9621 Agnes Crossing, Lake Suzanneview, New Mexico Island 84604-9295.
A solicitud de la oficina del Fiscal General, un juez de control de garantía ha dictado una medida de aseguramiento en un centro penitenciario contra Erney de Jesús
A solicitud de la oficina del Fiscal General, un juez de control de garantía ha dictado una medida de aseguramiento en un centro penitenciario contra Erney de Jesús Mejía Garcés. Esta decisión se toma en el contexto de un caso que ha levantado serias preocupaciones en la comunidad.
Las autoridades han señalado a este individuo como el presunto autor de agresiones sexuales perpetradas contra dos menores que se encontraban en un hogar de cuidado infantil informal ubicado en Pereira, Risaralda. El hecho ha conmocionado a la opinión pública, generando un llamado a la acción para proteger a los más vulnerables.
Erney de Jesús Mejía Garcés fue formalmente acusado por la oficina del fiscal por su supuesta implicación en crímenes severos, concretamente en actos de agresión sexual y abuso sexual con menores de catorce años, ambos calificables como agravados. Durante la audiencia, el acusado rechazó las acusaciones que se han presentado en su contra, lo cual ha generado un debate en torno a la búsqueda de justicia para las víctimas.
Las investigaciones realizadas por las autoridades revelan que los incidentes habrían tenido lugar entre los años 2021 y 2024 en un hogar infantil que, lamentablemente, operaba sin la documentación legal necesaria para llevar a cabo su función adecuadamente. Esto plantea serias interrogantes sobre la supervisión de estos centros y la protección de los niños que en ellos se encuentran.
El hombre fue capturado por las autoridades.
Foto:
Istock
De acuerdo con las indagaciones, Mejía Garcés habría aprovechado las circunstancias para llevar a cabo las agresiones, dado que su esposa, quien era la responsable del lugar de atención, estaba ocupada en otras tareas. Esto le permitió someter repetidamente a las dos víctimas, que eran menores de seis y siete años, a situaciones de abuso sexual. La gravedad de los actos ha generado una reacción inmediata de diversos sectores gubernamentales y sociales.
Se presume que el ahora investigado amenazó a las víctimas con hacer daño a sus padres si llegaban a hablar sobre lo sucedido, creando así un clima de miedo que dificultaba el proceso de denuncia y la búsqueda de ayuda por parte de los menores.
La captura de Mejía Garcés se realizó el 25 de abril en las carreteras de San Nicolás de Pereira a través de una operación conjunta entre oficiales del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional. Esta operación fue el resultado de investigaciones exhaustivas y un esfuerzo coordinado para hacer frente a la creciente preocupación por la seguridad de los menores en la región.
Funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) también participaron en la diligencia, asegurándose de que se tomen las medidas adecuadas para restaurar los derechos de los menores que fueron afectados por las acciones del acusado. La intervención de estas instituciones es crucial para proporcionar la atención psicológica y social necesaria a las víctimas.
La oficina del Fiscal General emitió una medida de aseguramiento para el hombre.
Foto:
Foto: Jesús Blanquicet
En un caso relacionado, otro juez emitió una medida de aseguramiento en la cárcel contra Jesús David Maestre Sevilla, quien es acusado del delito de trata de personas en Cúcuta, Norte de Santander. La situación revela la gravedad de los problemas de explotación infantil en varias regiones del país.
La investigación del fiscal seccional de Norte de Santander ha descubierto que Maestre Sevilla habría capturado, acogido y explotado económicamente a un menor venezolano desde los 14 años. Los eventos se remontan al 30 de junio de 2024, cuando la víctima llegó a Cúcuta desde Venezuela, y en esos momentos fue contactada por Maestre Sevilla, quien la obligó a grabar videos de contenido sexual, un acto absolutamente inaceptable y condenable.
El 26 de abril, la Policía Nacional detuvo a Maestre Sevilla en flagrancia durante una operación de registro en una residencia situada en el barrio Prados del Este. Esta captura es un reflejo del esfuerzo continuo para erradicar la explotación de menores y proteger a la población vulnerable.
Este contenido se reescribió con la ayuda de la inteligencia artificial, basada en la información de la oficina del Fiscal General, y fue revisado por el periodista y un editor.
