proceso disciplinario y criminal que Fernández enfrenta por supuestos vínculos con el contrabando y actividades de lavado de dinero.
El ataque ocurrió a plena luz del día, en el exterior de un conocido almacén de cadenas en el norte de Barranquilla. Según relatos de testigos, Fernández estaba disfrutando de un café con amigos cuando un hombre armado se le acercó y, sin mediar palabra, le disparó de forma directa antes de abandonar rápidamente el lugar. Tras el hecho, el funcionario fue trasladado de inmediato a un centro médico, donde permanece bajo cuidados estrictos debido a su estado crítico, con un pronóstico reservado que ha generado muchas inquietudes sobre su recuperación.
La policía metropolitana de Barranquilla ha puesto en marcha las investigaciones, centradas en la recopilación de evidencia esencial. Esto incluye los registros de las cámaras de seguridad de la zona, entrevistas con los testigos presenciales y un análisis del historial judicial del propio Fernández, en un esfuerzo por determinar si se trató de un ataque selectivo con motivaciones vinculadas a su trabajo en la DIAN o a las indagaciones que lo afectan.
En este contexto, el Director Nacional del DIAN, Luis Eduardo Llinás, quien se encontraba en Barranquilla participando en el evento ‘Aduanas, una misión pública-privada’, organizado por Analdex, ha declarado públicamente que Fernández estaba siendo objeto de investigaciones por actividades presuntamente ilegales. En sus palabras,
Lo que aconteció ayer debe ser objeto de una minuciosa investigación por parte de la Fiscalía, la policía y la CTI. Entiendo que el funcionario tenía diligencias abiertas por lavado de dinero y que esta situación estaba bajo análisis.
Luis Eduardo LlinásDirector Nacional del Dian
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No obstante, el director ha subrayado la importancia de mantener la presunción de inocencia mientras se llevan a cabo las investigaciones. «Deseamos su pronta y satisfactoria recuperación, pero debemos recordar que, aunque existen indicios, no debemos establecer vínculos sin pruebas concluyentes. La justicia debe seguir su curso», resaltó Llinás durante sus declaraciones.
Edgardo Fernández Martínez, Oficial del DIAN Foto:Redes sociales
Durante el mismo evento, Llinás no solo habló sobre el caso específico de Fernández, sino que también aprovechó para abordar con franqueza los múltiples desafíos que enfrenta la DIAN en su lucha contra el contrabando y el lavado de dinero. Reconoció que ha habido funcionarios que han sido infiltrados por grupos criminales, como el alias ‘papá Pitufo’, una organización mafia dedicada al contrabando de bienes en diversas regiones del país.
«Hay manzanas podridas en nuestra institución, y es una realidad innegable. Pero quiero ser claro: no todos nuestros funcionarios están comprometidos. En la DIAN hay personas altamente capacitadas, con años de experiencia y un profundo sentido ético. Aunque también hay quienes han optado por colaborar con las redes delictivas, y es esencial que esos individuos sean identificados y llevados ante la justicia», advirtió el director.
La situación ha despertado una considerable inquietud entre los trabajadores de la DIAN, quienes han manifestado temor ante posibles represalias debido a su función en procesos de investigación o sanció. En respuesta a ello, el sindicato de empleados de la entidad ha solicitado garantías adecuadas de seguridad, especialmente para aquellos que participan en las áreas más vulnerables como el control aduanero y las investigaciones especiales.
Vista del edificio de la DIAN. Foto:Google Maps
Mientras tanto, la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) están colaborando con la Policía Judicial para esclarecer los hechos. Se están examinando líneas de investigación que apuntan a un posible ajuste de cuentas, dado el trasfondo del crimen organizado y las denuncias previas contra el funcionario involucrado.
El incidente ha abierto un importante debate sobre la necesidad de depurar las instituciones estatales, particularmente aquellas responsables de manejar información confidencial y recursos estratégicos como el comercio exterior.
El director Llinás enfatizó que la transparencia, el control interno, y la protección de los funcionarios probos son ahora cuestiones prioritarias en la agenda de la DIAN, en un contexto en el que la lucha contra el contrabando se extiende más allá de los puertos y aduanas, alcanzando incluso las oficinas públicas.
