Las pérdidas por robo de agua superan los $21 mil millones, alerta Triple A
– Tinta clara
marzo 30, 2026
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“El agua que se pierde por conexiones ilegales es agua que deja de llegar a quienes sí cumplen”, advirtió. el gerente de Triple A, Ramón Hemer Redondo, al
“El agua que se pierde por conexiones ilegales es agua que deja de llegar a quienes sí cumplen”, advirtió. el gerente de Triple A, Ramón Hemer Redondo, al revelar la magnitud del fraude hídrico en el Atlántico.
Este es un panorama crítico que enfrenta el departamento del Atlántico por la proliferación de conexiones ilegales al sistema de acueductos, delito que ya deja fuera de combate a más de 34 mil irregularidades detectadas entre 2024 y lo que va de 2026, según informó la empresa.
Las cifras muestran un esquema sistemático de fraude de fluidos que Ha generado pérdidas por más de 21 mil millones de pesos.
Sólo entre enero de 2024 y diciembre de 2025, la empresa logró identificar 32.018 casos irregulares y recuperar cerca de 4 millones de metros cúbicos de agua. En lo que va de 2026 ya se han sumado 2.110 nuevas anomalíascon un volumen cercano a los 446 mil metros cúbicos, equivalentes a más de 2 mil millones de pesos.
Red de fraude en hogares, comercios y zonas rurales
Las investigaciones han identificado varios tipos de fraude, que van desde contadores manipulados hasta conexiones clandestinas conectadas directamente a la red pública. Los casos documentados involucran tanto a viviendas como a establecimientos comerciales e incluso a propiedades rurales y agroindustriales.
En esta finca del municipio de Candelaria fue encontrado un ducto ilegal. Foto:Cortesía de Aqsur
En Soledad, en el área metropolitana de Barranquilla, uno de los hallazgos más relevantes se registró en un predio que Funcionó simultáneamente como lavadero, cancha sintética, barbería y zona de escenario. donde un contador alterado abastecía ilegalmente toda la infraestructura. La pérdida estimada superó los 4 mil metros cúbicos de agua.
En otro punto del mismo municipio, las autoridades detectaron un conexión clandestina que alimentaba varios negocios, entre ellos un restaurante, un billar y una estación de servicio. Este caso representó uno de los mayores efectos económicos en una zona urbana, con pérdidas superiores a los 36 millones de pesos.
Barranquilla tampoco escapa al problema. En barrios como La Sierra, San Felipe y Colombia, establecimientos comerciales y hasta una clínica donde se encontraron conexiones ilegales ocultas, algunos instalados bajo tierra para evadir los controles.
En las zonas rurales, el panorama es igualmente preocupante. En Ponedera, una finca conocida como Asturias registró una pérdida de cerca de 9.000 metros cúbicos de agua, una de las cifras más altas detectadas en lo que va de año. En el mismo sector, una piscifactoría reincidente acumuló procesos previos por estafa, lo que demuestra la persistencia del delito.
Acción judicial y consecuencias penales
Ante estos hallazgos, Triple A ha intensificado sus acciones no sólo en el plano técnico, sino también en el judicial. Cada caso detectado es objeto de una denuncia penal ante la Fiscalía Generalen coordinación con la Policía Nacional.
Aviso emitido por la empresa Triple A para advertir sobre lo delicado de la situación. Foto:Triple A
El delito de estafa fluida está tipificado en el Código Penal colombiano y contempla penas de prisión que van de 16 a 72 meses, además de sanciones económicas. La empresa también está autorizada a recuperar el valor de los consumos no facturados, con base en lo dispuesto en la Ley 142 de 1994.
Las operaciones incluyen tecnología de detección avanzada que permite identificar conexiones irregulares sin suspender el servicio, así como procesos de normalización, cálculo de pérdidas y seguimiento de inmuebles reincidentes.
Triple A advirtió que este fenómeno no solo afecta la sostenibilidad del sistema, sino que impacta directamente a los usuarios que pagan por el servicio, al generar sobrecostos y afectar la continuidad del suministro.
Ante este escenario, La empresa llamó a los ciudadanos a denunciar conexiones sospechosas y contribuir a la protección de los recursos hídricos, considerado un bien público esencial.