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En medio de la intensa y creciente preocupación que rodea a una posible crisis energética en los Departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira, se ha presentado una
En medio de la intensa y creciente preocupación que rodea a una posible crisis energética en los Departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira, se ha presentado una postura firme por parte de la Asociación Nacional de Empresas Generantes (Andeg). Esta asociación se ha manifestado de manera favorable ante una propuesta que ha generado controversia, formulada por el Presidente del Congreso, Efraín Cepeda. Su propuesta busca redirigir parte del presupuesto destinado a la consulta popular sobre la deuda que la compañía intervenida Air-E tiene con el sector eléctrico.
Con mayor profundidad, Cepeda ha sugerido que los $ 700,000 millones que se han planeado para invertir en la consulta popular sean utilizados como un medio para cubrir los $ 1.5 mil millones que Air-E debe actualmente a los generadores de energía. Este planteamiento busca como objetivo primordial evitar un colapso en el suministro de energía en esta región del país. Aunque la iniciativa se presenta como polémica, ha recibido un apoyo notable dentro del Gremio de Energía.
No vemos con los ojos malos la propuesta del senador Cepeda. Aquí lo importante es que comienzan a mirar
Alejandro CastañedaAndeg Director Ejecutivo
El mismo Castañeda ha señalado que el panorama actual que enfrenta el sector energético es ya suficientemente complejo y que, si no se alcanza un acuerdo para saldar estas deudas antes de que finalice el segundo semestre del año, particularmente antes de septiembre, el sistema energético podría enfrentar dificultades serias. «Los bancos ya están llamando a los generadores preguntando si recibirán sus pagos, y la incertidumbre reina. La desconfianza está amenazando no solo la operación de las plantas, sino la estabilidad general del suministro de energía,» advirtió con preocupación.
La compañía Air-E anuncia redes en varios sectores.Foto:Cortesía Air-E
Uno de los mayores temores que surgen en este sector es que la falta de pago limita seriamente la capacidad de los generadores para adquirir los insumos básicos necesarios para operar, tales como combustibles, gas o carbón. En este contexto, Castañeda ha subrayado que, si bien existen diversas formas para obtener recursos, lo más urgente ahora es asegurar la liquidez para mantener en operación el sistema eléctrico.
«La prioridad en este instante es que los generadores no alcancen un nivel donde no puedan adquirir suministros esenciales. En caso de que esto suceda, las repercusiones no solo afectarán a las compañías, sino que millones de usuarios en toda la región del Caribe sufrirán las consecuencias,» explicó el director de Andeg.
Sin embargo, las críticas hacia el gremio no se limitan a la escasez de pagos. Castañeda también puso en tela de juicio la actuación del Superintendente de Servicios Públicos, Yanod Márquez, en el proceso de intervención de Air-E.
Estas declaraciones se produjeron tras un contundente llamado de atención por parte del Fiscal General de la Nación, quien denunció irregularidades en el proceso de intervención y la falta de acciones concretas para corregir el rumbo de la empresa.
La compañía Air-E realizará trabajo en la subestación eléctrica Las Flores.Foto:Cortesía Air-E
«El superintendente parece no tener claridad sobre sus funciones en este proceso. Lo que vemos es una gestión débil, carente de resultados y sin estrategias claras. La situación es alarmante, y las únicas respuestas que se ofrecen son excusas sobre la falta de recursos disponibles en el fondo comercial,» criticó Castañeda.
En su evaluación, la falta de coordinación entre el auditor, el Ministerio de Minas y el Ministerio de Finanzas ha exacerbado la crisis actual. «Hay una evidente disfunción administrativa. Necesitamos una intervención que esté marcada por un liderazgo firme, capacidad de gestión y decisiones decididas. No podemos seguir esperando mientras la situación se deteriora aún más,» concluyó su intervención.
La intervención de Air-E fue decretada por el gobierno nacional con la intención de estabilizar el servicio eléctrico en la región del Caribe, y lamentablemente, lejos de mejorar, los indicadores financieros y operativos de la compañía continúan generando mucha alarma.
Con el tiempo avanzando y el riesgo creciente de un apagón masivo en el norte del país, la discusión sobre el uso alternativo de los recursos destinados a la consulta popular se fortalece, mientras el gobierno debe decidir si tomará medidas extraordinarias para evitar una crisis energética de magnitudes significativas.
