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En el segundo día de debate sobre el control político del Ministerio de Seguridad y Justicia, el Concejo Distrital de Cali reveló cifras alarmantes sobre el impacto del
En el segundo día de debate sobre el control político del Ministerio de Seguridad y Justicia, el Concejo Distrital de Cali reveló cifras alarmantes sobre el impacto del multicrimen en la población joven.
Según el balance presentado en el pleno, Cali registra una tasa de 45,6 muertes por cada 100 mil habitantes, consolidándose como la principal ciudad más violenta de Colombia.
Preocupa el aumento de homicidios en lo que va de 2026. Foto:Mario Caicedo/EFE
De los 1.067 homicidios ocurridos en 2025, 479 víctimas eran menores de 28 años, lo que ha reactivado la propuesta de implementar un toque de queda sectorizado y focalizado para proteger a niños y jóvenes en las comunas más críticas.
El concejal Sergio Mauricio Zamora Betancur inició el análisis señalando que la violencia en Cali no es un fenómeno aislado, sino que está intrínsecamente ligado a la falta de oportunidades.
Las comunas 13, 14, 15 y 21 concentran el mayor número de hechos sangrientos, coincidiendo con sectores de extrema pobreza y deserción escolar.
Zamora advirtió que la economía criminal se sustenta en actividades como la minería ilegal en los Farallones y el narcotráfico, motores que financian el armado de estructuras ilegales que ya registran presencia visual a través de pancartas en zonas rurales y periféricas.
Los ‘Megatomas’ en sectores críticos de la ciudad, entre estrategias de seguridad. Foto:policia metropolitana de cali
El debate puso bajo el microscopio la eficacia de las herramientas de vigilancia de la ciudad, revelando hallazgos preocupantes sobre su funcionamiento real.
El concejal Roberto Ortiz Urueña denunció la aparición de mensajes alusivos a las ‘Autodefensas Unidas de Nariño’ en sectores críticos como Siloé y Avenida Circunvalar, cuestionando directamente la ineficacia de las cámaras de seguridad para prevenir y registrar este tipo de expresiones que alteran la convivencia y generan ansiedad en la comunidad.
La corporación también cuestionó las capacidades de la Fuerza Pública. Foto:Ayuntamiento de Cali.
En materia de infraestructura tecnológica, se reveló que cerca de la mitad de la red de fibra óptica destinada a soportar el sistema de cámaras de vigilancia no se encuentra en funcionamiento.
Esta falla estructural limita significativamente la capacidad de monitoreo continuo en tiempo real, reduciendo la efectividad de las estrategias de seguridad que dependen de información visual para la toma de decisiones operativas.
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Asimismo, el debate abordó el estado de proyectos emblemáticos que permanecen estancados. Concejales como Juan Felipe Murgueitio cuestionaron los avances de la prometida Megaestación del Sur, una infraestructura clave para fortalecer la presencia institucional en una zona de alta complejidad.
El retraso en su consolidación no sólo representa un retraso en la inversión pública, sino que también prolonga la vulnerabilidad de las comunidades que esperan una respuesta integral del Estado.
Por otro lado, se criticó la subutilización de recursos en un contexto de presupuestos históricos.
El concejal Flower Enrique Rojas señaló que, a pesar de contar con la mayor asignación económica de la historia para seguridad, los agentes de la Policía son frecuentemente desviados a funciones de control de tráfico, en lugar de concentrarse en la ejecución de planes estratégicos como los ‘planes de esclusas’ destinados a contrarrestar robos y fletes.
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Esta situación muestra una brecha entre la disponibilidad de recursos y su impacto efectivo en la reducción del crimen.
De esta manera, el debate destacó la necesidad de articular una gestión más eficiente de la tecnología, la infraestructura y el talento humano, garantizando que las inversiones en seguridad se traduzcan en resultados tangibles para la protección de la ciudadanía y la recuperación de la confianza en los espacios públicos.
Plan de seguridad para el servicio de transporte MIO en Cali. Foto:policia metropolitana de cali
La efectividad de programas sociales como ‘En la Buena’ fue duramente criticada por el concejal Rodrigo Salazar Sarmiento, quien reveló que 9 de cada 10 jóvenes desertan del programa.
Por su parte, la concejala Tania Fernández instó al secretario Javier Garcés a coordinar con las carteras de Educación y Desarrollo Económico para ofrecer alternativas reales al microtráfico, además de exigir claridad sobre el estatus del helicóptero ‘Halcón’.
El pleno coincidió en que la falta de liderazgo y la ausencia del alcalde en dirigir la estrategia de seguridad han atomizado los esfuerzos institucionales. La concejala Alexandra Hernández instó a la creación de un comando unificado que permita análisis en tiempo real y acciones anticipadas.
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Ante el fenómeno del ‘guireo’ y el ‘chacaleo’ (enfrentamientos entre bandas juveniles), los concejales Marlon Cubillos y Carlos Andrés Arias insistieron en que el toque de queda para menores en zonas vulnerables es una respuesta necesaria a la instrumentalización de la juventud por parte de bandas criminales.
El debate continuará este jueves 9 de abril, donde el secretario de Seguridad, Javier Garcés Mosquera, deberá responder cuestionamientos sobre la ejecución presupuestaria y la efectividad de las políticas públicas actuales ante el aumento de la tendencia de muertes en la ciudad.
Detalles de la movilización en el país vecino. Foto:
