La Corte Suprema de España ha anulado la condena impuesta a un grupo de activistas que desobedecieron una orden de desalojo en un edificio ocupado en Madrid. El tribunal consideró que no se había demostrado que el acusado actuara con ganancias o violencia, elementos esenciales para tipificar el delito de desobediencia. La decisión ha sido celebrada por las organizaciones sociales que defienden el derecho a protestar y una vivienda decente.

Este fallo ocurre en un contexto de creciente tensión entre las autoridades y los movimientos sociales que exigen políticas públicas más inclusivas en la vivienda. Los expertos en derecho constitucional indican que la sentencia refuerza la protección de los derechos fundamentales contra las acciones represivas del estado.

Sin embargo, la decisión también ha generado críticas a los sectores conservadores que consideran que la autoridad del estado debilita y fomenta la impunidad. El debate sobre el equilibrio entre el orden público y los derechos civiles continúa siendo un tema central en la agenda política española.

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