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En Colombia, la reciente decisión del Fondo Monetario Internacional (FMI) de suspender el acceso de Colombia a su línea de crédito flexible (LCF) ha generado una ola de
En Colombia, la reciente decisión del Fondo Monetario Internacional (FMI) de suspender el acceso de Colombia a su línea de crédito flexible (LCF) ha generado una ola de inquietudes. Sin embargo, el gobierno nacional ha diseñado un plan B para asegurar que no se vea privado de estos recursos en caso de emergencia.
Este asunto ha causado preocupación, ya que el FMI aún no ha completado las consultas del Artículo IV, un proceso que ha demorado más de lo usual este año. Según reportes de prensa, este retraso se atribuye a cambios en la cartera del Ministro de Hacienda.
El año 2025 comenzó de manera atípica: primero hubo un cruce de funciones entre Ricardo Bonilla y Diego Guevara, y, a las pocas semanas, se realizó otro cambio entre Diego Guevara y Germán Ávila (el actual Ministro de Hacienda).
En febrero, cuando se realizó la visita habitual del equipo del FMI para la consulta del Artículo IV, el exministro Guevara acababa de asumir su cargo, habiendo estado casi dos meses como el principal responsable.
Para culminar las consultas necesarias y tomar decisiones sobre el futuro de la LCF en Colombia, el FMI espera la publicación del marco fiscal medio, que deberá hacerse a más tardar el 14 de junio.
Una vez que se hagan públicas las conclusiones de este asesoramiento, se emitirá una visión general del período de la línea de crédito, que se cumple el 26 de abril.
Foto:Istock.
«Si después de junio el gobierno el FMI decide suspender la línea de crédito flexible de Colombia, será porque no pudimos demostrar disciplina fiscal», afirma Juan Alberto London, exministro de finanzas.
Colombia ha tenido acceso a estos recursos desde 2009. Durante este tiempo, se han utilizado para situaciones de emergencia y solo se hizo uso de ellos durante la pandemia de Covid-19. El 26 de abril de 2024, el FMI aprobó un préstamo por aproximadamente $8.100 millones.
El Ministro de Finanza, Germán Ávila, ha asegurado que el gobierno nacional no está interesado en hacer uso de estos recursos. Esto se debe a sus gastos y al hecho de que se trata de una línea de muy corto plazo.
Además, el gobierno planea abonar un saldo de préstamos que se utilizaron durante la pandemia antes de diciembre. Este pago asciende a $5.4 mil millones, de los cuales $1.800 millones quedan pendientes.
Ante la no utilización prevista de los recursos, el gerente general del Banco de la República, Leonardo Villars, afirma que «es poco relevante» que el FMI haya suspendido el acceso a la LCF.
Lo que realmente importa es si el FMI ratificará que Colombia mantiene un sólido marco de políticas macroeconómicas, lo que permitiría al país obtener recursos en los mercados financieros internacionales en mejores condiciones.
Foto:Efusión
Si Colombia no pierde el acceso al préstamo mencionado, existe un plan B que garantizaría más de $8.000 millones para emergencias.
Según informes, el FMI podría ofrecer a Colombia la línea de precaución y liquidez (LPL), diseñada para atender las necesidades de liquidez de los estados miembros que tienen economías sólidas, pero que presentan ciertas vulnerabilidades que les impiden acceder a préstamos flexibles.
«Estas líneas del FMI son buenas también, pero no ofrecen la misma flexibilidad; se asemejan a una tarjeta de crédito platino. No es que sean malas, pero su reputación es más baja», dice Andrés Pardo, exministro de Finanzas y director ejecutivo de la Estrategia Macroeconómica para la Inversión de América Latina XP.
Varios países, como Jamaica, Panamá, Macedonia del Norte y Marruecos, han utilizado esta línea en el pasado y renovado sus acuerdos en varias ocasiones.
