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La presunta red de corrupción realizada en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí tuvo un importante avance este miércoles
La presunta red de corrupción realizada en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí tuvo un importante avance este miércoles 15 de octubre con la medida de prisión intramuros para dos de las tres personas involucradas en el presunto desvío de más de $2,400 millones.
se trata de Misael Cadavid y Luz Yaneth Rúa, quienes fueron enviados a prisión mientras avanza el proceso por los delitos de seis peculados por apropiación e interés indebido en la ejecución de los contratos.
Este caso se adelanta por hechos ocurridos entre 2020 y 2022 y tiene que ver con irregularidades en la firma de seis contratos por casi 18.000 millones de pesos entre ambas entidades.
Capturan la audiencia contra Misael Cadavid y los demás. Foto:EL TIEMPO
Cadavid, Representante Legal de Bomberos de Itagüíseñalan que él es el principal beneficiario del desvío de dichos recursos, mientras que Rúa, quien debía supervisar dichos contratos, también tendría su parte de responsabilidad. en estos actos de presunta corrupción.
Por otro lado, Elkin de Jesús González, también funcionario de Bomberos de Itagüí, quien fue imputado por malversación por apropiación, podrá defenderse en libertad en este caso.
Durante sus intervenciones, los argumentos de los abogados defensores para señalar que no existe material probatorio suficiente para considerar una medida privativa de libertad para los imputados fue decir que audios habían sido sacados de contexto y que era normal en la contratación buscar réditos económicos.
Ante esto, el juez se pronunció con vehemencia indicando que ninguno de los defensores aportó elementos para decir que lo presentado por la Fiscalía era mentira.
“Entonces, ¿qué pasó con la empresa de esos kits que nunca se hicieron? ¿Dónde está? ¿Qué ganancias tuvo allí el cuerpo de bomberos de Itagüí si no los entregaban? ¿Por qué cobraron por servicios de transporte que no se realizaron? Ahí ya no hablamos de lucro alguno y tampoco de una supuesta apropiación de dinero por servicios y elementos que nunca fueron entregados.«, lo regañó el juez.
La Jueza Penal Municipal 07 de Control de Garantías de Medellín argumentó su decisión en que, a pesar del pedido de la Fiscalía de cubrir a González con medida de aseguramiento intramuros, no había riesgo de que obstruyera el debido ejercicio de la justicia, ya que había presentado su renuncia a Bomberos de Itagüí, la cual no es mencionada en las conversaciones interceptadas ya que solo aparece vinculado en uno de los seis contratos cuestionados.
Área Metropolitana del Valle de Aburrá Foto:Área Metropolitana del Valle de Aburrá
Un caso diferente ocurre con Cadavid y Rúa, ya que el juez consideró que estar vinculados en los seis contratos cuestionados y, sumado a una serie de audios comprometedores entre ellos, podría interferir en la investigación
En uno de los audios mencionados, el entonces jefe de bomberos le dice al supervisor del AMVA lo siguiente: “En el acuerdo dice que cada snack cuesta $6.000. Pero ya me compré uno muy bueno por $4.000, entonces me tienes que dar factura por $6.000”.
“Luego después sigue hablando de unos souvenirs, el señor Misael le dice que puede conseguir un souvenir en $45.000 y que se lo dé en $50.000 pesos, ella (Rúa) le dice: ‘Ah, voy a hacer como que no escuché esto’ y un desconocido de allá le dice: ‘Pues no deje que esto se quede en la nube’ (…) con ese audio basta decir que la señora María Yaneth y el Sr. ¿Misael Alberto va a obstruir la justicia? “Este poder judicial así lo cree”, afirmó el juez.
María Yaneth Rúa, Misael Cadavid y Elkin González, imputados por la Fiscalía. Foto:archivo privado
Además, la togada tomó en consideración el interrogatorio al señor Juan Andrés Gómez, en el que dijo que fue citado al Cuerpo de Bomberos de Itagüí, donde le preguntaron si lo habían llamado a la Fiscalía y le presentaron cuentas de cobro que nunca firmó.
Por otro lado, respecto de que existe peligro para la comunidad si se la deja en libertad mientras avanza el proceso, además de la gravedad y modalidad de la conducta punible y la pena impuesta, el juez debe valorar las circunstancias, afirmó que «Claramente, el comportamiento es grave. Supuestamente fue un perjuicio bastante alto para el tesoro, donde aparentemente se utilizó la pandemia para apoderarse de estos recursos».
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En el caso de Rúa, también se tomó en consideración que sigue vinculada al Área Metropolitana, por lo que podría haber una continuación de la actividad delictiva.
Finalmente, el juez rechazó la petición de los defensores de Cadavid y Rúa dy considerar una medida de seguridad en el lugar de residencia debido a los problemas de salud de ambos imputados argumentando que, al revisar el historial médico, ambos pueden recibir medicamentos desde el lugar del internamiento.
Testimonios de presuntas víctimas de torturas en la finca. Foto:
