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En el municipio de Calamar, Bolívar, la La energía eléctrica dejaría de ser más que un servicio básico. convertirse en el epicentro de una crisis de derechos fundamentales.
En el municipio de Calamar, Bolívar, la La energía eléctrica dejaría de ser más que un servicio básico. convertirse en el epicentro de una crisis de derechos fundamentales.
José del Carmen Pacheco- actuando en nombre de una comunidad que se siente acosado, según ellos, por la facturación y los cortes programados realizados por la empresa Afinia- ha presentado una denuncia acción de tutela que busca frenar lo que califica como un «procedimiento fraudulento» que atenta contra la vida digna de sus habitantes.
La acción judicial, interpuesta ante el Juzgado Municipal Promiscuo de Calamarno sólo apunta a la empresa que presta el servicio, sino también vincula a la Presidencia de la República y a los ministerios de Salud y Educación, advirtiendo que los cortes de energía están paralizando servicios vitales para los niños y las poblaciones vulnerables.
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Protestas en Calamar contra Afinia Foto:archivo privado
Según el escrito judicial, Afinia habría realizado maniobras administrativas sin el pleno conocimiento de los suscriptores, dando lugar a lo que la comunidad lo percibe como una violación sistemática del debido proceso.
La comunidad denuncia que La suspensión del servicio se está realizando de forma arbitraria, afectando el mínimo vital.
En una región donde el calor que impacta las condiciones socioeconómicas es implacable, La falta de energía eléctrica provocaría la pérdida de alimentosla imposibilidad de estudiar para cientos de niños y jóvenes y el riesgo para aquellos Dependen del equipo médico en sus hogares.
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Calamar, Bolívar Foto:archivo privado
Lo que hace que esta tutela tenga un alto impacto es la vincular las carteras nacionales.
El demandante sostiene que la crisis eléctrica en Calamar Ha trascendido el ámbito privado para convertirse en un problema de Salud Pública y Educación.
Según la tutela, sin energía eléctrica, las escuelas rurales y urbanas de Calamar permanecen desconectadas, impidiendo el uso de herramientas tecnológicas y afectando el desarrollo pedagógico de los menores, y por ende impactando el derecho a la educación:
La crisis de este servicio público también estaría impactando el derecho a la salud, Por la falta de refrigeración para medicamentos y el cese de operaciones en los centros de atención básica por inestabilidad eléctrica, la vida de la comunidad está en riesgo.
“Nuestros derechos fundamentales como la dignidad humana, la salud y la educación son vulnerados, especialmente en contextos vulnerables como el de nuestros niños”, afirma José del Carmen Pacheco.
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Ante la inminencia de un daño irreparable, Pacheco ha solicitado al Juez una Medida Provisional.
El objetivo es que Afinia se abstenga de realizar recortes o suspensiones del servicio mientras se resuelven los méritos de la tutela, asegurando que Calamar no quede a oscuras durante el proceso legal.
El demandante, quien cuenta con certificación de la Secretaría de Gobierno Municipal de Calamar como suscriptor reconocido y representante de la comunidad, ha adjuntado evidencia que incluye denuncias previas ante la empresa y actas de elecciones comunales que respaldan su legitimidad.
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Este caso vuelve a poner sobre la mesa la Tensa relación entre empresas de servicios públicos en varias localidades del Caribe colombiano y sus usuarios.
Mientras Afinia defiende su derecho a la sostenibilidad financiera y al cobro de la cartera, la comunidad de Calamar exige que el servicio se preste bajo los principios de equidad, transparencia y respeto a la dignidad humana.
El Juzgado Municipal Promiscuo de Calamar ahora tiene la responsabilidad histórica de Decidir si el flujo eléctrico se puede utilizar como medida de presión. o si, por el contrario, debe protegerse como soporte vital de una sociedad que se niega a desconectarse del desarrollo.
Este fallo podría sentar un precedente para cientos de municipios que enfrentan crisis similares con sus respectivos operadores energéticos en sus regiones.
Documental de la periodista Jineth Bedoya. Foto:
CARTAGENA