Para acceder a la LPL, además de realizar una evaluación satisfactoria en las consultas del IV, Colombia debería cumplir con nueve criterios que el FMI utiliza para determinar si es apta para solicitar este soporte.
Ministro de Finanzas, Germán Ávila. Foto:República de la República
Estos criterios incluyen, entre otros, una posición externa sostenible; una cuenta de capital con flujos privados robustos y un historial estable de acceso a los mercados internacionales de capital en términos favorables.
También se solicita finanzas públicas sólidas, incluida una situación de deuda pública sostenible; así como una inflación baja y estable, en el contexto de un marco monetario y cambiario robusto.
Complementariamente, es clave contar con un sistema financiero sólido y ausencia de problemas de solvencia que puedan poner en riesgo la estabilidad del sistema. Además de vigilancia e integridad en el sector financiero, se requiere también transparencia en los datos.
Los ocho criterios considerados son los mismos para LCF; la diferencia radica en el nivel de reservas requerido si se solicita el acuerdo de precauciones.
La LCF demanda un nivel de reservas «relativamente suelto», mientras que la LPL exige un nivel de reservas «relativamente cómodo».
Foto:Olivier douliery
Según el gerente de la República del Banco, en este momento el nivel de reservas de Colombia «es adecuado con cualquier medida de referencia que se desee utilizar; nos encontramos en la parte alta de la gama de reservas internacionales recomendadas por el FMI para el tamaño de nuestra economía».
Otra diferencia importante radica en que el uso de los recursos de la LPL requiere el cumplimiento de las condiciones estipuladas por el FMI, algo que no ocurre con una línea flexible.
Además, Andrés Pardo explica que los acuerdos de LPL tienen una duración de uno o dos años, requeridos para ser revisados cada seis meses, mientras que un préstamo flexible tiene una validez de dos años, pero establece una evaluación a medio camino del periodo para determinar la viabilidad de la situación.
No obstante, el exvicepresidente London opina que Colombia puede no acceder a la LPL, debido a que uno de los requisitos indispensables es presentar un plan fiscal creíble, algo que «el gobierno no ha mostrado preparar hasta ahora para mejorar las finanzas públicas».
Al mismo tiempo, se señala que esta línea es para aquellos que no tienen acceso a los mercados internacionales, algo que, afortunadamente para Colombia, todavía no es su realidad.
«Cuando se comienza a acumular deuda, pero a costos significativamente más altos, existe la preocupación de que no lleguemos al punto en que los mercados se cierren. Eso sería devastador para el gobierno si tuviera que considerar tal posibilidad», agrega.
Foto:Izock
Tras la decisión del FMI de suspender el acceso a la LCF, el principal desafío que enfrenta el gobierno es recuperar la credibilidad de los inversores en su gestión fiscal.
Andrés Langebaek, director de estudios económicos del Grupo Bolívar, sugiere que una buena señal sería comprometerse a cumplir rigurosamente la regla fiscal, además de realizar reducciones tempranas en costos y mejorar la recaudación fiscal.
«El problema es que muy pocos confían en que el déficit fiscal del gobierno, previsto en 5.1 por ciento para 2025, sea correcto. Creemos que será incluso mayor», insiste.
Por su lado, Andrés Pardo advierte que es imperativo «hacer que los ajustes fiscales del mercado empiecen a generar confianza en que realmente se están haciendo los esfuerzos necesarios para evitar que la deuda como porcentaje del PIB siga creciendo.»
Para lograr una mejora en la recolección de impuestos, los planes del Ministerio de Finanzas incluyen una nueva reforma fiscal «muy pronto», la cual deberá ser presentada al Congreso de la República. Sin embargo, si esta propuesta busca generar ingresos desde 2026, «seguiremos en problemas. Lo ideal sería incrementar la recaudación este año», señala Langebaek.
A esta reforma fiscal también se le presenta el reto de contar con el escaso apoyo político actual que enfrenta para su aprobación, además de las tensiones que existen entre el ejecutivo y el Congreso.
